Por Lucía Navas y Octavio Enríquez
La Comisión Económica de la Asamblea Nacional detuvo este martes el proceso del dictamen de la Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público, en un intento por corregir una serie de debilidades en el control público, promovidas por el Poder Ejecutivo, informaron diputados.
El diputado sandinista José Figueroa hasta negó que existiera un dictamen preliminar. “Aquí no hay ningún dictamen”, dijo minutos después de abandonar una reunión.
- El director general de contrataciones del Estado, José María Saravia, dejó clara la posición del Ministerio de Hacienda en relación a la aplicación de la nueva Ley de Contrataciones.
Expuso que la ley sería aplicable únicamente a los trámites administrativos, como puede ser la compra de papelería, por ejemplo. En los otros casos, no.
“Las empresas realizan funciones administrativas cuando adquieren bienes, servicios y obras para su funcionamiento administrativo”, explicó.
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Ayer se formó una subcomisión especial integrada por los diputados Freddy Torres, José Figueroa, Salvador Talavera y Guillermo Osorno.
Ellos son quienes tendrán a cargo un nuevo proceso de consulta con el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), el Ministerio de Hacienda, representantes de organismos internacionales como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), luego de la revelación de una serie de irregularidades publicadas por LA PRENSA el sábado.
El dictamen preliminar, fechado el pasado 30 de junio, resta funciones a la Contraloría General de la República, en la autorización de contrataciones directas, y las cede a Hacienda.
El vicepresidente de la comisión parlamentaria, el liberal Freddy Torres, explicó que han hecho más de treinta observaciones al dictamen preliminar.
INTERÉS PRESIDENCIAL
Para César Martínez, técnico de Ética y Transparencia, el documento descubre un claro interés gubernamental por beneficiar a empresas de personajes ligados a la pareja presidencial, en un contexto que puede ser aprovechado con fines electorales.
“Ahora quieren aprobarlo con doble razón: primero, los recursos que podrían generar las contrataciones y que pueden ser aprovechados en la política; y está el BID que lo pone como requisito para la aprobación de 42.5 millones de dólares”, dijo Martínez.
El dictamen preliminar también deja sin controles, en el proceso de contratación, a las empresas donde el Estado tiene acciones, como ocurre con Alba de Nicaragua, S.A. (Albanisa) o la distribuidora de energía Gas Natural.
La ley actual sí considera estos casos, de acuerdo con el artículo 2.
A través de Albanisa fluye la ayuda venezolana, que en los últimos tres años fue de más de mil millones de dólares.
Torres confirmó que con la propuesta del Ejecutivo no existiría control alguno.
El sector privado considera que la inscripción en el Registro de Proveedores del Estado, de las empresas, debe ocurrir antes del proceso de contratación, para evitar que participen empresas de maletín ligadas al gobernante Frente Sandinista (FSLN).
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