Se ha anunciado que en la nueva Ley de Contrataciones del Estado se cambiará el procedimiento para aprobar las compras y adquisiciones estatales directas, al margen de los procedimientos de licitación y selección de los mejores postores entre la diversidad de ofertas. Lo más importante del cambio es que las contrataciones directas ya no serán autorizadas por la Contraloría General de la República, sino por el mismo Poder Ejecutivo a través de una Dirección General de Contrataciones del Estado (DGCE) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Es fácil deducir que como consecuencia de este cambio sustantivo en el procedimiento para las contrataciones y compras directas del Estado, la corrupción gubernamental —que se ha incrementado escandalosamente en los últimos años— ya no tendrá que colarse de manera subrepticia a través de rendijas y portillos, sino que pasará abiertamente por amplios portones y grandes ventanales. De manera que quitarle a la Contraloría esa facultad sólo puede considerarse como otro gran retroceso de la institucionalidad democrática y la transparencia, ya que las contrataciones directas del Estado constituyen una fuente principal de corrupción gubernamental.
No es que el sistema de control del Estado, estuviera funcionando bien con la actual Contraloría General de la República. En realidad, desde que Daniel Ortega recuperó el Poder Ejecutivo, la Contraloría comenzó a claudicar en su misión y objetivo de prevenir y denunciar la corrupción gubernamental. Precisamente en lo que se refiere a la elusión de los procedimientos para las compras y adquisiciones del Estado, la Contraloría General de la República “permitió la contratación directa de 407 millones 435 mil 971 dólares con 56 centavos en los tres primeros años del gobierno de Daniel Ortega”, según informó LA PRENSA en un reportaje especial publicado el recién pasado sábado 28 de agosto.
Sin embargo, el hecho de que se tuviera que cumplir el trámite de solicitar a la Contraloría la autorización para las compras y adquisiciones directas del Estado, dificultaba de alguna manera los malos manejos y facilitaba que la opinión pública se pudiera enterar de la violación a las normas de transparencia en el gasto de los recursos públicos.
En las sociedades contemporáneas democráticas, independientemente de que sean pobres o ricas, desarrolladas o atrasadas, el control externo del gobierno es indispensable. Es que todos o casi todos los gobiernos tienden a ser ineficientes y a ser carcomidos por la corrupción, como hechos aislados o como sistema. De allí que sea indispensable controlar el ejercicio del poder en términos generales y los gastos públicos particularmente. Como suelen decir algunos sociólogos y teóricos políticos, ya que los gobernantes representan un mal que no se puede evitar, por lo menos hay que sujetarlos a eficaces normas y mecanismos de control.
Donde los ciudadanos deciden con sus votos quiénes y cómo deben gobernarlos, los mandatarios de la voluntad popular no reciben un cheque en blanco para hacer lo que quieran ni para disponer a su antojo de los recursos públicos, mucho menos para su enriquecimiento personal. Ellos tienen que administrar la cosa pública en base a principios y normas indeclinables como, por ejemplo: que el uso de los recursos públicos debe ser autorizado por los organismos competentes del Estado; segundo, que después de ser aprobado, el gasto público se debe ejecutar de acuerdo con normas y procedimientos que garanticen la transparencia y desligarse del interés político partidista y personal; tercero, que el órgano de control del Estado fiscalice los resultados del gasto y garantice que cualquier abuso y acto de corrupción sea denunciado para su debido castigo; cuarto, que sólo el órgano de control del Estado, y por comprobados motivos de emergencia, autorice compras y adquisiciones estatales al margen de las normas y procedimientos ordinarios establecidos en la ley; y quinto, que todos esos manejos sean conocidos por el público.
Pero en contrario a esos principios básicos de transparencia en la administración pública, los diputados y contralores oficialistas alegan que es necesario que el mismo Poder Ejecutivo se autorice las compras y adquisiciones al margen de los procedimientos de licitación establecidos en la ley. Y dicen que la Contraloría sólo tiene que ejercer sus funciones de control hasta después de que el gasto se ha realizado, porque los contralores no pueden ser jueces y parte. Pero este es un argumento sumamente inconsistente, porque una cosa es la contratación estatal directa y otra muy diferente el control posterior del gasto público.
En realidad, semejante pretexto de los diputados y contralores orteguistas es una burla y una ofensa a la inteligencia de los ciudadanos nicaragüenses y de los representantes de la comunidad internacional.
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