BUENOS AIRES/AFP
La presidenta argentina Cristina Kirchner tendrá que administrar el Estado por decreto en 2011, el último año de su gobierno, debido a que un robusto frente de fuerzas de derecha, centroizquierda y peronistas disidentes bloqueó la ley de presupuesto en el Congreso.
La decisión fue tomada al fracasar la aprobación del proyecto en la Cámara de Diputados, luego de tres meses de discusiones en comisión y un plenario esta semana, que terminó en escándalo, denuncias de presiones indebidas del Gobierno y una bofetada de una opositora a un legislador oficialista.
“No vamos a llamar a sesiones extraordinarias para tratar el Presupuesto”, anunció por TV el ministro del Interior, Florencio Randazzo.
Por lo tanto, el mecanismo institucional que empleará la jefa de Estado será prorrogar el presupuesto 2010 y actualizar la ejecución por decreto, lo cual no es raro en Argentina desde la restauración de la democracia en 1983, pues sólo cuatro veces se aprobó en tiempo y forma la Ley de Leyes.
La Unión Cívica Radical (UCR, socialdemócrata), primera oposición en diputados y el Senado, había anunciado poco antes estar dispuesta a dar quórum para debatir el presupuesto si Kirchner aceptaba introducir modificaciones.
Pero la propuesta de la UCR cayó en saco roto a raíz de que la mandataria se rehúsa a negociar con la oposición, estilo de cogobierno matrimonial que impuso junto con su extinto marido, Néstor Kirchner, líder peronista y Presidente entre 2003 y 2007.
El proyecto oficial, presentado para el año en que los argentinos volverán a elegir presidente en octubre, prevé un crecimiento de la economía de 4.3 por ciento y una inflación anual de 8.9 por ciento, con un peso que se devalúa de 3.99 a 4.10 por cada dólar.
Respaldada por el poderoso sector sindical del gobernante peronismo y otros aliados, Kirchner contempló volver a pagar deuda pública con reservas del Banco Central (autoridad monetaria) como en 2010.
La oposición objetó este uso de las reservas monetarias y también la pauta inflacionaria, debido a que el organismo oficial de estadísticas INDEC está denunciado en la Justicia por manipularlas.
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