Poco más de un millón de euros, aprobados en 2008, previstos a ser invertidos en proyectos de abastecimiento de agua potable y producción agrícola en Nicaragua, podrían haber sido desviados en España para la adquisición de inmuebles, por miembros del Partido Popular (PP), organización política que hoy está en la oposición.
Los recursos fueron aprobados por la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía de Valencia, en España, para que a través de la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes) se desarrollaran proyectos en municipios de Nicaragua, pero de acuerdo a publicaciones españolas lo único que llegó a este país fue un estimado de 70 mil euros.
“El departamento de Solidaridad y Ciudadanía, que dirige el también portavoz parlamentario del PP, Rafael Blasco, uno de los hombres fuertes del Gobierno de (Francisco) Camps, otorgó en 2008 dos grandes proyectos de cooperación, por valor de 833 mil 409 euros cada uno a la Fundación Cyes, que preside Marcial López, inhabilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, y acusado de malversación y apropiación indebida a finales de los años noventa, cuando presidió el Colegio de Enfermería de Castellón”, señalan las publicaciones periodísticas.
Uno de los beneficiados por los proyectos que financiaría la Consejería fue la Federación para el Desarrollo Integral entre Campesinos y Campesinas (Fedicamp), según confirmó a LA PRENSA el responsable de la organización, Miguel Ángel Marín Vázquez, quien aseguró que los fondos recibidos fueron invertidos en un proyecto de agua potable en Totogalpa en el 2008.
Marín dijo desconocer la situación generada en Valencia, y reiteró que el proyecto de agua y saneamiento tuvo una inversión cercana a 70 mil dólares, aunque no precisó a través de qué organismo les fueron canalizados los recursos, indicando que no volvieron a trabajar con esa misma fuente.
“Las facturas presentadas por la Fundación Cyes ante la Consejería que dirige Blasco revelan que con el dinero de uno de los proyectos en Nicaragua se adquirió un entresuelo en el número 79 de la avenida de Ausiás March de Valencia; y una plaza de garaje por 439,668 euros; se reformó el inmueble y se instalaron alarma, teléfono y equipos informáticos por 22,194 euros”.
Añade que “se destinaron 71,976 euros a gastos de personal en la oficina técnica de Valencia y 66,672 euros a gastos administrativos de la entidad en España, y se pagaron 208,352 euros por asesoramiento a la empresa Gestiones e Iniciativas Arcmed, S. L., dedicada a la importación y exportación de equipos informáticos y a la consultoría técnica”.
Se menciona también en las publicaciones que, como justificación de inversión en el segundo proyecto, “se adquirió el contiguo entresuelo del número 81 de la avenida de Ausiás March”.
Ante las exigencias de aclarar esas irregularidades, Blasco se comprometió a presentar los informes correspondientes, pero después se informó que pidió tiempo, lo que ha generado más suspicacias al respecto.
Ver en la versión impresa las páginas: 3 A