El Instituto Nacional de Promoción de la Competencia (Procompetencia) dio trámite a la denuncia de la Red Nacional de Defensa de los Consumidores (RNDC), en contra de los siete bancos del país por supuestas prácticas anticompetitivas.
Luis Humberto Guzmán, presidente de Procompetencia, informó ayer su “resolución interlocutoria administrativa” en la que dicta “no ha lugar a las excepciones de ilegitimidad”, interpuestas por los representantes de seis bancos, y afirma “tener capacidad y competencia” para conocer la denuncia.
[/doap_box]
La Red de los Consumidores denunció a los bancos nacionales por utilizar “prácticas colusorias, comportamiento irresponsable y abusivo” en detrimento de los consumidores.
El argumento es que se ponen de acuerdo para fijar las tasas de interés que cobran por el uso de las tarjetas de crédito.
La demanda incluye a la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp).
Guzmán basó la decisión primero en los bancos, que contestaron la demanda, por lo que “de acuerdo al procedimiento civil se ahogan las excepciones”.
“Es decir que los bancos reconocen, al contestar la demanda, las facultades de Procompetencia en el asunto”, aseguró.
También porque el Banco de Finanzas (BDF) reconoció desde el inicio las facultades de Procompetencia “y solicitó ir a fondo en el tema”.
Además se basa en el artículo 2 de la Ley 601, Ley Creadora de Procompetencia, que establece que “regula a todos los agentes económicos”.
“Y su reglamento de manera explícita habla de capacidad para conocer los casos del sistema financiero, así que existe suficiente fundamento”, afirmó Guzmán.
RECHAZA ALEGATO DE URCUYO
Guzmán aseguró que no invade funciones del Superintendente de Bancos, Víctor Urcuyo, “porque no se trata de fijar la tasa de interés”, sino de comprobar si hay delito contra el libre mercado de parte de los bancos.
“La única institución que tiene una ley que define qué son prácticas anticompetitivas y establece un procedimiento para seguirlo es Procompetencia. Afirmamos que sí tenemos autoridad”, sostuvo.
Los bancos y Asobanp fueron notificados de la resolución y tienen 48 horas para apelar. De ser rechazada, Procompetencia tendría 90 días para realizar la investigación y pronunciarse.
Ver en la versión impresa las páginas: 4 B