Las denuncias en contra de miembros del Comité Técnico del Instituto Regulador del Transporte Municipal de Managua (Irtramma) continúan saliendo a la luz pública.
Ya no se limitan sólo a presuntos casos de estafa por compra y venta de placas de taxis, sino que incluyen acusaciones por cobro de “gestiones” para exoneraciones de impuestos.
La Ley de Transporte Terrestre y la Ley de Cooperativas señalan que un concesionario de taxi tiene derecho a recibir una exoneración para la importación de vehículos, o por la compra de una unidad que estaba en un almacén fiscal, para posteriormente circular bajo la modalidad de servicio de transporte.
Sin embargo, las mismas leyes establecen un procedimiento legal para obtener la exoneración, lo cual implica gestionar constancias ante el Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop), el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Dirección General de Servicios Aduaneros y el Irtramma.
A pesar de los procedimientos establecidos, dos miembros del Comité Técnico del Irtramma recibieron dinero por realizar “trámites” de exoneraciones.
El presidente de la Cecootrain, Gerardo Ferrey, y el representante de la Cooperativa Madre Tierra, Julio Avendaño, han sido acusados y enfrentan procesos judiciales por cobrar más de mil dólares por la venta de placas de taxis, que nunca fueron entregadas.
Ambos son miembros del Comité Técnico del Irtramma, una institución de la Alcaldía de Managua dirigida por la alcaldesa designada, la sandinista Daysi Tórrez.
Sin embargo el director del Irtramma, Francisco Alvarado, ha defendido que las denuncias sólo son “politiquería barata”.
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