La portada de ayer de El Nacional, uno de los diarios de mayor circulación de Venezuela, fue inusual. No hubo fotos ni algún otro tipo de recurso gráfico. En los sitios en los que deberían ir impresas imágenes, había cuadros en blanco en donde lo único que se podía leer en unas enormes letras rojas era la palabra “censurado”.
Ésta fue la manera en que este diario y otros medios de comunicación impresos independientes venezolanos informaron y a la vez protestaron la decisión del Tribunal 12 de Primera Instancia en Mediación y Sustanciación de Protección al Niño, Niña y Adolescente, de establecer regulaciones para las publicaciones de los medios de prensa escritos.
Desde la perspectiva de Sofía Montenegro, periodista directora del Centro de Investigaciones de la Comunicación (Cinco), es claro que detrás de esta normativa judicial está la poderosa mano del régimen del presidente Hugo Chávez.
Éste lo que buscaría es apretar a los medios de comunicación independientes para impedir que informen de una realidad que agobia a los venezolanos, principalmente los que habitan en la capital, Caracas: el sangriento incremento en los índices de seguridad ciudadana.
“La nueva normativa que se aprobó en Venezuela está motivada por la voluntad de censurar, no por proteger ningún interés superior de los niños o adolescentes. Si ese fuera el caso, entonces el Gobierno venezolano debería abocarse a enfrentar decididamente el problema de la inseguridad ciudadana: perseguir y castigar a los delincuentes, que matan jóvenes y ciudadanos, y no a los medios y periodistas, que informan al respecto. El asunto no es la publicación de una foto sobre la morgue, sino el hecho y el dato de que eso es lo que está ocurriendo y que es dantesco y que ha desbordado a las instituciones, incluyendo a la policía y a la morgue. Eso es lo que Chávez quiere impedir que se sepa”, indicó Montenegro por medio de un correo electrónico.
El juez venezolano William Páez, del mencionado tribunal, notificó la tarde del pasado martes a los diarios El Nacional, El Universal y El Tal Cual que se les prohibía por tiempo indefinido la publicación de “imágenes con contenidos de sangre, armas y agresiones físicas, que aticen mensajes de guerra y decesos, que puedan alterar el bienestar psicológico de niños, niñas y adolescentes.
En el caso de los otros medios de prensa impresos, dicha medida curiosamente sólo estaría vigente por un mes, según el comunicado del departamento de divulgación del tribunal, pero esto no les ha sido notificado todavía oficialmente.
TODO COMENZÓ CON UNA FOTO
El detonante de este nuevo cruce de espadas entre el régimen de Chávez y la prensa independiente venezolana fue un reportaje publicado por el diario El Nacional, en el cual, para exponer cómo se agrava la espiral de violencia que sacude a Caracas, ilustró la publicación con una fotografía en la que aparecen al menos 10 cadáveres en la morgue de la capital.
Estadísticas de organizaciones civiles independientes venezolanas estiman en que la ciudad caraqueña ocurren un promedio de 15 homicidios a diario.
La polémica imagen, tomada por un fotógrafo de El Nacional en diciembre del 2009, según asegura el diario, muestra cuerpos semidesnudos y desnudos, ensangrentados y amontonados en las mesas y el piso de la morgue de Caracas, la única de la capital.
El titular del rotativo, “Muertos sin dignidad”, y la fotografía provocaron la inmediata furia del presidente Chávez, descalificando el reportaje como un “manejo politiquero y pornográfico”.
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- El gobierno del presidente Daniel Ortega ya ha mostrado en anteriores ocasiones esa nociva actitud de enfrentar los problemas del país negando su existencia.
De acuerdo a la visión de Murillo, si el Gobierno hace eco de las denuncias, reportes e investigaciones publicados por la prensa independiente, a los que tildan de adversarios, entonces dará credibilidad a estos reportes, teniendo como consecuencia una afectación en la imagen gubernamental.
