Desinterés es lo que demuestran casi todas las autoridades al no querer esclarecer la situación del préstamo de 37 millones de córdobas, solicitado a un banco por el Consejo Supremo Electoral (CSE) y que ahora pagarán todos los nicaragüenses al haberse convertido en deuda pública.
El presidente de facto de la Contraloría General de la República (CGR), Guillermo Argüello Poessy, no hizo ninguna propuesta con relación a una posible investigación sobre el crédito que asumió el CSE con un banco para financiar supuestamente una contraparte nacional del proceso de cedulación y modernización del Registro Civil, en el que el Reino de España invirtió 5.9 millones de dólares.
“No hice ningún planteamiento ya que este caso lo está conociendo la Fiscalía en la vía penal y esperaremos a que el señor Fiscal tomé una decisión”, dijo Argüello respecto a la reciente denuncia contra el presidente de facto del CSE, Roberto Rivas Reyes.
“Además, la Asamblea Nacional ordenó entregarle el dinero (C$$ 37 millones) sin ni siquiera preguntar quién es el acreedor”, se justificó Argüello.
El contralor de facto mezcló el tema de los 37 millones de córdobas con las denuncias ante la Fiscalía por supuesto enriquecimiento y actos de corrupción en la Administración del presidente de facto del CSE, Roberto Rivas Reyes.
La denuncia por supuesta corrupción la presentaron la semana pasada dos abogados basados en el testimonio de un contratista del CSE que hizo trabajos de remodelación en las residencias de Rivas y otros de sus colegas, además de pagar 507 mil dólares por un avión en el que viaja el ex magistrado y su familia.
En octubre pasado cuando LA PRENSA publicó sobre este endeudamiento que se reflejó en el Presupuesto de la República del 2011, enviado por el Ministerio de Hacienda, Argüello Poessy mostró el mismo desinterés por esclarecer el uso real de los 37 millones de córdobas de parte de los magistrados electorales de facto.
HACIENDA INCUMPLIÓ
El Ministerio de Hacienda incluyó en el registro de la deuda interna estos fondos que el CSE adeuda a un banco privado, sin haber cumplido los procedimientos de la Ley General de Deuda Interna, Ley 477 y su Reglamento.
En esa oportunidad Argüello afirmó que en la CGR no tenía reflejado esos millones en el registro de la deuda pública y que había sido informado por la Dirección de Crédito Público de Hacienda, además que no tenía el decreto presidencial en que se asumirá como deuda pública.
DIPUTADO LANZA “PAPA CALIENTE” A HACIENDA
Mientras tanto, ayer el diputado sandinista y presidente de la Comisión Económica, Wálmaro Gutiérrez, siguió defendiendo la posición sobre que es a Hacienda a quien le corresponde asegurar que se cumplan los procedimientos de endeudamiento público y que el rol de la Asamblea Nacional es el de aprobarlo.
El legislador restó validez a la relación que se hace en que con este préstamo se está obligando a todos los ciudadanos a pagar dos veces por un documento de identidad como es la cédula.
El doble pago se daría porque se deben pagar 300 córdobas para obtener la cédula nueva, y además pagar el préstamo del CSE. Los cálculos es que con los 37 millones de córdobas se hubiese podido cedular a unas 528,571 personas.
Insistió que aunque la Asamblea aprobó el préstamo de 5.9 millones de dólares con España, no asignó la contrapartida, y por tanto el CSE debió recurrir a un mecanismo de financiamiento diferente del presupuestario para
lograr realizar los programas de modernización del Registro Público y de la Cedulación.
“Pero decir que esos 37 millones de córdobas eran para pagar la cédula se está tergiversando. Es más, esos 37 millones podrían ser el 4 por ciento del total del financiamiento para esos dos componentes”, dijo Gutiérrez.
Sin embargo, reconoció que si esa inversión en maquinaria y equipos para la cedulación permitirá reducir los costos de la elaboración y entrega del documento, tendría que sustentarse en base a auditorías contables.
“Pero esos recursos nunca se previeron para garantizar la gratuidad de la cédula”, afirmó.
Señaló que cabe revisar la posibilidad de establecerse la entrega gratuita de la cédula no solo cuando se extiende por primera vez, sino además cuando es reposición por vencimiento.
“El ciudadano no debería pagar por el vencimiento porque es una causa ajena al dueño de la cédula, no es que la perdiste”, dijo Gutiérrez.
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