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 Personas con discapacidad marcharon por las principales calles de Matagalpa, previo a entregar al Gobierno Municipal una propuesta de políticas públicas municipales. LA PRENSA/L.E. MARTÍNEZ M.

Discapacitados piden atención municipal

Tras una marcha por las principales calles de la ciudad, miembros de diferentes organizaciones de discapacitados presentaron ante el Gobierno Municipal de Matagalpa el primer borrador de una propuesta de política municipal de atención a la discapacidad, a fin de gozar del ejercicio pleno de los derechos humanos.

CORRESPONSAL/MATAGALPA

Tras una marcha por las principales calles de la ciudad, miembros de diferentes organizaciones de discapacitados presentaron ante el Gobierno Municipal de Matagalpa el primer borrador de una propuesta de política municipal de atención a la discapacidad, a fin de gozar del ejercicio pleno de los derechos humanos.

[doap_box title=”Faltan condiciones” box_color=”#336699″ class=”aside-box”]

  • Según una propuesta de políticas públicas municipales de atención a la discapacidad, presentado ante el Gobierno Municipal de Matagalpa por personas con discapacidad, el sistema educativo acepta a las personas con discapacidad, “pero falta establecer las condiciones de accesibilidad”.
Entre las principales limitaciones, las personas con discapacidad señalan la inexistencia de material educativo en sistema Braile y de maestros preparados en el lenguaje de señas, así como la existencia de muchas barreras arquitectónicas y de actitud en el entorno.

Asimismo, mencionan que las unidades de transporte público carecen de las condiciones mínimas de accesibilidad y en los transportistas no existe la cultura de prestar un servicio eficiente y digno para las personas con discapacidad.

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Las líneas de acción planteadas por las organizaciones de personas con discapacidad del municipio de Matagalpa están referidas a la accesibilidad, seguridad social, educación, habilitación y rehabilitación, salud, vivienda, toma de conciencia, recreación, cultura y deportes, empleo y participación en la vida pública y política.

El objetivo de la política municipal es elevar la calidad de vida de las personas con discapacidad, señaló Gloria Gutiérrez, directiva de la Organización de Ciegos de Matagalpa Luis Braile (OCMLB).

Además, las personas con discapacidad firmaron un convenio de cooperación entre las organizaciones de discapacitados con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para que esa entidad “acompañe el proceso de aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el municipio y fiscalice el cumplimiento de las instituciones del Estado y de las empresas privadas”, dijo Gutiérrez.

Por su parte, los discapacitados tendrán 20 promotores de derechos humanos en los distintos municipios del departamento.

SIN POLÍTICAS PÚBLICAS

Este año, las organizaciones aglutinadas en la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad (Feconori), realizaron un estudio de políticas públicas en cuatro municipios de Matagalpa, cuyos resultados indican que “no existe ninguna política pública elaborada por el Gobierno local que promueva el reconocimiento y respeto de los derechos constitucionales, específicamente de este sector”.

Los discapacitados en Matagalpa “viven en situación de pobreza y exclusión social, no son beneficiarios de los proyectos sociales y de desarrollo que se llevan a cabo en la municipalidad”, refiere el documento.

Respecto de la accesibilidad, entre otras cosas, las personas con discapacidad proponen que en el presupuesto municipal de cada año sea incluida una partida para la construcción de rampas y la ubicación de semáforos auditivos.

En el documento reconocen que entre el 2002 y el 2009 la Alcaldía de Matagalpa ha construido 80 rampas en las aceras de las principales calles y parques de la ciudad.

En la propuesta, los discapacitados citan el estudio Todos con Vos, realizado por una brigada de médicos cubanos y nicaragüenses, según el cual en el municipio viven dos mil 160 personas con discapacidad, de las cuales 69 fueron calificados como casos críticos.

“Este sector sufre discriminación por parte del resto de la sociedad. Las instituciones de Gobierno no atienden sus demandas, hay maltrato de parte de algunos funcionarios. No tienen acceso a empleos, viviendas y no hay programas de rehabilitación”, expresan en la propuesta.

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