Es por eso que existe cierto temor a que las medidas del régimen de Hugo Chávez puedan ser replicadas en Nicaragua, tomando en cuenta el control que ejerce el presidente Ortega en las instancias judiciales y la pobre capacidad de acción de la oposición política del país.
Desde la perspectiva de Sofía Montenegro, periodista directora del Centro de Investigaciones de la Comunicación (Cinco), una situación similar a la de Venezuela no es algo de temer en estos momentos en Nicaragua.
”Dado el carácter autoritario de este Gobierno, no es improbable que de darse una situación parecida de alta inseguridad ciudadana como vive Venezuela, recurra igualmente a tratar de censurar que se hable sobre el problema, en vez de enfrentar la situación y tomar medidas para resolverlo. Pero por el momento no creo que eso sea una amenaza inmediata”, opinó Montenegro a una consulta hecha por LA PRENSA vía correo electrónico.
Este diario buscó también las opiniones de Leonel Laguna, presidente del Colegio de Periodistas de Nicaragua. Éste respondió una primera llamada diciendo que se le llamase más tarde debido a que estaba en una reunión. No volvió a contestar nuestras llamadas.
También se buscó a Roberto Larios, presidente de la Unión de Periodistas de Nicaragua (UPN), quien es afín al gobierno orteguista, pero este se excusó diciendo que desconocía de la polémica en Venezuela y que se le llamara más tarde para darle un chance para consultar información al respecto. Tampoco volvió a responder nuestras consultas.
La última vez que personeros del Gobierno han evadido crisis o problemáticas reales en el país se dio ante la reciente polémica por el cobro de 300 córdobas que ilegalmente lleva a cabo el Consejo Supremo Electoral (CSE) por la entrega de la nueva cédula de identidad.
El pasado jueves LA PRENSA pudo estar presente cuando el documento de identificación ciudadana les fue entregado gratuitamente a los diputados del Parlacen ligados al orteguismo.
El sandinista Jacinto Suárez, presidente del Parlacen, sostuvo en esa ocasión que no están cobrando el servicio, sino que “es un invento de los medios de comunicación”.
“Yo entiendo que cuando es servicio instantáneo lo están cobrando, es lo que tengo entendido, pero aquí los medios de comunicación dicen otra cosa. Si ustedes tienen otra versión de otra Nicaragua es problema de ustedes, nadie está pagando, señores, ése es el mundo que inventaron ustedes”, dijo, refiriéndose a los medios de comunicación.
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A lo inmediato todas las estructuras de poder legal e institucionales que controlan el chavismo se lanzaron en contra de la publicación y los otros medios de prensa que apoyaron los reportes de El Nacional.
El tribunal ordenó la medida por solicitud de la Defensoría del Pueblo y una organización pro oficialista que denunciaron que la polémica imagen que utilizó El Nacional en su edición del pasado 13 de agosto para ilustrar un reportaje de criminalidad violó una ley de protección a los menores.
CHÁVEZ DICE QUE IRRESPETAN A VENEZUELA
“El país pide respeto”, dijo ayer el presidente Hugo Chávez en alusión a las protestas que realizaron en la víspera algunos grupos oficialistas contra El Nacional, y acusó a los medios locales y canales internacionales de recurrir a “la grosería, el atropello, la manipulación, la pornografía” para afectar la imagen de su gobierno.
Chávez indicó a una televisora estatal, en una transmisión desde el palacio presidencial, que los medios y la “burguesía” recurren al “desespero” porque pretenden “frenar la revolución bolivariana”.
La decisión, que inicialmente se aplicó al diario local El Nacional por difundir en primera plana una fotografía de un grupo de cadáveres aglomerados en la morgue capitalina, se extendió a todos los periódicos, revistas y semanarios del país para “proteger” a los menores y la colectividad en general, indicó Gabriela Ramírez, Defensora del Pueblo.
PRENSA LIBRE SE DEFIENDE
La arremetida del presidente Chávez ha provocado la reacción de la prensa libre venezolana y aquellas organizaciones que aglutinan a los periodistas independientes.
