La denuncia presentada por el representante de una marca norteamericana de un anestésico que se distribuye en el país permitió a las autoridades de la Fiscalía y de la Policía descubrir la existencia de una red distribuidora de productos farmacéuticos adulterados.
Hasta ahora, la Policía y la Fiscalía han logrado determinar, con los allanamientos efectuados, que estas personas habían creado dos empresas de papel, cuyas facturas demuestran que le venden al crédito a hospitales públicos y privados que prestan servicio como previsionales. Para su distribución en el mercado local, utilizan el mismo envase del original, que es sustraído de hospitales donde el producto ha sido consumido. Hasta el momento las autoridades desconocen el tipo de material con el cual es rellenado el envase vacío.
Los detenidos confirmaron a las autoridades que por cada uno de los envases vacíos pagan hasta 600 córdobas.
FALTA SABER QUÉSUSTANCIA USAN
La fiscal Leyla Prado, a cargo de la Unidad Especializada de Delitos contra la Propiedad Intelectual e Industrial, manifestó que buscan identificar el lugar donde estos envases son rellenados.
También esperan un peritaje que realizará la Policía Nacional, para determinar qué producto es utilizado y el peligro que representa para los pacientes a quienes se les ha aplicado.
Hasta ahora, dijo, conocen que pacientes a los que les han aplicado la sustancia contenida en los envases adulterados de anestésico, durante intervenciones quirúrgicas, se han despertado a la mitad de éstas.
“Y como segunda consecuencia que han encontrado los investigadores de la marca, y lo que está pasando aquí en el país, es que afecta el sistema nervioso central (por) los componentes del medicamento falso. Que implica un daño (…) que alguien pueda quedar (en estado) vegetal producto del medicamento adulterado”, advirtió Prado.
CUATRO DETENIDOS
Hasta ayer la Policía había identificado a cuatro personas que estaban relacionadas con este ilícito.
“Es una red”, sostuvo la fiscal Prado, quien señaló que al realizar un allanamiento en una casa del barrio Lomas de Guadalupe, encontraron que en una vivienda humilde participaban en esa actividad tres miembros de una misma familia, dos de ellos trabajan en centros hospitalarios y una tercera se queda en la casa despachando el material. Una de las detenidas confirmó a las autoridades que en este ilícito existe mayor cantidad de personas vinculadas.
Aunque la fiscal Prado prefirió no referirse a la marca del anestésico por la cual inició la investigación, LA PRENSA conoció que se trata del producto Soverane, mencionado en una publicación realizada en la edición del 27 de julio del presente año. Prado confió que la investigación le permitió conocer que estas personas trafican con otro tipo de medicamentos, cuyo listado aparece en las facturas, y requieren de licencia para el manejo de las ventas.
A una de las sospechosas le ocuparon al menos 600 facturas, que, por ejemplo, desde 2008 vende el anestésico mencionado y que fue objeto de denuncia porque lo ha vendido en varios hospitales en cantidades considerables.
Hace algunas semanas LA PRENSA publicó una investigación periodística que revela que en el Mercado Oriental hay laboratorios de fármacos adulterados y donde la población puede obtener versiones de Neurobión, Diclofenac, Vitalgia, Zentel y hasta anestésicos como el Soverane.
Muchos de estos medicamentos no cuentan con un debido registro sanitario y algunos incluso pueden ser falsificaciones de otros medicamentos que se fabrican en laboratorios ilegales y clandestinos, señaló LA PRENSA en ese momento.
En la edición del 28 de julio de LA PRENSA, el Ministerio de Salud (Minsa) aseguró que no cuenta con suficiente personal técnico para supervisar constantemente todos los puestos de venta de medicamentos en el país, especialmente de aquellas medicinas de consumo libre que se distribuyen en el sector informal.
Sin embargo, la investigación de la Policía y la Fiscalía determinó que la falta de control incluso en los hospitales permite que en estos sitios adquieran créditos hasta por 30 días con estas empresas fantasmas, que les venden productos como el anestésico a mitad de precio, sin que las autoridades hospitalarias se preocupen por indagar por qué se los ofrecen más barato y pese a que el envase no presenta ninguna seguridad en el enroscado del tapón, pues el mismo aparece violentado.
Las investigaciones determinaron que, en el caso del anestésico, el valor del frasco original es de siete mil córdobas, pero los hospitales los están adquiriendo a estas personas en 3,500 córdobas y al fiado.
Prado señaló que la casa del barrio Lomas de Guadalupe donde la muchacha posee los envases del anestésico se puede apreciar a simple vista que es una vivienda muy pobre, “y se supone que por su manejo, que es hospitalario, es muy delicado y quien lo expenda o distribuya tiene que tener una licencia del Ministerio de Salud (Minsa), precisamente por el manejo muy delicado que él tiene”.
“Me dio una sorpresa encontrarlo en el lugar, yo pensaba en una casa que por lo menos tuviera una fachada de farmacia. No una casa humilde”, explicó la funcionaria.
¿QUÉ PASÓ CON INVESTIGACIÓN?
La fiscal Prado refirió que han conocido que el Minsa anteriormente ya había realizado una investigación, por tanto tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo, y aparentemente la engavetaron.
“Incluso, se supone que mandaron a una inspectora de farmacia a uno de los hospitales que tenía en uso el medicamento falso, ella ocupó una botellita, yo mandé un oficio al director de asesoría legal del Minsa, que se supone que es el que tiene más muestras, y hasta el momento no me responde”, dijo la fiscal.
También, pese a que previo a los allanamientos realizados la Policía invitó al Minsa a acompañarlos en esta investigación, a última hora ningún funcionario se presentó. Éstos habían prometido a la Policía acudir y no lo hicieron, a pesar de que los funcionarios policiales les hicieron reiteradas llamadas, dado que es la institución que tiene todas las facultades por ley de la regulación de los fármacos.
Sobre todo porque en uno de los casos encontraron medicamentos vencidos y adulterados, pero no hay denunciantes y la Fiscalía en su investigación necesita que se constituyan como denunciantes, pues aclaró que por ser la institución reguladora es a la que le corresponde personarse como ofendida.
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