Por Moisés Martínez
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El Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) emitió un acuerdo administrativo para darle un respaldo legal al presidente Daniel Ortega para que este exija que las cadenas de televisión que constantemente convoca incluyan también a los canales que son ofrecidos en el servicio de televisión por suscripción.
De esta manera el gobierno orteguista pretende acallar las críticas y molestias que provocó en los miles de usuarios del servicio de televisión por suscripción, al ordenar que su última cadena nacional incluyera los canales transmitidos por medio de este servicio, ya sea en sus modalidades satelital o por cable.
El acuerdo administrativo 009-2010 de Telcor fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta del pasado jueves.
Este reforma el acuerdo administrativo 06-97, referido al reglamento del servicio de televisión por suscripción, y a la vez adiciona al acuerdo administrativo 07-97, referido al reglamento del servicio de radiodifusión televisiva.
El viernes pasado Ortega aprovechó el marco de celebración del Día Mundial de la Biblia para exponer acerca de los daños provocados por las constantes lluvias, pero también se dio espacio para verter sus comentarios sobre temas políticos internos, además de referirse a las elecciones legislativas en Venezuela.
Para esto ordenó una cadena televisiva de las estaciones nacionales, pero abusivamente exigió que se incluyera a los canales de televisión por suscripción, lo que provocó reclamos y quejas de los usuarios.
Pese a las molestias causadas a los clientes, ni la empresa de telecomunicaciones Claro TV, principal proveedora del servicio en el país, ni el ente regulador Telcor, explicaron las causas bajo las cuales se incluyeron los canales de televisión por suscripción, también llamada de paga. Hasta ahora, cuando la entidad reguladora busca sustentar legalmente el abuso del Presidente, reformando el reglamento.
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CONDICIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES
El artículo reformado ahora cita así: «En situaciones de emergencia nacional o regional que afecten cualquier parte del territorio nacional, vinculadas a la seguridad y defensa de la nación, a las condiciones económicas y sociales o en casos de inundaciones, movimientos telúricos o cualquier tipo de catástrofe o fenómenos naturales, los operadores del servicio de televisión por suscripción pondrán sus instalaciones y servicios a disposición del Gobierno de la República», cita parte del acuerdo administrativo.
«Asimismo, durante el tiempo estrictamente necesario, los licenciatarios se abstendrán de introducir programación de contenidos diferentes a los que requiere la atención de estos escenarios de emergencia. La inobservancia de estas disposiciones se considerará una infracción grave al contrato de licencia», añade.
ABUSO CONTRA LOS CLIENTES
LA PRENSA, a través de un editorial criticó la actitud abusiva de la Administración del presidente Ortega con los miles de usuarios que pagan por el servicio de suscripción, además de la docilidad y falta de atención hacia sus clientes de parte de las empresas proveedoras.
«La empresa que vende el servicio de televisión por cable no dio ninguna explicación a sus clientes, a pesar de que está obligada a hacerlo por ética empresarial y por mandato de la ley que protege los derechos de los consumidores y usuarios. La televisión por cable no es gratuita, la gente paga por un servicio que no es barato, la empresa proveedora cobra implacablemente por él y lo corta sin contemplaciones a quienes por cualquier motivo se atrasan en el pago de las facturas. De manera que a lo menos que está obligada la empresa proveedora es a brindar un buen servicio y dar explicaciones a sus clientes», cita el editorial publicado el martes pasado.
«De todos modos, no quedó ninguna duda de que la suspensión de los canales de televisión extranjera, a primeras horas de la noche del viernes (24 de septiembre pasado), fue una arbitrariedad gubernamental con el propósito de obligar a todos los televidentes a ver a Daniel Ortega en las pantallas domésticas y oír su discurso por medio de las estaciones nacionales de televisión», se agrega en el escrito, titulado «Rasgos de totalitarismo».
REGLAMENTO DE LA RADIODIFUSIÓN TELEVISIVA
El acuerdo administrativo también agrega un segundo párrafo al artículo 21 de la disposición 07-97 publicada en La Gaceta el 28 de noviembre de 1997.
Con este agregado el artículo se leerá de esta forma: «En situaciones de emergencia nacional o regional que afecten todo o cualquier parte del territorio nacional, vinculadas a la defensa y seguridad de la nación, a las condiciones económicas y sociales o en caso de incendios, movimientos telúricos, o cualquier otro tipo de catástrofe o fenómenos naturales, los operadores del servicio de radiodifusión televisiva pondrán sus instalaciones, sistemas y servicios a disposición del Gobierno de la República y/o de las instancias ejecutivas de los mecanismos de auxilio a la población (Sinapred)», cita parte del artículo reformado.
Las convocatorias a cadena nacional hechas por el mandatario son similares a las que por cualquier motivo, principalmente de tipo político, hace su amigo y homólogo Hugo Chávez en Venezuela.
Las intervenciones televisivas de Chávez son bastante extensas y reiterativas, pero el mandatario venezolano no ordena que estas cadenas incluyan la señal de televisión de suscripción o de paga, de acuerdo a consultas con colegas periodistas venezolanos.
La Administración del presidente Ortega se ha caracterizado por ser alérgica a las conferencias de prensa abiertas, y prefiere monólogos en los que informa sólo lo que quiere.