Geiner E. Bonilla, Elizabeth Romero y Lucía Navas
La propuesta de reforma a la Ley de Seguridad Social a la que hizo mención Roberto López, presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), resulta inviable para el país, pues los más perjudicados serían los trabajadores que tengan que postergar durante cinco años su jubilación, según explican dirigentes sectoriales.
Según López, el INSS cuenta con solidez económica para asumir las pensiones hasta el año 2019 y a partir de entonces se harían necesarias algunas reformas que permitan aumentar los aportes de los cotizantes para mantener la institución a flote y que el pago de las pensiones no las asuma el Estado vía presupuesto. Estas reformas estipulan entre otros aspectos que la edad para jubilarse debe ser a los 65 años, que se debe duplicar la cantidad de semanas que se cotiza y que se debe subir a 15 por ciento la tasa de cotización de cada trabajador.
Tanto representantes sindicales como especialistas fiscales se mostraron en contra de la propuesta del presidente ejecutivo del INSS.
Sindicalistas y especialistas concluyen que en lugar de cargar a los asegurados la sobrevivencia del INSS, se debe hacer una revisión en el manejo que esta institución le está dando a los fondos de los trabajadores.
Además, indican que el INSS debe reducir los gastos administrativos, buscar mejores inversiones para obtener mayor rentabilidad y dejar de asumir el pago de pensiones que no les corresponde.
- Róger Arteaga, presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), y José Adán Aguerri, del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), consideran “inviable en este momento” la propuesta dirigida a fortalecer el INSS, por cuanto la carga se deja sobre los trabajadores.
Arteaga reconoce que “es preocupante” lograr garantizar la sostenibilidad del INSS, pero recordó que los últimos cuatro gobiernos que han pasado han hecho estudios actuariales a la entidad, pero no se ha resuelto el problema.
“Lo que veo es que hay que ser cuerdos y afinar el lápiz muy bien para presentar una propuesta creíble al FMI, que balancea los ingresos versus egresos, no irse contra los intereses de los trabajadores en aumentar la edad y la tasa para la jubilación”, valoró Arteaga.
Por su parte, José Adán Aguerri dijo que toman lo dicho por López como “especulaciones”, por cuanto esperan conocer las verdaderas propuestas oficialmente. No obstante, Aguerri dijo que están de acuerdo con la necesidad de aplicar reformas que garanticen la sostenibilidad del INSS a largo plazo.
“La medicina puede ser amarga, pero el desafío es salvar al enfermo”, consideró Aguerri.
Pero Arteaga y Aguerri coinciden en que aún cuando el FMI insista en reformas a la seguridad social, “no es el momento” de implementarlas al correrse el riesgo de politizarse.
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Según el economista René Vallecillo, al INSS le han cargado responsabilidades que son competencia exclusiva del Estado, tal como las pensiones de gracia que se otorgan a héroes de la Patria o víctimas de guerra. El economista considera que sí deben haber cambios, pero que sean a lo interno de la institución, pues de seguir por los rieles en los que marcha actualmente podría llevarla a una “quiebra técnica”.
“La alternativa es hacer una institución eficiente y sacar todo lo que no le corresponda al INSS. Si se le quitan las pensiones a todas las personas que no han sido cotizantes, evidentemente esta institución estaría en una mejor situación financiera”, señaló Vallecillo.
¿POR QUÉ NO ES VIABLE?
Por su parte, el economista Alejandro Arauz manifestó que la preocupación por la sostenibilidad de los sistemas de Seguro Social es muy común en los países de América Latina. Según él, Chile ha sido el único país que ha logrado resolver este problema de manera integral; esto debido al crecimiento de la economía chilena, al mejoramiento de los salarios y el nivel de vida de su población.
El problema es que Nicaragua tiene tasas muy reducidas de crecimiento económico, niveles salariales muy bajos y por otro lado, el sector productivo trabaja con altos costos de producción.
En Nicaragua, de acuerdo con el último ajuste del 6 por ciento al salario mínimo aprobado recientemente, los trabajadores que ganan menos son los del sector agrícola con 1,767.57 córdobas (81 dólares) al mes, es decir, por día la paga es de 59 córdobas (2.71 dólares). Percibiendo el mayor ingreso los obreros de la construcción, cuyo salario mínimo mensual es de 4,030.96 córdobas (185.75 dólares) y por día devengan 134.36 córdobas (6.19 dólares).
“Entonces hay un grave problema, porque si ampliás la edad de jubilación, estás obligando a la gente a ampliar su vida de trabajo. El problema es que la gente hace presiones para una jubilación más temprana porque no hay empleos; hay que ser claros, cuando la gente llega a los 50 años no encuentra empleo”, expresó Arauz. Pero la propuesta tampoco resultaría viable porque significaría un certero golpe a la economía de los trabajadores, tal como lo plantea Vallecillo.
Según Vallecillo, si se aumentan las cotizaciones que debe asumir el empleador, éste lo cargará al precio de sus productos y aumentaría el valor de los bienes y servicios que adquiere la población; aumentaría el precio de la canasta básica y la capacidad de compra sería menor. “El otro aspecto está en la capacidad de compra de los trabajadores, ya que al aumentar la cotización, reciben menos salario neto y entonces adquieren menos productos de la canasta básica”, puntualizó Vallecillo.
SINDICATOS DICEN NO
Roberto González, presidente de la Central Sandinista de Trabajadores (CST), indicó que deben ser los nicaragüenses los que decidan si estas reformas deben darse, sin embargo, aseguró que el proyecto aún no ha sido presentado a los trabajadores.
Sin embargo, señaló que en lugar de aumentar las cotizaciones, el Estado debe saldar la deuda interna de 400 millones de dólares que tiene con el INSS, para que éste tenga solidez financiera.
Pero no es un secreto el hecho de que el INSS funcione como caja chica del gobierno de turno y que los fondos de los trabajadores sean usados para financiar proyectos gubernamentales.
Según Álvaro Leiva Sánchez, secretario de Asuntos Laborales de la Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público, las reservas del INSS están en peligro debido al “despilfarro” con los fondos de los asegurados, como fue el caso del financiamiento de construcción de viviendas en el llamado proyecto Casas para el Pueblo.
El año pasado el INSS también destinó 20 millones de dólares para enfrentar la crisis de la gripe H1N1 y otros 20 millones para mantener la estabilidad macroeconómica y el acuerdo con el FMI. “Sería una aberración y una injusticia social para los trabajadores que se extienda su período de jubilación por vejez”, aseguró Leiva.
En cuanto a la propuesta de reforma a la que se refirió López, a Julio Francisco Báez —experto en Derecho Fiscal— le llama la atención que un comentario de semejante envergadura haya sido expuesto “de manera tangencial y no menos superficial” por el presidente del INSS. “Por ello, es recomendable no tomarlas en serio, ya que son ideas sueltas que si tuvieran algún asidero escrito debe la población conocerlas como Dios manda, con la debida seriedad y formalidad del caso”.
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