Especial para LA PRENSA
II y última Entrega
En vano resultó el viaje de 13 horas que Anselma Leal Taylor, de 56 años, emprendió el pasado 22 de septiembre rumbo a Bilwi, donde se presentaría en un Juicio Oral y Público contra uno de los cuatro hombres que en el año 2008 la golpearon hasta dejarla inconsciente, la intentaron violar y abusaron sexualmente de una de sus hijas.
Ese día una capacitación en Managua para los jueces de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) impidió que Anselma accediera a la justicia por los hechos registrados el 2 de mayo de 2008, cuando su esposo salió a sembrar frijoles y las dejó, a ella y una de sus hijas, solas en casa cuidando varios quintales de frijoles. Momento en que los cuatro hombres, armados de machete, procedieron a entrar a la casa con la única intención de violar a las dos mujeres.
“Yo pelee con ellos como una hora. Me rompieron mi falda, me pegaron en las piernas, pero no lograron violarme. Yo les decía que se llevaran el frijol que nada íbamos a hacer, pero ellos me decían cosas feas y me tiraban piedras en la cara. Se enojaron más cuando los reconocí, porque ellos le prestaron a mi marido varias herramientas para que fuera a trabajar el frijol”, recuerda Anselma.
Esa noche de agresión terminó cuando los hombres abusaron de una de sus hijas y huyeron de la casa llevándose un quintal de frijoles.
Sin embargo para Anselma comenzaba un largo camino por recorrer en busca de justicia para ella y su hija. Un proceso que después de dos años no ha finalizado y que sorprendentemente no ha abandonado, como hacen muchas de las mujeres de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN).
- Datos de la Comisaría de la Niñez, Mujer y Adolescencia de la Policía Nacional, revelan que durante los primeros ocho meses del año se recibieron 1,761 denuncias en las denominadas Zonas Especiales. correspondientes a Bilwi el 53 por ciento, Bluefields con 28 por ciento y Río San Juan con 19 por ciento.
De acuerdo a la capitán María Elena Vado, jefa del Departamento Asesoramiento y Control de la Comisaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia, se iniciará la puesta en práctica de un modelo integrado que pretende reducir el número de visitas de las mujeres de las comunidades, así como ofrecerle una atención especializada.
“Tenemos el Proyecto Piloto de Modelo Integrado de Atención a la Violencia. Puerto Cabezas ha sido beneficiado con este modelo único, prácticamente va a reunir lo que es la comisaría, el médico forense, toda la atención especializada para que la víctima a la hora de interponer su denuncia automáticamente pase con el médico forense, se concluya el proceso y poder interponer ante el Ministerio Público la causa”, confirmó.
Hazel Law, magistrada del Tribunal de Apelaciones en Puerto Cabezas, considera que se debe trabajar por una unificación de derechos, que incluya con respeto y no menosprecio tanto el Derecho Consuetudinario, el Derecho Positivo (Leyes) y los derechos de las mujeres.
Pero para poder alcanzar esa unificación se “necesita con voluntad promover coordinaciones con las entidades del Estado, las organizaciones de mujeres, las autoridades comunales y el Poder Judicial, porque los derechos están ahí, pero necesitamos pequeños acuerdos”.
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“Hacer un recorrido de la ruta de la justicia de las mujeres víctimas de violencia es hablar de un largo y cansado proceso en el que el ideal sería que termine con una sentencia firme de Estado, pero eso no ocurre. Hay bastante impunidad y el Estado no acciona de forma inmediata”, se queja la investigadora Arelys Barbeyto, docente de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (Uraccan).
PRIMEROS PEGONES
La primera instancia en el acceso a la justicia es la Policía Nacional, en este caso las Comisarías de la Mujer, Niñez y Adolescencia. Sin embargo esta institución no tiene presencia en todas las comunidades de la RAAN y aunque han intentado acercarse con las llamadas Comisarías Móviles o Delegaciones Comunitarias, no siempre ha funcionado pues la droga ha ganado más terreno y, en algunos casos, se han visto obligados a salir de la zona para poder resguardar sus vidas.