El editor de El Nacional, Miguel Henrique Otero, afirmó que en atención a la medida tuvo que suprimir todas las informaciones y fotografías relacionadas con delincuencia, y dijo a la prensa que la prohibición “no es otra cosa que una violación a la Constitución y la libertad de expresión”.
Varios periodistas protestaron ayer en la sala de redacción del diario El Nacional tras la prohibición del Gobierno venezolano.
David Natera, presidente del Bloque de Prensa, organización que agrupa a los dueños de los principales diarios del país, afirmó que la decisión del tribunal responde a “actos políticos“, y responsabilizó directamente a Chávez de promover la medida para tratar de “ocultar” la creciente criminalidad que azota al país de cara a las elecciones legislativas del 26 de septiembre.
“La decisión del tribunal responde absolutamente a la voluntad del jefe de Estado”, señaló Natera, director del diario regional Correo del Caroní, al asegurar que “las instancias de la justicia están absolutamente controladas por Chávez.”.
La delincuencia es considerada como el principal problema que agobia a los venezolanos, según señalan las principales encuestas.
Natera, quien también se desempeña como vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), dijo a la agencia de prensa AP que el Bloque de Prensa se reunirá hoy de emergencia para analizar los alcances de la prohibición y evaluar la posibilidad de acudir a instancias internacionales para denunciar el hecho.
Los gremios locales de periodistas y la organización internacional Reporteros Sin Fronteras condenaron la decisión considerándola como una “escalada de represión judicial contra las libertades de expresión”.
Reporteros Sin Fronteras advirtió en un comunicado que la “prohibición prematura” puede representar “un riesgo de censura y autocensura” en Venezuela.
DEFENSORA DEL PUEBLO QUE DEFIENDE A CHÁVEZ
Gabriela Ramírez, la Defensora del Pueblo, ex diputada del chavismo, desestimó los cuestionamientos contra la medida, y dijo este miércoles a una televisora estatal que lo que se busca es evitar la “vulneración de una cantidad de preceptos éticos”.
La Defensora del Pueblo rechazó que se utilice el tema de la inseguridad con fines electorales, y sostuvo que eso representa una “burla a inteligencia del pueblo”.
Chávez ha mantenido en sus once años y medio de mandato tirantes relaciones con los principales medios del país, a los que ha acusado de difundir “mentiras” para afectar la imagen de su gobierno.
El índice de criminalidad en Venezuela se ha tornado cada vez más alarmante.
De acuerdo con cifras oficiales, en los primeros once meses del 2009 ocurrieron 12,257 homicidios, poniendo a Venezuela entre los países más violentos de América Latina.
HASTA MEDIOS AFINES ESTÁN INCONFORMES
Eleazar Díaz Rangel, editor del diario Últimas Noticias, de Caracas, el cual incluso es considerado próximo al Gobierno, tildó de “absurda y sin sentido” la “medida preventiva innominada” dictada por la corte de protección de niños y adolescentes contra los diarios El Nacional y Tal Cual, que también publicó, el lunes, la misma imagen en su portada.
La medida judicial señala además que “todos los medios impresos” deben “abstenerse de realizar publicaciones de imágenes” de hechos “violentos (…) que de alguna u otra forma vulneren la integridad psíquica y moral” de los menores mientras el tribunal decide sobre la causa, es decir, durante un mes, resaltó Díaz Rangel.
“Aunque sea por un mes se está estableciendo un mecanismo de autocensura (…). Por primera vez desde 1999 el Estado venezolano da motivos a que se le señale como restrictivo de la libertad de informar”, expresó Díaz Rangel en un editorial este miércoles.
A su juicio, la medida judicial es “innecesaria“, ya que “no tiene aplicación en la mayoría de los medios” locales, que “por normativa ética” no publican ese tipo de imágenes.
