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Sin libertad de prensa no hay elecciones libres

En mayo del año pasado, los relatores para la libertad de expresión de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización para la Seguridad y la Cooperación, de Europa, y la Comisión Africana de Derechos Humanos, emitieron una declaración conjunta sobre medios de comunicación y elecciones.

En aquella ocasión, el ex presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el periodista uruguayo Danilo Arbilla, cuyas columnas se publican todos los miércoles en el Diario LA PRENSA, escribió que los cuatro relatores para la libertad de expresión “reclamaron la vigencia de la libertad de expresión como condición imprescindible e ineludible para garantizar y legitimar los actos electorales. En otras palabras, los relatores dijeron que no se puede hablar de elecciones libres y democráticas si no hay libertad de prensa”.

Es que “en materia de elecciones y trampas electorales desde siempre se ha sostenido con sólida base jurídica que una de las formas de fraude más efectiva y disimulada es la que se concreta en el tiempo previo a las elecciones”, advirtió Danilo Arbilla al destacar el aspecto esencial de aquella declaración de los relatores de la libertad de expresión, que reclaman una cobertura sin exclusiones de todos los actos y momentos de los procesos electorales, como condición para que éstos sean confiables para los ciudadanos y legítimos para la comunidad internacional.

Es oportuno recordar tal declaración, ahora que el Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua —el cual está integrado por magistrados de facto, que se mantienen en los cargos amparados en un decreto inconstitucional de Daniel Ortega, a pesar de que sus mandatos expiraron en junio pasado y son ampliamente denunciados por fraude electoral y abuso de poder—, agregó a su extensa lista de iniquidades la convocatoria espuria a elecciones nacionales el próximo año, impidiendo bruscamente la cobertura de medios de comunicación independientes.

La declaración de los relatores internacionales para la libertad de expresión, acerca de que la libertad de información en los procesos electorales es indispensable para prevenir los fraudes y garantizar su transparencia y legitimidad, se funda en la profunda y arraigada convicción democrática de que la elección de autoridades públicas constituye uno de los hechos sustantivos y de los valores más preciados de la democracia. Y que, por lo tanto, la convocatoria, organización y celebración de las elecciones debe ser revestida de la mayor solemnidad cívica y todos sus pasos deben darse ante la vista y consideración pública, o sea con el libre acceso de todos los medios de comunicación, sobre todo de los independientes, a las diversas fases del proceso electoral.

Pero en Nicaragua los mecanismos electorales institucionales han sido pervertidos por la politiquería partidista y el caudillismo autoritario y pactista. Al subordinarse los miembros del Consejo Supremo Electoral al FSLN y personalmente a Daniel Ortega, y al poner las estructuras y los procedimientos del Poder Electoral bajo el control de militantes orteguistas disciplinados militarmente y formados en el odio a las modalidades y contenidos de la democracia representativa, que ellos despectivamente llaman “burguesa”, las elecciones han dejado de ser el medio democrático por excelencia para renovar los poderes públicos; el proceso electoral ha sido envilecido y convertido en un tragicómico circo de larga duración, cuyo primer acto preparatorio de la gran función del primer domingo de noviembre del próximo año, fue escenificado el jueves pasado por los magistrados de facto del Consejo Supremo Electoral.

Los relatores para la libertad de expresión en el mundo advirtieron en mayo de 2009 que no puede haber elecciones verdaderamente libres y democráticas donde no se respeta la libertad de prensa, donde no existen medios informativos independientes, y si existen —como en Nicaragua, donde sobrevivimos algunos a pesar de las limitaciones, presiones y hostigamientos del régimen autoritario de Daniel Ortega—, sin embargo no se les permite el acceso a los eventos del proceso electoral, como ocurrió el jueves pasado y todo hace indicar que seguirá ocurriendo por decisión de los usurpadores del Poder Electoral. De manera que a juzgar por estos graves indicios las elecciones del próximo año no podrán ser libres, limpias, confiables y legítimas.

En Cuba, China, Zimbabwe, Irán, Corea del Norte y demás satrapías totalitarias en las que no existe la libertad de prensa, se hacen elecciones pero la gente no tiene derecho de elegir. Al parecer a eso nos encaminamos, otra vez, en Nicaragua, bajo el poder dictatorial de Daniel Ortega.

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