El presidente del Consejo Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), considera que el Gobierno debe expresar sin mayores retrasos una posición donde rechace la propuesta de comprar la deuda de los productores deudores con las microfinancieras.
Gilberto Alcócer, presidente de Conimipyme, dijo a LA PRENSA que es importante que los funcionarios de Gobierno hagan saber su posición por cuanto afirma que no es recomendable seguir extendiendo la inestabilidad al sector de las microfinanzas.
El movimiento de productores, comerciantes y asalariados del Norte, conocidos como los No Pago, hicieron la propuesta al presidente Daniel Ortega, que se les compre la deuda de casi 25 millones de dólares que tienen con las microfinancieras.
Incluso, en una marcha que realizaron hace un par de semanas, los líderes del movimiento le ofrecieron a cambio a Ortega respaldarlo en su reelección para el 2011.
Alcócer considera que sería una equivocación de parte del Gobierno si llega a comprar esa cartera, porque mandaría un mensaje de “que aquí el que no paga se le condona la deuda”.
- Omar Vílchez, uno de los líderes del Movimiento de los No Pago, dijo que la propuesta de Conimiyme es viable para los deudores.
Por ser una ley especial, tenía una vigencia de 120 días, los cuales se vencieron el pasado 13 de agosto. Otorgó condiciones a favor de los deudores en mora al 30 de junio del 2009, para renegociar la tasa de interés del 16 por ciento.
Suspendió los juicios y embargos de propiedades. Inicialmente los No Pago dijeron que los deudores eran 8 mil, ahora hablan de unos 13,758.
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“Al destinar fondos para comprar esa cartera vas a quitar de algún lugar del Presupuesto de la República, y seguramente podría ser Salud, Educación y otros proyectos sociales que al final va en detrimento de la economía del país”, señala.
No obstante, Alcócer considera o que sería viable en busca de una salida al conflicto que existe desde hace dos años, que las microfinancieras y los No Pago alcanzaran un nuevo acuerdo.
Señala que debería plantearse la posibilidad de extender la vigencia de la Ley de Moratoria, en unos seis meses. Durante ese tiempo debería alcanzarse un arreglo entre deudores y acreedores, pero que esta vez sea respetado.
“Deben juntarse las microfinanzas y los clientes y encontrar un punto que les permita negociar. (..)Creo que deberían darse el último espacio, de unos seis meses bajo el concepto de la ley”, planteó.
Sostiene que los más perjudicados en este conflicto son las Pymes, quienes ven reducido el acceso de los créditos de parte de las microfinancieras.
Asomif: “No nos prestamos más a ese juego”
Alfredo Alaniz, director ejecutivo de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas (Asomif), rechaza la propuesta de extender la Ley de Moratoria.
Alaniz afirma que los clientes que conforman el movimiento han demostrado desde un inicio no tener interés en respetar los acuerdos ni honrar sus deudas.
“Rechazamos categóricamente cualquier renovación de la ley”, afirmó Alaniz.
El rechazo se basa en que las microfinancieras y los líderes de los No Pago han suscrito dos acuerdos anteriores, uno en 2008 y en 2009, donde el último el Gobierno fue testigo y garante, pero ambos se incumplieron de parte de los deudores.
Igual dijo que no se respetó la Ley de Moratoria, que les aprobó la Asamblea Nacional, porque mientras estuvo vigente apenas 325 deudores de las 8 mil que inicialmente el movimiento afirmó tener, buscó arreglar su situación.
“No hay voluntad de pago, y no vamos a seguirnos prestándonos al juego de que se busque prorrogar cosa alguna”, dijo. No obstante, cada entidad sigue dispuesta a negociar con cada deudor de manera individual.
“Muestra es que no hemos iniciado todavía ninguna acción legal, pero las cosas tienen límites. A pesar que ya hemos perdido 45 millones de dólares en crédito, todo por un grupito de gente que no quiere pagar”, dijo.
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