Entre los diversos aspectos controversiales que se encuentran en los tres proyectos de leyes militaristas y de seguridad, que Daniel Ortega presentó el miércoles pasado ante la Asamblea Nacional con la petición de que fueran aprobadas con el trámite de urgencia, se encuentra el posible restablecimiento del servicio militar obligatorio. Y no es por casualidad que esto es lo que ha provocado la más viva reacción y lo que se ha destacado en las informaciones internacionales.
Tanto el Instituto de Estudios de Estrategias y Políticas Públicas (IEEPP) como algunas organizaciones defensoras de derechos humanos, diputados, políticos de oposición y ciudadanos comunes y corrientes, han manifestado el temor de que en el paquete de las tres leyes militares y de seguridad nacional y fronteriza que Ortega quiere aprobar de manera apresurada, subyace o podría estar escondida la intención de revivir el servicio militar obligatorio.
El jefe de la bancada del Frente Sandinista en la Asamblea Nacional, diputado Edwin Castro, trató de apaciguar esa grave preocupación pública, asegurando que: “En ningún momento se pretende violentar la Constitución, que prohíbe el reclutamiento, ni violentar los derechos; por el contrario, tiene (el paquete de tres leyes militares y de seguridad propuestos por Ortega con carácter de urgencia) el máximo respeto a los derechos fundamentales, a la subordinación del Ejército al poder civil del Presidente de la República”.
Pero, ¿se puede creer en las palabras de los representantes del régimen orteguista y del mismo Daniel Ortega? Por supuesto que no. La verdad es que si han sido capaces hasta de resucitar una disposición constitucional transitoria extinta hace más de veinte años, para allanar el camino a la candidatura de Ortega a otra reelección presidencial que está expresamente prohibida por el artículo 147 de la Constitución, ¿por qué no podrían revivir el servicio militar obligatorio y la militarización de la sociedad que, como se puede ver en Venezuela parece ser indispensable para imponer el totalitario “socialismo del siglo 21”?
Es cierto que en Nicaragua el servicio militar obligatorio está expresamente prohibido por la Constitución, en su artículo 96, que textualmente dice: “No habrá servicio militar obligatorio y se prohíbe toda forma de reclutamiento forzoso para integrar el Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional”. Sin embargo, en el artículo 1 de la misma Constitución está señalado que: “La independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional son derechos irrenunciables del pueblo ” y que: “Es deber de todos los nicaragüenses preservar y defender estos derechos”.
De manera que con su acostumbrada práctica de retorcer la Constitución y las leyes para ajustarlas a sus intereses, Ortega podría restablecer el servicio militar obligatorio determinando por medio de sus magistrados y diputados, que el artículo 1 de la Constitución está por encima del artículo 96. Además podrían alegar que el reclutamiento forzoso no sería para integrar el ejército o la policía, que es como lo prohíbe literalmente la Constitución, sino para integrar algunas, pongamos por caso, “fuerzas especiales para la preservación y defensa de la independencia y la soberanía nacional”.
El servicio militar obligatorio fue establecido, con el eufemismo de “patriótico”, en la Constitución sandinista de 1987, artículo 96. Pero la presidenta democrática Violeta Barrios de Chamorro lo suspendió el mismo día de su toma de posesión, el 25 de abril de 1990, mediante el decreto presidencial 4-90 publicado en La Gaceta del 8 de marzo de ese año. La abolición del servicio militar obligatorio era uno de los clamores más sentidos de la población, y por lo tanto punto cardinal del Programa de Gobierno de la UNO y personalmente de doña Violeta. Y ella pudo suspenderlo mediante el decreto mencionado, porque la Constitución sandinista decía que el servicio militar “se establece de acuerdo con la ley”. De manera que fue suficiente derogar la ley del servicio militar obligatorio para que éste dejara de aplicarse. Después, en la reforma constitucional de 1995 el servicio militar obligatorio fue abolido para siempre, o al menos hasta ahora, cuando su sombra siniestra amenaza otra vez al pueblo nicaragüense.
Hay quienes creen que Daniel Ortega no va a ser tan insensato como para resucitar el servicio militar obligatorio, sabiendo que por no haberlo abolido en 1989 fue que perdió la elección presidencial del 25 de febrero de 1990. Pero ¿quién ha dicho que los caudillos y los dictadores de cualquier clase se distinguen por su sensatez y que aprenden las lecciones de la historia?
La verdad es que la única manera de detener al orteguismo es venciéndolo en las elecciones. Y el rechazo al militarismo y al servicio militar obligatorio debe ser una de las principales banderas para derrotarlo.
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