Querida Nicaragua: La denuncia de ilegalidad por el cobro de los 300 córdobas de la cédula de identidad que presentó el especialista en derecho fiscal, doctor Julio Francisco Báez Cortés, ha sido respondida por el doctor Roberto Rivas argumentando lo siguiente: “Este Consejo Supremo Electoral con el proceso de modernización y por los costos de producción y por no contar presupuestariamente (con dinero) por el momento, definió un arancel no obligatorio (de 300 córdobas) para aquel ciudadano que requiera y desee de manera voluntaria un trámite expedito”.
Esto es parte del informe enviado por el presidente del CSE a la Contraloría General de la República. Es decir, que según lo expresado, el cobro de los 300 córdobas es “voluntario” y solamente lo pagan aquéllos que requieran un trámite expedito. Si el ciudadano no puede pagar los 300 córdobas tendrá que esperarse quién sabe cuántos meses para que le entreguen su cédula. De modo que no hay tal voluntariedad en ese cobro, es simplemente obligatorio.
Esto de los trámites expeditos es una aberración mañosa, una forma usual de corrupción en casi todas, por no decir en todas, las dependencias del Estado. Y para ser justo debo decir que no es únicamente práctica de este Gobierno, sino que viene también de los gobiernos anteriores que no se preocuparon por esa mala práctica y no obligaron al funcionario a cumplir con su deber atendiendo a todos los ciudadanos por igual en un plazo razonable.
Inscribir una propiedad en el Registro Público es poco menos que imposible si no se contrata a algún “especialista”, generalmente coludido con un funcionario a quien hay que darle una coima para agilizar la inscripción. Igual ocurre en las aduanas, en los registros de patentes, en las alcaldías, y en muchísimas otras dependencias gubernamentales.
Por su puesto que el hecho de que exista esta mala práctica no justifica la actitud de un organismo como el CSE, que ha recibido millones en ayuda extranjera y que tiene un presupuesto razonable para trabajar dignamente sin escatimarle al ciudadano su legítimo derecho de tener su cédula de identidad en tiempo y forma.
Los gobiernos son culpables, los funcionarios coimeros de las instituciones también, igualmente los agentes que han hecho de estos trámites irregulares su modus vivendi, pero los principales culpables somos nosotros mismos que no hemos sido capaces de denunciar estas prácticas sucias y más bien nos sometemos a ellas tan sólo para obtener egoístamente un trámite rápido.
No nos extrañe pues que aquí haya corrupción por todos lados. Comencemos a reflexionar seriamente sobre el destino de nuestro país y busquemos la forma de elegir gobernantes que tengan el sano propósito de terminar con todos estos males. Si el presidente de la nación respeta las leyes, los funcionarios y el pueblo las respetarán. Si el presidente del país es un hombre honrado y respetuoso los funcionarios igualmente lo serán. Y si los funcionarios son honrados el pueblo también lo será y pagará con gusto los impuestos, pues sabrá que éstos serán bien invertidos.
Somos nosotros los que necesitamos enfrentar la realidad de un pueblo en bancarrota moral, como el que nos han heredado, y somos nosotros quienes tenemos la obligación de recomponer todo esto y dejarle a nuestros hijos y nietos un país del que se sientan orgullosos, un país respetable donde funcionen armoniosamente los poderes del Estado. En fin, un país donde impere el Estado de Derecho.
El autor es director general de Radio Corporación.
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