Asalto a la Constitución

Un batallón de funcionarios y ex funcionarios, atrincherados en los cuatro poderes del Estado, se ha tomado por asalto la Carta Magna. Han borrado algunos artículos constitucionales, revivido otros más u obviado algunas disposiciones, desnudando por completo la institucionalidad en Nicaragua e imponiendo un Estado de facto

14/11/2010

 La Asamblea Nacional ha sido la institución más golpeada por la ofensiva anticonstitucional que busca la reelección de Daniel Ortega.

En un ataque dirigido desde los cuatro flancos del Estado, la Constitución Política de Nicaragua ha sido “remendada”, de hecho, en un 10 por ciento.

El presidente Daniel Ortega, los magistrados judiciales y electorales, así como los diputados, han violentado al menos 20 de los 202 artículos que tiene la Carta Magna, imponiendo en Nicaragua un Estado de facto, de acuerdo con juristas consultados por LA PRENSA.

Las transgresiones se han realizado en los últimos dos años, dejando al Poder Ejecutivo como el que más veces ha violado la Constitución, pero serían el Electoral y Judicial los que han cometido los más graves fallos, con un fraude en 2008 y una reforma de hecho en 2009, respectivamente.

El Poder Legislativo es el que más atropellos ha sufrido. El artículo 138 de la Constitución, que otorga una serie de facultades al parlamento, ha sido golpeado de muerte en nueve ocasiones. Ningún otro artículo de la Carta Magna fue atropellado con tanta insistencia.

“En Nicaragua estamos frente a lo que puede denominarse un Estado con poder fáctico. Hay estados fácticos que se imponen por la fuerza y hay otros que, sin llegar por la fuerza al poder, se imponen bastando con que uno de los poderes —tal es el caso del Ejecutivo en Nicaragua— explicite o incluso imponga sus deseos para que se conviertan en realidad”, indicó Óscar Castillo, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Politécnica de Nicaragua.

“¿Cuál es el problema de fondo? Que a partir de 1995, cuando se dan las reformas constitucionales parciales, que reformaron 71 artículos de la Constitución, pero no el 201, se omitió en la publicación de la Constitución el párrafo segundo del artículo 201, pero éste se mantiene vigente (...) esto no es cosa de aceptación, es cosa de vigencia constitucional y esto continúa vigente”. René Núñez, presidente del parlamento, el 7 de abril de 2010, al resucitar un párrafo transitorio y ya derogado de la Constitución de 1987.

El país tiene a una veintena de funcionarios de facto que han costado a los contribuyentes medio millón de dólares, sólo en salarios, entre febrero y noviembre de 2010.

El andamiaje estatal en contra de la Constitución ha tenido un eje central: la reelección en 2011 del presidente Ortega.

En números fríos, el Presidente Ortega —quien ya no acostumbra aparecer en público con una Constitución en sus manos— ha desconocido al menos 13 artículos en más de un centenar de ocasiones. El mandatario ha nombrado a 80 funcionarios sin someterlos a la ratificación del Poder Legislativo, según un informe de la Primera Secretaría del parlamento.

El Poder Electoral, en tanto, ha ultrajado ocho artículos constitucionales. En el Poder Judicial han sido cinco los artículos violados y en el Legislativo tres.

El jurista Omar García señaló que los intereses personales y la política pesan más que el Estado de derecho.

“Tenemos a un Poder Ejecutivo que continuamente inobserva el ordenamiento jurídico, especialmente la Constitución. Un Poder Legislativo que no aplica sus facultades de control político sobre las actuaciones del Poder Ejecutivo. Un Poder Judicial que no opera con criterios técnicos, sino que tergiversa y manipula los instrumentos jurídicos existentes y los adapta a conveniencias particulares en las que prevalecen criterios políticos sobre los jurídicos. Por otro lado, se puede encontrar a un Poder Electoral que no es susceptible de control jurisdiccional de sus decisiones en materia electoral”, analizó García.

De acuerdo con juristas, como Castillo y Antonio Moreno, del Grupo Pro Justicia, el presidente Ortega ha logrado que los demás poderes del Estado giren en torno a los intereses del Ejecutivo, erosionando la institucionalidad.

“(Alexander) Hamilton dice que el Derecho es lo que los jueces dicen que es, así de sencillo. Nosotros (magistrados judiciales) hablamos por la boca de la ley, nosotros somos los que decidimos la prioridad de los asuntos. Éste (aval a la reelección presidencial) es un asunto prioritario para el país, ¿o no es así? Hay que resolver los problemas políticos”. b Francisco Rosales, al defender la “sentencia reeleccionista”, 19 de octubre 2009.

El deseo de Ortega por reelegirse en 2011, pese a que la Constitución lo prohíbe, llevó a un grupo de magistrados judiciales sandinistas a reformar de hecho la Constitución, en octubre de 2009. Los magistrados judiciales sandinistas prácticamente utilizaron un borrador sobre el artículo 147, que impide la reelección presidencial sucesiva, y “habilitaron” al “candidato” Ortega.

