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Entre el colapso institucional y el estado de facto

Por Alejandro Serrano Caldera.- Nicaragua vive una de sus más profundas crisis en materia institucional y de funcionamiento del Estado de Derecho. La transgresión frecuente de las normas constitucionales y legales tales como nombramientos de ministros y embajadores prescindiendo de la ratificación de la Asamblea; emisión de decretos presidenciales en temas para los que el Ejecutivo no está autorizado; debilitamiento profundo del principio de separación de Poderes; resoluciones que invalidan ilegalmente el artículo de la Constitución Política que prohíbe la reelección continua del Presidente de la República; integración y funcionamiento indebidos de la Corte Suprema de Justicia, son entre otros algunos indicadores de la magnitud del problema.

El país ha sido colocado en una disyuntiva en la que cualquier opción que se adopte es absolutamente inaceptable, sea esta, o la conformación inconstitucional y por ende de facto, de poderes e instituciones del Estado integrados por funcionarios a los que ya se les venció su período, pero que indebidamente se les pretende prorrogar, en base a decretos que violan la Constitución y artículos transitorios de la misma cuya vigencia expiró hace más de veinte años, o el colapso del Estado por la desintegración de varios órganos y poderes debido al vencimiento del período de los funcionarios que los integran, entre ellos la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral, la Contraloría General de la República, la Procuraduría de Derechos Humanos, y otros que se agregarían a los anteriores, en la medida en que vaya expirando el término para el cual sus integrantes fueron electos.

Detrás de esta dramática situación, está la incapacidad de la Asamblea Nacional de realizar los nombramientos cuando corresponde. Esta incapacidad que hemos mencionado anteriormente, refleja el fracaso del sistema político de proceder a través del Poder Legislativo en la forma requerida de acuerdo a las necesidades que se presentan, y es la causa más profunda de la cual emana la serie de problemas que hemos mencionado anteriormente. El colapso del Estado de Derecho y de la institucionalidad, es consecuencia de la crisis del sistema político tal como está estructurado en este momento en Nicaragua y sobre todo, de la forma como ha sido activado por el poder a partir de lo que para él es el tema fundamental alrededor del cual giran todos los demás: la reelección presidencial.

Nicaragua está urgida en superar el deterioro de su sistema constitucional y legal, mediante la vía democrática que es la concertación, la que, no obstante, requiere determinadas condiciones y objetivos para poder funcionar, y, en ese sentido, debe trascender los intereses personales, de camarillas y partidos, buscar un acuerdo de Estado-Nación, construir un contrato social para reorganizar el país y sentar las bases para una reforma constitucional después de las elecciones del 2011. El gran obstáculo es el tema de la reelección presidencial, el que debería ser dejado de lado por quienes afanosamente la buscan, para abrir las compuertas a la posibilidad de un acuerdo nacional.

Cualquier tema referido a la reforma constitucional, debe postergarse para después de las elecciones presidenciales, pues de lo contrario los intereses personales y las ambiciones de poder prevalecerían sobre los verdaderos intereses nacionales.

Creo que debe pensarse en un proceso de concertación con objetivos generales y amplios, que construya canales de diálogo y comunicación, mecanismos de verificación y ajustes de los acuerdos, concebido no como algo táctico sino estratégico, que conduzca a una formulación adecuada de un Proyecto de Nación.

Una verdadera concertación debe ser un proceso multilateral, participativo y democrático. Además de eso, estratégico, porque busca una solución integral de largo plazo; de participación múltiple, porque deben intervenir en un solo momento o en momentos sucesivos, el Gobierno, los sectores políticos, ciudadanos, laborales y empresariales; global, porque deben estar representados todos los componentes de cada sector; de consenso, porque los resultados de la concertación deben satisfacer las aspiraciones de una mayoría significativa de nicaragüenses; y permanente, en tanto método de trabajo e instrumento en el ejercicio de la política.

La finalidad de la concertación es alcanzar el acuerdo o proyecto de nación, y sus objetivos, deben orientarse a ampliar las oportunidades en el plano económico, social y estratégico y buscar la modernización del país.

La modernización, a su vez, exige una economía estable y un proceso económico con posibilidades de desarrollo, un Estado democrático, una sociedad pluralista y tolerante basada en la libertad individual; exige, además, políticas de estabilidad y promoción del empleo, de priorización de los intereses nacionales y un papel del Estado como coordinador de los múltiples intereses sectoriales, mediante el establecimiento de reglas claras e imparciales que contribuyan a promover la equidad y armonía entre los diferentes sectores, en base a los objetivos superiores de la nación. Además, este proceso de concertación debe funcionar como un mecanismo que armonice el papel del Estado, el mercado y la sociedad civil, así como la libertad económica y la justicia social.

Si observamos bien, los problemas que estamos viviendo tienen como causa última la inexistencia de un verdadero entendimiento nacional. Mientras este no se produzca, la crisis continuará siendo recurrente y la estabilidad precaria. Si no se alcanza un acuerdo estratégico, los niveles de frágil estabilidad que nos han permitido sobrevivir se agotarán.

Los pactos de cúpulas, y los pactos efímeros que se hacen y deshacen todos los días, son la causa verdadera de la crisis que padecemos. El Gobierno que se instale después de las elecciones de 2011, necesita no sólo de la incuestionable legitimidad que proporciona el veredicto de las urnas, fruto de una elección honesta y transparente sino, además, el respaldo de un acuerdo estratégico que fije el marco de la vida nacional.

Todo esto requiere un cambio de actitud que establezca las condiciones necesarias para la gobernabilidad futura del país. Aunque no se deben perder de vista los problemas inmediatos y la situación coyuntural, debe, sin embargo, pensarse en un proyecto estratégico, capaz de garantizar como unidad indisoluble, el Estado de Derecho, la democracia y la justicia social.

Filósofo y escritor nicaragüense

Columna del día Opinión
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