Díaz Rangel señala como “una prueba de la falta de sentido de esa sentencia” que el tribunal “limita la medida a un mes”, por lo que se pregunta “cómo interpretar” la cuestión y “por qué a partir del 17 de septiembre se pueden publicar gráficas de contenido violento”.
Pero en el caso de los periódicos El Nacional, El Universal y el Tal Cual, curiosamente los más críticos con el régimen de Chávez, el tiempo de vigencia de las prohibiciones es indefinido.
PETKOFF: “FUE DESOBEDIENCIA CIVIL”
El editor de Tal Cual, el opositor Teodoro Petkoff, afirmó ayer que la publicación en ese diario de “la terrible imagen de la morgue” fue un acto “claramente político” y de “desobediencia civil” ante la conducta, a su juicio, irresponsable del Gobierno frente a la violencia que azota al país suramericano.
Petkoff, ex ministro de Planificación y ex guerrillero, argumentó que en el diario que dirige “no existe la llamada ‘página roja’” y que “nunca” ha practicado “el periodismo asociado con los hechos de sangre”.
En su opinión, “era previsible” que el “poder” actuara en contra de los medios y tratara “de matar al mensajero” en vez de “prestarle atención al mensaje”, porque, argumentó, el “objetivo” último del Ejecutivo sería limitar “la libertad de expresión”.
“Desbordados por la delincuencia, sin planes prácticos y eficientes para hacerle frente, el Gobierno da palos de ciego y extrema el idiotismo de sus planteamientos públicos sobre el tema”, añadió Petkoff.
Asimismo, el Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela (CNE) expresó en un comunicado que la medida judicial que prohíbe al menos durante un mes publicar foto de violencia “puede generar autocensura” en los medios afectados.
El Colegio criticó que en este caso “se utilice una causa noble, como es la protección de los menores de edad, como una excusa para silenciar a los medios” locales.
Y ADEMÁS, AMENAZADOS POR LA FISCALÍA
Además de la resolución judicial que ordenaba las prohibiciones, el mismo juez que dictaminó éstas envió a El Nacional otro oficio en el que le informaba que había dado trámite a la denuncia que el Ministerio Público interpuso por la publicación de la misma foto donde se veían varios cadáveres apilados dentro de la Medicatura Forense y le ordenaba que no solo no divulgara más fotografías de este tipo, sino tampoco informaciones y publicidades con “contenido de sangre, armas, mensajes de terror, agresiones físicas, imágenes que aticen contenidos de guerra y mensajes sobre muertes y decesos que puedan alterar el bienestar psicológico de los niños”. Aun cuando la razón que motivó al Ministerio Público y a la Defensoría a acudir a los tribunales es la misma: la difusión de la polémica foto.
SIP CONDENA CENSURA CHAVISTA
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó la censura judicial impuesta al diario El Nacional de Caracas y al resto de los periódicos venezolanos que no podrán publicar fotografías ni informaciones sobre violencia durante los próximos treinta días, medida a la que calificó de “torpe política de Estado a favor de la censura previa”.
El presidente de la SIP, Alejandro Aguirre, dijo que se trata de “un elemento más de censura dentro de un esquema gubernamental para silenciar a los medios, especialmente en épocas en que se quieren evadir las imágenes de la realidad dentro de estrategias electorales”.
Aguirre, subdirector del diario Las Américas, con sede en Miami, reprochó que más allá del acto de censura directa y multa contra El Nacional, prohibir a todas las publicaciones impresas del país reproducir informaciones y fotografías que muestren violencia “no es otra cosa más que una clara y torpe política de Estado a favor de la censura previa”.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Robert Rivard, director editorial del San Antonio Express-News, de Texas, agregó que “estamos frente a un duro golpe a la libertad de prensa y viviendo un clima de incertidumbre total, por cuanto el periodismo podrá sufrir consecuencias graves.
Temor a que medidas se repliquen en Nicaragua
Ver en la versión impresa las páginas: 3 A ,1 A
