El Gobierno de Nicaragua incumplió uno de los últimos compromisos que hizo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), suscritos en la Carta de Intención que presentó ante este organismo.
En la Carta de Intención, el gobierno de Daniel Ortega se comprometió a lograr la regulación del sector de microcrédito antes de finalizar el año 2010, lo que no será posible porque la negociación del tema está trabada.
El punto número trece del documento indica que “con el objetivo de robustecer la supervisión, transparencia y eficiencia del sector” microfinanciero y de cooperativas, el Gobierno “antes de fin de noviembre de 2010 buscará la aprobación de una Ley que regule y ordene al sector”.
Pero la Ley de Microfinanzas, que vendría a dar la regulación, no logra alcanzar el consenso entre el sector privado, los legisladores, el Gobierno y la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF).
ASOMIF Y SIBOIF ENFRENTADAS
Alfredo Alaniz, director ejecutivo de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas (Asomif), dijo que el desacuerdo persiste sobre la autoridad que supervisará a las microfinancieras.
La SIBOIF insiste en regular a las financieras con un capital mayor a 2 millones de dólares y que el resto quede bajo la supervisión del Ministerio de Gobernación (Migob).
“Esto, además de violar el principio de igualdad ante la ley, manda a un sector de las microfinancieras, por su tamaño, a ser reguladas y supervisadas por un organismo del gobierno (Migob) que carece de las facultades para ello, tal como lo ha reafirmado la Corte Suprema de Justicia en sendas resoluciones”, sostuvo Alaniz.
A las diferencias se agregó la posición de la SIBOIF, que pretende dejar a las microfinancieras con la única actividad de otorgar microcrédito, ya que la propuesta de ley que hace les elimina el poder de dar asistencia técnica y otros servicios financieros, como recibir y pagar remesas, seguros y pagos de servicios.
Para Alaniz, la ley, que se proponía ser de fomento particularmente para los micro y pequeños productores y empresarios del campo y la ciudad, “carece de tal propósito e ignora la diversidad de necesidades y características particulares de los sectores marginados”.
Considera que lo propuesto por la Superintendencia la “convierte en una ley discriminatoria en beneficio exclusivo del sistema bancario corporativo”.
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