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Douglas Carcache

Más censura y represión

Las amenazas del régimen de Daniel Ortega a observadores electorales y diplomáticos, de que serán expulsados del país si opinan, son también amenazas a la libertad de expresión e información de la población nicaragüense.

Después del fraude electoral en los comicios municipales de 2008, los ciudadanos nicaragüenses y quienes han apoyado la construcción de la democracia en este país tienen más razones para exigir información suficiente sobre la organización de las elecciones generales de noviembre de 2011.

Sin embargo, cuando aún falta más de un año para las próximas elecciones, Roberto Rivas, leal a Ortega y presidente de facto del Consejo Supremo Electoral (CSE), trata de intimidar a quienes anden “dando opiniones”.

Esa declaración es el preámbulo de una censura mayor contra el periodismo y organizaciones que fiscalizan a las instituciones públicas, sobre todo a las vinculadas a los procesos electorales, que han sido bloqueadas desde hace tres años, impidiéndoles cada día más informar y observar, según el caso.

Así, el gobierno de Ortega ha violado la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, de la Organización de Estados Americanos (OEA), que considera esta libertad como “un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas”.

En las elecciones regionales de la Costa Caribe, de marzo pasado, a los periodistas de medios independientes se les negó el acceso a las oficinas del CSE, donde las declaraciones e informes sólo fueron dados a periodistas oficialistas.

A los observadores electorales también les negaron la acreditación en los dos últimos procesos, el municipal de 2008 y el regional de 2010.

Según la declaración de la OEA, del año 2000, la libertad de expresión es “un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática” y “toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

Ortega, al contrario, quiere que cada vez menos ciudadanos conozcan lo que hace el CSE, de tal manera que si hace otro fraude en 2011 aparezcan menos pruebas públicas que en 2008.

Una consecuencia de aquel fraude electoral fue que la comunidad cooperante, la mayoría naciones europeas, cortó ayudas hasta por cien millones de dólares destinadas al presupuesto de Nicaragua.

Ortega pretende ahora que diplomáticos de países y organismos internacionales, que han dado cooperación económica para fortalecer la democracia y erradicar la pobreza en Nicaragua, dejen de exigir condiciones al gobierno, entre éstas observación electoral, transparencia y libertad de prensa y expresión.

A nivel internacional, el régimen orteguista tiene antecedentes como violador de los derechos humanos y, sobre todo, de la libertad de expresión, porque después del fraude de 2008 aumentó la represión contra sus críticos, a través de turbas del partido Frente Sandinista (FSLN).

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas conoció en febrero pasado los detalles de la represión de Ortega de finales de 2008: 12 agresiones contra periodistas, tres ataques contra radioemisoras independientes y 30 agresiones contra defensores de los derechos humanos.

Las amenazas vertidas por el orteguismo en la última semana pueden engendrar algo peor.

Columna del día Opinión
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