La presidenta de la Comisión de Probidad de la Asamblea Nacional, Miriam Argüello, afirmó que el presidente de facto del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, es un ciudadano común que debería enfrentar un proceso judicial ante señalamientos de corrupción.
Sin embargo, reconoció que no puede ser juzgado, debido a una situación irregular derivada de “un supuesto decreto y un supuesto artículo de la Constitución transitorio que está vigente”.
Dijo que “al tener” al ex magistrado Rivas, amparado en esas figuras emitidas por el presidente Daniel Ortega y sus afines en los poderes Judicial y Legislativo (por sentencias y publicaciones en La Gaceta), que a su juicio no tienen asidero legal, los tribunales correspondientes se abstendrían de impulsar cualquier proceso en contra del presidente de facto del Poder Electoral.
“Estamos viviendo actualmente un sistema de derecho completamente anómalo”, precisó Argüello.
CAMPEA IMPUNIDAD
Es ante esa situación, y el hecho que actualmente no existen los mecanismos para destituir a un funcionario público, que la diputada estima que no es factible iniciar una investigación contra el ex magistrado Rivas, ya que lo único que se podría hacer es pedir que se le suspenda la inmunidad para que responda como un “ciudadano común y corriente”, pero reconoció que tampoco hay los 56 votos para lograr ese objetivo en el Poder Legislativo.
“¿Cómo voy a estar de acuerdo con eso? (señalamientos de corrupción), ¡de ninguna manera!, es más, a nivel personal, si llevan la candidatura de este señor a la Asamblea Nacional para ser reelecto, yo voto en contra, porque yo considero que es una persona que no es calificable para estar desempeñando la función pública”, aseveró la dirigente histórica del conservadurismo.
Argüello reveló que ya está casi concluido el dictamen sobre el Código de Ética sobre la función pública, el que contendrá además de causales, los procedimientos de destitución de todo aquel funcionario que esté implicado en actos de corrupción.
La parlamentaria, quien es aliada de la bancada oficialista, confía en que el dictamen será presentado antes que concluya la presente legislatura en la Asamblea Nacional, para tratar de que se apruebe en el menor tiempo posible.
POLÍTICA DE CORRUPCIÓN
Por su parte, Azahálea Solís, del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), considera que en Nicaragua hay una política de corrupción y no para romper o erradicar la misma, la que en el caso del magistrado de facto obedece al pago de un favor político.
“El fraude electoral tenía su precio, y el precio es permitir todos los beneficios económicos que el señor Rivas permanentemente tiene, este señor ya debería estar procesado por el fraude electoral, este señor debería estar procesado por un montón de hechos que ha cometido desde su cargo”, observó Solís.
Para Hugo Torres, del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), el ex magistrado Rivas compite por ocupar el primer lugar “de las personas más corruptas de Nicaragua”, amparado en la protección brindada por el presidente Ortega, ya que permite que “usurpen cargos” a pesar de tener sus períodos vencidos , de acuerdo con lo establecido en la Carta Magna.
“Corrupción por todos lados, ahí donde se toque sale pus”, indicó Torres.
Agregó que la actuación del ex magistrado Rivas devela un acto de corrupción doble; primero por el “oscuro origen” del dinero con el que aparentemente adquirió la aeronave con matrícula N347GA, y segundo, por utilizar a un proveedor de ese Poder del Estado, al cual también favoreció con compras.
Tanto Torres como el diputado Enrique Sáenz coincidieron que no es novedad las denuncias de corrupción contra el ex magistrado Rivas, porque no son las primeras y no cree que sean las últimas.
Sáenz demandó a Rivas explicar sobre el “robo” de las elecciones municipales, así como el uso de 37 millones de córdobas de un crédito que concertó sin ninguna autorización.
“Gente que está usurpando cargos que ya es un delito, y en consecuencia son delincuentes, no se puede esperar más que sigan cometiendo delitos, hasta que nosotros los nicaragüenses lo permitamos”, expresó Sáenz.
El diputado Maximino Rodríguez demandó a la Contraloría y a la Fiscalía emprender una investigación para aclarar las irregularidades que se han evidenciado en ese Poder del Estado, a través de ex funcionarios públicos, encabezados por Rivas.
“Debería haber interés de dirimir cualquier situación que haya”, mencionó Rodríguez, recordando que el Código Procesal Penal establece la investigación de oficio para determinar si se infrigió la ley.
El diputado liberal Wilfredo Navarro aseguró que ese tipo de actuaciones descalifica aún más al CSE como rector de un proceso electoral, ya que afecta la confianza de una transparencia institucional.
Añadió que lo que ocurre en el CSE es una constante en el resto de instituciones estatales, controladas por el oficialismo.
“Donde se mezclan el favoritismo, las prebendas, la sinecura, donde está de por medio los vínculos familiares, los vínculos de compadrazgo y se irrespeta totalmente la ética en el manejo que deben de tener los funcionarios; y priva principalmente el afán de lucro y el enriquecimiento sin límites por parte de los funcionarios de Ortega”, formuló Navarro.
DIVERSOS DELITOS Y QUE EXPLIQUE LOS 37 MILLONES
A juicio de Gustavo García, miembro de la Asociación de Abogados Democráticos, el ex magistrado Rivas ha cometido diversos delitos, entre ellos el malversar fondos del erario público nicaragüense.
“Y se ha enriquecido ilícitamente, utilizando influencias como funcionario de Estado, este señor no tiene ya moral, no conoce la moralidad, no conoce la ética, él ha cometido violaciones incluso a los Tratados Internacionales”, indicó García.
García anunció que prepara un informe en el que solicitará, la próxima semana, a la Contraloría General de la República, que inicie una auditoría en el CSE, en el que no duda que los resultados reflejen que ha desviado fondos a su cuenta personal.
García dijo que prueba de ello es la falta de explicación de la deuda por 37 millones de córdobas, razón por la cual los diputados han decidido congelar los recursos que cubrirían ese crédito, hasta tanto no se explique en qué se utilizaron, y considera no deben ser los únicos.
“Eso te indica que hay una corrupción total en el CSE, y es producto de toda la barbaridad que están haciendo con ese famoso artículo 201, que no existe en la Constitución Política, de mantener a personajes que están señalados de corrupción en las instituciones del Estado”, declaró García.
Los juristas están conscientes que a pesar de la falta de voluntad de las instituciones por procesar denuncias de corrupción contra funcionarios públicos, en este caso el ex magistrado Rivas, existe una “esperanza” al tomar distancia el Ministerio de Hacienda, del crédito adquirido por ese Poder del Estado (los 37 millones de córdobas que el CSE pretende poner en la deuda interna del país), y el mismo ha provocado que los diputados hayan congelado los fondos para honrar ese crédito.
En lo que respecta al proceso que los Abogados Democráticos impulsaban en Costa Rica, comentó que se encuentra en un impasse, ya que el ex magistrado fue citado a comparecer ante la Fiscalía de ese país, pero éste procedió a nombrar a su abogado defensor, pero en Nicaragua, lo que no es reconocido en el país vecino, y mientras no se presente no podrá continuar el proceso.
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