Pocas horas después de emitida la “sentencia 504”, el entonces presidente del Poder Electoral, Roberto Rivas, afirmó que la decisión estaba “escrita en piedra”.

Los diputados opositores de la Asamblea Nacional siguen sin tomar acciones legales en contra de la “sentencia 504”, debido a que una serie de disputas internas y la compra de voluntades los mantienen atados de pies y manos.

“La Asamblea Nacional ha visto cómo el Presidente comete estas acciones, pero la pasividad se debe a que una mal llamada oposición no ejerce bien sus atribuciones contempladas en el artículo 138 de la Constitución, en varios de sus incisos. Dichos representantes se han dedicado más a sus propios intereses que (a fortalecer) el balance de poderes frente a quien detenta el poder mismo”, criticó Moreno.

Pero además de no hacer valer sus derechos, los diputados más bien alteraron la Constitución.

Con lupa en mano, el presidente del parlamento, el sandinista René Núñez, informó en abril pasado que un viejo párrafo del artículo 201 de la Constitución de 1987 estaba vigente.

Núñez dijo que nunca se derogó tal párrafo, por lo cual defendió que una veintena de funcionarios permanecieran en sus cargos, pese a que ya habían cumplido los cinco años para los cuales habían sido electos en el parlamento.

El primer secretario de la Asamblea Nacional, Wilfredo Navarro, acusó a los sandinistas de cometer un atropello en contra de la Carta Magna, y excusó al resto de bancadas en el Legislativo.

“Tenés que quedar claro que la publicación (de la Constitución alterada) que hizo René Núñez no es de la Asamblea, no es de junta directiva, no se discutió y no llenó los requisitos de ley”, mantuvo Navarro.

El jurista Carlos Arroyo, de la Barra de Abogados, propuso la creación de una comisión de notables, para resolver la crisis originada con la resurrección del segundo párrafo del artículo 201 de la Constitución de 1987.

Según Arroyo, Núñez violó el artículo 5 de la Constitución vigente al revivir el 201 de la Carta Magna de 1987, ya que no consultó formalmente al resto de fuerzas políticas antes de ordenar una publicación en La Gaceta.

“Sencillamente nosotros estamos acatando lo de la Sala Constitucional, lo que nos mandata, y es que el ciudadano Presidente y los 105 alcaldes pueden reelegirse en el siguiente período inmediato (...) para mí lo que la Sala Constitucional dice... sí está escrito en piedra”. Roberto Rivas, 19 de octubre de 2009, al acatar la “sentencia reeleccionista” de los magistrados judiciales sandinistas.

El grave desbalance que existe entre los cuatro poderes del Estado ha perjudicado más al Legislativo y Electoral, los cuales han perdido un 20 por ciento de confianza en los ciudadanos, externó por su parte Mauricio Zúñiga, del Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade).

El representante del Ipade consideró que el fraude electoral del 2008 ha sido la más grave violación a la Constitución.

“Es una violación completa, porque se violentó el derecho a la ciudadanía a elegir, a elecciones libres, a protestar de forma organizada, el derecho a la libertad de pensamiento. Además de violentarse las garantías básicas de un proceso electoral”, enumeró Zúñiga estos fallos cometidos.

“El fraude electoral de 2008 supera cualquier otro tipo de violación a la Constitución Política. Lo supera en la gravedad, porque todas las violaciones son graves, pero el impacto del fraude es mayor porque divide a la sociedad, polariza, introduce un elemento de desconfianza y erosiona gravemente una vía cívica y civilizada para resolver los problemas del poder, que si la cerrás y deteriorás, lo que queda es abrir las puertas a la violencia”, advirtió Zúñiga.

Además, el Poder Electoral ahora es acusado de realizar una cedulación segmentada: gratis para los empleados públicos o simpatizantes del partido sandinista y 300 córdobas para el resto de ciudadanos.

“Violentás un principio básico de la Constitución, como lo es la igualdad ante la ley”, precisó Zúñiga.

Para Antonio Moreno, del Grupo Pro Justicia, las reiteradas violaciones a la Constitución y el poder que acumula el Ejecutivo, llevan al Estado de Nicaragua por un turbio camino ya conocido.

“Ésta es una sentencia que ya está grabada en piedra” . Presidente Daniel Ortega, 20 de octubre de 2009, al defender su nueva candidatura a la primera magistratura.     “(Los diputados) están apostando al caos, es mi obligación prevenir y no llegar al caos (...) aquí no estamos usurpando funciones o poderes a nadie. Eso no dice el decreto. En las manos de la Asamblea Nacional está poder resolver este problema, ¿cómo? Pues aprobando los nombramientos”. Presidente Daniel Ortega, 10 de enero 2010, al emitir un decreto que invade funciones del Poder Legislativo.

“El mayor peligro actual se ve que con Poderes del Estado a medias y legisladores que no ejercen bien sus funciones, veremos consolidar más el poder en el Ejecutivo, igual que antes que se hicieran las reformas constitucionales, lo cual nos da la medida que Nicaragua puede encontrarse ante el camino de una senda a una dictadura”, vaticinó Moreno.

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