El diputado Mario Valle, aliado del gobernante Frente Sandinista (FSLN), reiteró ayer que no va a presentar su declaración de probidad, aunque dijo que lo haría si los accionistas de LA PRENSA presentan las de ellos.
Valle amenazó con impulsar una acusación contra LA PRENSA por “maltrato a sus empleados”.
En un receso de la sesión de ayer en el Parlamento, Valle se negó a responder preguntas de los periodistas de LA PRENSA, pero habló con reporteros de otros medios de comunicación.
El diputado dijo sentir lástima por el periodista de LA PRENSA, Octavio Enríquez, quien reveló tras una investigación que Valle y el embajador Tomás Borge fueron favorecidos con un préstamo de 1.6 millones de dólares por el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), cuya garantía fue un terreno de 417 varas cuadradas en el barrio Largaespada de Managua, que incluso estuvo a nombre de Marcela Pérez Silva, esposa de Borge.
Valle dijo ayer que la investigación de Enríquez era producto de un acoso dirigido por los directivos de LA PRENSA, para que “pidiera” su declaración de probidad y así conocer sus posesiones.
“Es fácil estar acusando, es fácil estar ocupando las páginas de un periódico y es fácil estar ocupando a un periodista que no tiene ninguna culpa, quiero decir que es una crueldad”, comentó Valle, quien hasta hoy no ha explicado cómo logró dinero del Estado para favorecer su negocio privado, una clínica previsional.
EVITA EL ASUNTO PRINCIPAL
El diputado insistió en que no hará pública su declaración de probidad, como solicitó LA PRENSA a la Contraloría de la República, porque la considera parte de su vida privada, a pesar de ser un funcionario público pagado con los impuestos de los ciudadanos y favorecido por préstamos de una entidad estatal.
Un argumento similar ha utilizado el presidente de facto del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, para no responder por los señalamientos de corrupción en su contra.
Valle dijo que le preocupaba cómo a los periodistas los “lanzaban” para conocer sobre su vida personal.
El parlamentario, quien también es dueño y rector de la Universidad de Managua (U de M), puso como condición, para dar a conocer su declaración de probidad, que los empresarios privados, dueños de LA PRENSA, también publiquen las suyas.
Las declaraciones de probidad son exigidas por ley a los funcionarios públicos.
“Mi declaración de probidad está lista para ser sometida a una firma (de auditores), a como yo también quiero que ellos dispongan su patrimonio y que nos revisen”, dijo Valle evadiendo el tema de los señalamientos de corrupción en su contra.
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