Si bien, como se ha dicho acertadamente, el problema de fondo de Nicaragua es ético, sus consecuencias más destructivas se evidencian en el plano jurídico y político, sobre todo a partir del momento en el que la Constitución, las instituciones y el derecho en general se han venido transformando en instrumentos al servicio del poder y en objetos de prebendas y negociación política.
En ese sentido la ley ha devenido un mecanismo para “legitimar” los abusos y para dar “legalidad” a las actuaciones de facto mediante la deformación que de ella hacen los organismos encargados de su tutela, interpretación y correcta aplicación.
No hay sociedad que pueda existir como tal sin un sistema jurídico, político e institucional que tenga un mínimo de eficacia y en el que, de alguna forma, estén establecidos los límites del poder y garantizados los derechos fundamentales de las personas.
La confianza en la vida comunitaria está determinada por la confianza en las instituciones, las leyes y los funcionarios encargados de su aplicación, en las reglas que establecen los derechos y deberes de todos y cada uno de los componentes del grupo social, y en la seguridad jurídica que resulta de la solidez, independencia y equilibrio de los poderes del Estado.
La Constitución Política es la fuente de los derechos y garantías individuales; el derecho, un sistema de límites al poder; y las instituciones, la causa y el cauce de su ejercicio. De esta manera, el derecho es la sustancia cohesiva de la sociedad y el factor de armonía que contiene la voluntad colectiva nacida del contrato social.
La ausencia de legalidad y legitimidad plantea el problema medular de la crisis que enfrenta en este momento nuestro país. Nicaragua es una “sociedad disociada”, un conjunto inorgánico e invertebrado compuesto, por una parte, de parcelas que carecen de un proyecto común, y, por la otra, de un poder que ha puesto a su servicio la mayoría de las instituciones. El drama es y ha sido no sólo la violación de la ley por el poder personal y arbitrario, sino su manipulación para dar apariencia de legalidad a las acciones de facto a través de una práctica por la que el sistema jurídico e institucional se ha venido destruyendo de manera sistemática.
De esa forma, el derecho se ha convertido en legalizador artificioso del poder y las ambiciones personales; el Estado, en el tinglado de instituciones al servicio de intereses particulares y de grupos; y los partidos políticos, en mecanismos a la orden de voluntades individuales, enfrentados unos con otros en su afán de obtener los mayores beneficios en sus negociaciones con el poder.
Esta deformación del sentido de la ley, esta práctica de legalidad aparente sin legitimidad, es la adulteración de la política, el derecho y las instituciones, y la causa principal de los demás problemas, incluyendo, por supuesto, los de naturaleza económica y social.
La reivindicación de la misión de la ley y de las instituciones frente a los abusos del poder es tarea fundamental a emprender, para establecer el Estado de Derecho, la seguridad jurídica y la gobernabilidad democrática.
La verdadera lucha política, en consecuencia, es la lucha por el derecho, como la planteó Rudolf Von Jhering en un libro clásico del mismo nombre. Lucha necesaria para recobrar la legalidad y la legitimidad de las normas y de las instituciones y reafirmar el concepto de ciudadanía como fuente real de toda soberanía y poder. Este proceso sería la recuperación del Estado de Derecho y de la democracia, pues como pensaba Kelsen, y como es aceptado de manera universal, la democracia es la voluntad de los ciudadanos representada en el orden legal.
La causa de fondo de este problema lo constituye nuestra cultura, o mejor nuestra incultura política; la violencia latente o patente que, en la mayoría de los casos, determina nuestros actos; las deformaciones que la historia lejana y reciente nos ha causado; la creencia exclusiva en lo inmediato; el menosprecio a la reflexión auténtica que implica tolerancia, crítica y autocrítica; la sobrevaloración de la “viveza”, por encima de la inteligencia que obliga a pensar que para que sobrevivan partidos, asociaciones o ideologías, es imprescindible que el país exista y prospere.
La educación jurídica y política es imprescindible y urgente para cambiar esas tendencias dominantes y deformantes. Educación que nos induzca a buscar programas y planteamientos de fondo y no caudillos de cualquier color, ideología y acera política de la que provengan.
La situación que vive Nicaragua exige, además, la consideración simultánea del problema jurídico-político y el problema económico. La disyuntiva entre la prelación de lo económico sobre lo político, o viceversa, es una falsa disyuntiva.
¿Puede acaso resolverse el problema económico sin una estrategia integral? y consecuentemente, ¿puede existir una estrategia económica y social sin un acuerdo político o es simplemente la aplicación de un mecanismo técnico? ¿Es posible que se produzca la inversión que se requiere para impulsar un proceso de desarrollo sin un sistema jurídico e institucional que garantice la seguridad y estabilidad del país? ¿Es que pueden enfrentarse los problemas sociales en forma sostenida al tiempo que se violenta la ley y se debilitan las instituciones? ¿Es que acaso puede existir la justicia sin libertad y la libertad sin justicia?
Por otra parte, ¿es posible un acuerdo político de fondo que no tome en cuenta los principales problemas económicos, sociales e institucionales del país? ¿No sería un simple pacto de cúpulas, alrededor de cuotas de poder, el acuerdo político que no considere estos aspectos fundamentales? Pienso que no hay acuerdo político verdadero si éste no parte de los contenidos básicos de la realidad nacional, ni hay acuerdo económico y social si éste no llega a ser una concertación política estratégica.
El momento histórico que vivimos exige no olvidar la magnitud de las necesidades de nuestro país, e impone recordar que la estabilidad y el derecho no son posibles sin la existencia de un sistema jurídico e institucional sólido y respetable. La experiencia nos enseña que no se puede construir la democracia sin una amplia participación de los diferentes sectores de la sociedad, sin una verdadera estrategia, determinada por el consenso sobre los grandes temas políticos, económicos, sociales e institucionales, cuya base y condición es el Estado de Derecho y el sistema jurídico en el que se expresa la voluntad colectiva que da origen a todo organización social y política. b
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