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La violencia contra las mujeres

Ayer fue el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, cuya conmemoración se extiende durante dos semanas, hasta el 10 de diciembre, que es la fecha cuando se celebra el Día Mundial de los Derechos Humanos.

El problema de la violencia contra las mujeres es muy diferente, por su naturaleza y sus formas, al tema de la defensa de la soberanía nacional en sus aspectos popular y territorial. Sin embargo se trata de una lacra humana y social tan grave y repugnante, que debería motivar una indignación generalizada y el mismo consenso nacional que se ha formado alrededor del conflicto con Costa Rica por el río San Juan. En realidad, así como es muy importante la soberanía popular —que presupone entre otros bienes jurídicos el derecho a elegir libremente a los gobernantes, sin trampas legales ni fraudes electorales— , lo mismo que la soberanía nacional en su sentido de integridad territorial, también tiene una gran significación la soberanía de la mujer, su dignidad de género y sobre todo de persona humana.

Ciertamente, la violencia contra la mujer — que a juzgar por los estudios de las organizaciones femeninas ha aumentado en el país en vez de disminuir— debería motivar a todas las fuerzas sociales y políticas a unir sus esfuerzos en la lucha por contener y erradicar esa “pandemia del siglo XXI”, como es calificada a nivel internacional la agresión que sufren las mujeres en todas partes del mundo.

Ahora bien, sin perjuicio de que en la lucha contra la violencia que sufren las mujeres se debe involucrar toda la sociedad, ante todo es al Estado y al Gobierno que les compete fortalecer los mecanismos institucionales para combatirla y disuadirla. Pero no lo hacen, y en este sentido hay que señalar que también por este motivo es necesario cambiar a los gobernantes de Nicaragua, pues por su cultura social atrasada y patriarcal, y por su ideología machista, ellos toleran la violencia de género, o al menos, como aseguró ayer Amnistía Internacional, no ayudan suficientemente a reconstruir sus vidas, a las personas que sufren abusos de género y sexuales.

Al respecto, en el mensaje que dio a conocer públicamente con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua (MAM), vincula este grave problema social con la violencia institucional que sufre el país. Aseguran las mujeres del MAN que “de la misma manera que no es admisible la impunidad de golpeadores, violadores y asesinos de mujeres y niñas, no es admisible tampoco la impunidad de quienes violan la Constitución y las leyes, malversan los fondos públicos, destruyen la democracia, roban los votos y reprimen los derechos de la ciudadanía”. Y agregan que “el comportamiento político de los regímenes autoritarios es la otra cara de la moneda de la violencia que ejercen los hombres sobre las mujeres, puesto que sus relaciones con la ciudadanía se estructuran por medio del llamado “ciclo de la violencia”, similar al que suelen vivir las mujeres en sus relaciones de pareja”.

Las ciencias políticas enseñan que los políticos gobernantes dirigen el Estado y la sociedad, no sólo mediante las leyes, sentencias judiciales, disposiciones administrativas y actos coercitivos, sino también con el ejemplo de sus actos y su conducta, tanto en el ejercicio de sus funciones oficiales como en el ámbito de su vida privada que trasciende al público. De modo que si los gobernantes conducen el país y la sociedad democráticamente, si ajustan sus actuaciones a las reglas del Estado de Derecho, si respetan las libertades individuales y los derechos humanos y se comportan honorablemente, entonces también los ciudadanos tenderán a comportarse de manera cívica, respetuosa de la autoridad y de los derechos de los demás.

Es que el ejemplo y la conducta de los particulares influyen sólo en el ámbito de sus relaciones personales. Pero el ejemplo de los gobernantes genera pautas de comportamiento social, influye sobre lo que se permite y lo que no se admite, produce o fortalece costumbres que según el caso pueden ser democráticas o autoritarias, pacíficas o violentas, respetuosas de la condición humana y de género de la mujer, o agresivas contra ella.

Estando el país gobernado por alguien que fue acusado de practicar violencia intrafamiliar en una de sus peores manifestaciones, y no probó su inocencia sino que se amparó en la prescripción legal del delito para evadir la justicia, no se puede esperar que la violencia contra las mujeres disminuya, sino que aumente, como en efecto se ha incrementado.

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