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Demandan presupuesto para Defensoría Pública

Desde el 2003 iniciaron su labor para atender legalmente y de manera gratuita a los ciudadanos que tuvieran problemas legales, sin embargo después de siete años el trabajo de la Defensoría Pública de Carazo se ha visto limitado por el escaso recurso económico que reciben del poder judicial y del resto de instituciones.

CORRESPONSAL/CARAZO

Desde el 2003 iniciaron su labor para atender legalmente y de manera gratuita a los ciudadanos que tuvieran problemas legales, sin embargo después de siete años el trabajo de la Defensoría Pública de Carazo se ha visto limitado por el escaso recurso económico que reciben del poder judicial y del resto de instituciones.

Según Edén Aguilar, coordinador de la Defensoría Pública de Carazo, el trabajo que se ha realizado durante estos siete años ha sido “con las uñas” y con la caridad de los organismos como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que donó las computadoras con las cuales trabajan.

“No tenemos una oficina propia, el juez nos acondicionó este espacio que es muy reducido para cuatro personas, no hay privacidad de parte de la personas que vienen a exponer su caso, también no tenemos teléfono que es muy importante en nuestro caso, a veces tenemos que hacer de conserje y cuando tenemos que realizar visita de campo para darle continuidad a los casos, en reiteradas ocasiones hemos puesto de nuestra bolsa para la gasolina”, afirmó.

El funcionario dijo que “tenemos menos de un mes de estar atendiendo casos sociales que incluyen de manera directa a la familia, como arreglos de pensión alimenticia que son los más comunes, hay mucha paternidad irresponsable, también atendemos violencia intrafamiliar, abusos a menores, trata de persona y después de llevar el juicio le damos continuidad”, aseveró.

El funcionario agregó que a pesar de tener siete años de existencia, muchas personas desconocen el trabajo que realizan, sobre todo para apoyar legalmente a todas aquellas personas de escasos recursos económicos que no pueden dar continuidad a los conflictos por la vía legal porque no pueden pagar un abogado, por falta de dinero.

Departamentales Defensoría Pública Usaid archivo

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