Si por la víspera se saca el día, como reza el refrán popular, la censura al periodismo independiente está garantizada en el proceso electoral de 2011 en Nicaragua.
El mensaje de los magistrados de facto del Consejo Supremo Electoral (CSE) fue claro: Impidieron el acceso de algunos periodistas a la conferencia en que convocaron a las elecciones generales, el jueves último.
Ese hecho es más elocuente que cualquier palabra. Si a la primera conferencia de la “fiesta cívica”, como le llaman, permitieron sólo periodistas oficialistas, ¿qué podría suceder el próximo año, cuando se caliente el debate electoral?
El colmo del cinismo en el Poder Electoral es que su presidente de facto, Roberto Rivas, dijo en la misma conferencia que “este será un proceso abierto, abierto al pueblo de Nicaragua, abierto a las organizaciones políticas, abierto a los medios de comunicación y abierto a todos los interesados en el proceso mismo”.
Cómo creerle a ese funcionario, si mientras él hablaba de apertura, afuera del edificio del CSE había periodistas sin posibilidades de participar en la conferencia, porque los vigilantes tenían órdenes de no dejarles entrar.
Es más, los periodistas de medios independientes llegaron al CSE porque se enteraron a través de una radio oficialista de que esos funcionarios harían la declaración, ya que ninguno recibió la invitación, por correo electrónico o teléfono, que hacen las instituciones en estos casos.
Esta forma de censurar a un sector del periodismo nicaragüense obedece a un plan más amplio, urdido en las oficinas del partido Frente Sandinista (FSLN), donde permanece el presidente Daniel Ortega.
Ese mismo día, por ejemplo, la Cancillería también bloqueó la entrada a ciertos periodistas, dando facilidades sólo a los oficialistas para cubrir la visita de un alto funcionario estadounidense, Arturo Valenzuela.
Sólo un gobierno con mucho que ocultar puede empecinarse en bloquear el trabajo informativo de periodistas profesionales, y esto explica más por qué Nicaragua aparece entre los países latinoamericanos con alta percepción de corrupción, según el índice de Transparencia Internacional, en el que Venezuela ocupa el último lugar.
Sería un error atribuir esto a la casualidad, porque el dinero que da el venezolano Hugo Chávez a Daniel Ortega es uno de los motivos principales para sospechar que el gobierno orteguista es muy corrupto.
Sólo se sabe, porque así lo registra el Banco Central, que en tres años Ortega ha recibido más de mil millones de dólares del régimen de Chávez, en concepto de “cooperación”, pero ese dinero nunca ha entrado al presupuesto y el Gobierno se niega a explicar qué hace con él.
Otro misterio, que el periodismo necesita descubrir, es a qué partidos o candidatos corresponden el 8 por ciento de los votos de las elecciones generales de 2006, porque el Poder Electoral nunca divulgó ese dato. Por eso y por el fraude que avalaron en los comicios municipales de 2008, los magistrados de facto ponen cada vez más barreras a los periodistas que investigan y analizan. Si continúan cerrando las puertas, es porque nada bueno traman para 2011.
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