Abuso policial, falta de respeto al Estado de Derecho, corrupción y politización generalizadas del sistema judicial en Nicaragua, son algunos de los aspectos criticados en un reporte sobre derechos humanos publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
El informe fue entregado por funcionarios de esa sede diplomática en Nicaragua a la comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional.
La corrupción y la politización, de acuerdo con el reporte, no son exclusivas del Poder Judicial, sino que también se extienden al Consejo Supremo Electoral (CSE) y otros organismos del Gobierno.
Por su parte miembros de la comisión legislativa también hicieron sus propias observaciones, destacando que existe violación a la Ley Electoral por parte del Gobierno y bloqueo de publicidad electoral a los medios de comunicación independientes.
Asimismo, el informe oficial del Departamento de Estado se refirió al fraude y abusos generalizados en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) durante los comicios municipales, y también se menciona la intervención del Gobierno en las elecciones regionales efectuadas en marzo pasado.
El reporte también lamentó el deterioro de la libertad de expresión y de prensa en Nicaragua, haciendo énfasis en la intimidación y acoso del Gobierno a los periodistas.
“Los medios de comunicación independientes estuvieron activos y expresaron una variedad de puntos de vista. Sin embargo, el Gobierno buscó restringir la libertad de los medios mediante acoso, censura, aplicación arbitraria de las leyes de difamación y el uso de justificaciones de seguridad nacional para evitar el reportaje”, apuntó el informe.
En el reporte sobre derechos humanos se recoge el daño causado a la imprenta de LA PRENSA el 19 de noviembre del año pasado, denunciado por Jaime Chamorro como un posible sabotaje por motivos políticos.
Esa misma situación es observada con los organismos no gubernamentales, así como el incremento de violencia contra la mujer, discriminación contra minorías étnicas y comunidades indígenas, y violación a los derechos sindicales.
“La Constitución establece que la Policía Nacional es una institución apolítica, independiente, que por ley protege a todos los ciudadanos por igual. Grupos de derechos humanos y otras ONG se quejaron de que en la práctica el presidente (Daniel) Ortega continuó usando su posición de comandante en jefe y a sus representantes en la institución, para politizar los asuntos de la Policía Nacional”, señaló el reporte.
Ver en la versión impresa las páginas: 2 A