CORRESPONSAL/RIVAS
El ex procurador de la zona sur Wilber Ibarra Blanco es investigado por Auxilio Judicial de la Policía de Rivas, luego que el pasado 17 de septiembre la comunidad indígena de Altagracia, a través de su apoderado general judicial, interpusiera una denuncia en su contra, ante la Unidad Especializada contra Delitos de la Propiedad Inmueble del Ministerio Público.
En dicha denuncia dirigida al director de dicha área en el Ministerio Público, doctor Manuel Antonio Jácamo Ramírez, se señala al ex procurador Ibarra de estar en contubernio con el abogado Jairo Gonzalo Gutiérrez Ortiz, quien es el representante legal de Noel Manuel Flores Mejía, de 82 años, para reclamar una herencia de 450 manzanas de tierra colindantes con la zona turística de Santo Domingo, en el municipio isleño de Altagracia.
LA DENUNCIA DE LOS INDÍGENAS DE ALTAGRACIA
En la denuncia los habitantes indígenas de Altagracia señalaron que la supuesta participación de Ibarra Blanco dio inicio en marzo del 2009, cuando Flores Mejía, con una declaratoria de heredero a su favor, pidió el deslinde y amojonamiento de la propiedad reclamada, que afecta a unas cinco comunidades circunvecinas, según detallan los habitantes de la zona que han sido notificados para dicho deslinde.
El rol de Ibarra fue facilitar la carta de no objeción para que se inscribiera el área reclamada a favor de Flores Mejía. En la denuncia, los isleños detallan que el ex procurador Ibarra es vecino del reclamante de la herencia, y que ambos (reclamantes de la herencia y ex procurador Ibarra) habitan en el barrio San Judas, en Managua.
Otro de los aspectos formulados en la denuncia de los indígenas de Altagracia es que entre el abogado de Flores Mejía y el ex procurador Ibarra existía un supuesto acuerdo de una dádiva de 150 manzanas de tierra a favor del ex funcionario, si el caso se resolvía a favor del reclamante de la herencia.
EX PROCURADOR PARECÍA ABOGADO DEL DEMANDANTE
También señalan al ex procurador Ibarra de apersonarse en el Juzgado de Distrito Civil de Rivas. “El ex procurador Ibarra reiteradamente llegaba a pedir al juzgado en forma verbal la tramitación del deslinde y amojonamiento, hasta que se le hizo un llamado de atención de parte de ciertas autoridades”, precisa la denuncia.
Al respecto la fiscal departamental Isolda Ibarra dijo que dicha denuncia ya fue remitida por su superior jerárquico, y que la Fiscalía rivense mandó la diligencia a Auxilio Judicial de la Policía de este departamento, y que el caso lo investiga esta instancia del orden público desde hace dos semanas, sin que hasta la fecha se hayan recibido los resultados de la investigación.
En tanto, los miembros de la comunidad indígena de Altagracia sostuvieron un encuentro el pasado sábado con el jefe policial del municipio y la delegada de Gobernación del departamento de Rivas, a quienes les expusieron su situación y su disposición de no permitir el deslinde y amojonamiento, porque aseguran que dicha propiedad les pertenece y la heredaron de sus padres y abuelos.
Los habitantes afectados corresponden a las comunidades indígenas de Urbaite, Las Pilas, Sintiope, Tilgüe, Santo Domingo, San Fernando, Los Ramos y Santa Teresa.
El área que reclama Flores Mejía abarca 12 propiedades con igual número de cuentas registrales, inscritas en el Registro Público de la Propiedad en Rivas.
TIENEN ESCRITURA QUE DATA DEL AÑO 1885
Los habitantes de esta zona se amparan bajo una escritura pública que data de 1885, en la que se indica que varios miembros de estas comunidades compraron la propiedad de 1,690 manzanas a la Villa de Altagracia, “cuando ni siquiera era todavía municipio; nuestros ancestros pagaron por esta propiedad 845 pesos fuertes a Juan Crisanto Obregón, quien actuó como comisionado de la Junta Municipal de la Villa de Altagracia”, precisó en su momento Francisco Ortiz, uno de los isleños que puede ser afectado.
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