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Piden visita de relatora ONU para que verifique situación del Poder Judicial

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y el Centro por el Derecho y la Justicia Internacional (Cejil) enviaron una carta a la Relatora Especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la Independencia de Jueces y Abogados, Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, a través de la cual denuncian los hechos recientes en la Corte Suprema de Justicia que demuestran la falta de independencia de ese Poder del Estado.

Por Elízabeth Romero

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El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y el Centro por el Derecho y la Justicia Internacional (Cejil) enviaron una carta a la Relatora Especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la Independencia de Jueces y Abogados, Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva a través de la cual denuncian los hechos recientes en la  Corte Suprema de Justicia que demuestran la falta de independencia de ese Poder del Estado.

El Cenidh a través de un comunicado aseguró hoy que en la misiva le plantean a la Relatora Especial de la ONU, que solicite información urgente al Estado de Nicaragua y, en su oportunidad informe sobre el particular ante el Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Al tiempo que le solicitan un pronunciamiento público sobre los hechos denunciados y realice una visita a Nicaragua en el menor plazo posible.


En la misiva, las organizaciones relataron los diversos acontecimientos ocurridos desde el año 2000 y que han tenido como consecuencia un debilitamiento del Poder Judicial en Nicaragua. Particularmente, se denunció la politización de los integrantes de la Corte Suprema quienes por años han respondido a los intereses de los Partidos Liberal Constitucional (opositor y quien entonces gobernaba el país) o el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), revela el comunicado.

“Para Cenidh y Cejil, es alarmante la reciente decisión de ocho magistrados sandinistas de sustituir en la Corte Suprema a seis magistrados liberales y proceder a nombrar conjueces (jueces sustitutos). Tal decisión se llevó a cabo sin el debido soporte legal y con el único objetivo de lograr mayoría de miembros en la Corte afines al partido de gobierno, lo cual constituye un ejemplo claro de la falta de independencia y de la ausencia de un Estado de Derecho en el país”, señala el comunicado de ambas organizaciones.

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