“A veces nos olvidamos que estamos en una región multiétnica donde en los procedimientos la gente empieza quejándose en su comunidad, no va como primera instancia a la Policía o a la Comisaría; viene a la Comisaría hasta como en el tercer espacio”, dice Barbeyto, en alusión a la justicia que las mujeres buscan en los whitas y que al no encontrarla, pues no siempre los arreglos verbales se cumplen, buscan apoyo en la Policía.
En el Derecho Consuetudinario La administración de justicia está en manos de un juez o whita, como se le llama en lengua miskita. Parte de sus funciones es velar por el bienestar comunitario, hacer cumplir el orden y las sanciones que ha impuesto en los casos que son ventilados directamente ante su autoridad.
Llegar ante la primera instancia de justicia que ofrece el Estado, es decir a la Policía o la Comisaría de la Mujer, representa una inversión en tiempo y dinero, que las mujeres de la RAAN no poseen. Primero porque para salir de las comunidades deben caminar como mínimo tres horas hasta una zona donde puedan abordar un bus en el cual viajarán al menos 10 u 11 horas hasta llegar a su destino. Otras viajan por agua.
A esto sumado el costo monetario alrededor de 300 córdobas por persona. Anselma, en su viaje frustrado invirtió 500 córdobas, para que ella y su hija estuvieran presentes en el juicio del único detenido. Para ella y su familia, que vive de la siembra de frijoles, representó (en ese momento) la venta de al menos tres quintales de frijoles. Y ése no ha sido, ni será el único viaje que deberá realizar para acceder a justicia.
“La región nuestra la dificultad, las barreras en el Estado para acceder a la justicia están dadas por la lejanía, somos dispersos y culturalmente diversos”, explica Barbeyto.
El 75 por ciento de la población en la RAAN es del área rural, distribuida en 432 comunidades localizadas principalmente a orillas de ríos y zonas costeras, con difíciles vías de acceso y altos costos de movilización para las mujeres que requieren desplazarse a los centros urbanos para demandar el ejercicio de sus derechos.
EL IDIOMA OTRA BARRERA
De no desistir del proceso ante la primera instancia que supone constantes viajes a la Policía Nacional y el Instituto de Medicina Legal, las mujeres se enfrentan a una nueva barrera para acceder a justicia en el Ministerio Público y los Juzgados: el idioma.
“Existe otra cuestión que desfavorece el acceso a la justicia y tiene que ver con que la comunidad no te habla español y en la Fiscalía todos los fiscales solo te hablan español, entonces no hay un presupuesto asignado para que cada fiscal tenga su traductor, por lo menos y hay solo un traductor para la Fiscalía, y necesitamos que ese traductor esté capacitado en el tema”, demanda Shira Miguel, coordinadora del Movimiento de Mujeres Nidia White.
Lo mismo ocurre en el caso de los Juzgados donde solamente existe un traductor, de quien aseguran “traduce mal”, pues no se trata de una persona formada en la especialidad de Perito Traductor, además que al estar presente en un juicio, supone la ausencia en otro juicio donde las personas involucradas no dominan el español.
“Nosotros en los juicios nos alteramos, porque el Juez no habla miskito, el Fiscal no habla miskito, la Defensa no habla miskito, pero la víctima es miskita, entonces su relato y el testimonio de su testigos son en miskito y te ponen a un traductor que traduce la mitad de lo que la víctima y los testigos están diciendo, entonces no podes culpar al Juez al emitir un veredicto en favor del agresor, si él está captando lo poco que le están diciendo”, revela Miguel.
“Cuando hacemos este tipo de abordaje se considera indigno que las mujeres sigan siendo tratadas en la zona rural por los whitas, sin embargo yo creo que ante las limitantes de acceso a la justicia del Estado lo que hace es reforzar esos mecanismos de impartición de justicia en las comunidades”, reflexiona Barbeyto.
Anselma por ahora no piensa desistir, aunque en un español forzado dice estar cansada de “viajar y viajar” de “gastar y gastar” sin resultado positivo alguno, y ahora también teme por su vida y la de su familia, pues en su búsqueda de justicia ha recibido constantes amenazas de muerte.
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