La Cámara de Urbanizadores (Cadur) y la Cámara de la Construcción consideran que el Plan Nacional de Vivienda será muy afectado por las nuevas limitaciones en el acceso al crédito hipotecario en la banca nicaragüense.
Ambos sectores consideran que será negativo el efecto de las medidas de aprovisionamiento que impuso la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif), para otorgar los préstamos para vivienda.
Mario Zelaya, presidente de la Cámara de la Construcción y Alfonso Silva, vicepresidente de Cadur, dijeron, por separado, que es necesario revisar las nuevas normas prudenciales hacia el crédito, porque temen que se frene la venta de casas, especialmente las de interés social.
Zelaya dijo que “es preocupante” la decisión de la Siboif, en un momento en que el sector construcción y el de viviendas ha logrado “buenos resultados”, al ver reactivada la oferta de proyectos habitacionales.
- Hoy martes Cadur y la Cámara de la Construcción esperan discutir el tema, en la reunión de presidentes de cámaras gremiales en el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).
Zelaya espera que se asuma una posición conjunta de todos los sectores, en rechazo a las últimas medidas de la Siboif.
Asimismo, Cadur llevará la propuesta de que se solicite formalmente una reunión entre los gerentes de los bancos, la Siboif y el sector privado, para lograr un entendimiento sobre el tema. Esperan conseguir que la Siboif flexibilice o retroceda en la norma.
[/doap_box][doap_box title=”La quitan de la web” box_color=”#336699″ class=”aside-box”]
[/doap_box]
“Hemos estado pidiendo desde hace rato que, para mover más la colocación de viviendas, no hubiesen tantas restricciones. Esto sin duda nos afectará”, afirmó.
HABRÍA MENOS EMPLEO
Silva expresó que es necesario que la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp) aclare si la nueva norma “fue o no de consenso” entre ellos y la Superintendencia de Bancos.
“No sólo está afectando el avance del Plan Nacional de Vivienda Social, aquí nos vuelven a afectar como sector violentamente. Con los proyectos hemos generado miles de empleos”, afirmó.
Agregó que “si la Superintendencia restringe el crédito al mandar a elevar el aprovisionamiento para ciertos créditos, si la banca sigue premiando el crédito de consumo, y toda la complejidad se traslada al sector hipotecario, evidentemente ponen en riesgo la dinámica que veníamos recuperando”.
La nueva Norma Sobre Adecuación de Capital (Resolución Nº CD-SIBOIF-651-1-OCTU27-2010 ), con fecha del 27 de octubre de 2010, eleva a 50 por ciento el aprovisionamiento para otorgar préstamos hipotecarios que se aprueben en moneda nacional.
Establece en 75 por ciento el aprovisionamiento para los créditos de viviendas en moneda extranjera. Dejó en 50 por ciento a los créditos de este tipo cuando la casa tenga un valor igual o menor a 20 mil dólares.
TIENEN DOBLE GARANTÍA
Para el vicepresidente de la Cadur, esas exigencias de la Siboif, para disminuir el riesgo crediticio, “no son viables” y sí “contraproducentes” para el desarrollo del programa de viviendas.
La semana pasada, el presidente del grupo financiero Lafise, Roberto Zamora Llanes, advirtió que la sobrerregulación que pretende la Superintendencia puede frenar el impulso en los programas de construcción y financiamiento de viviendas.
Zelaya considera que esto “será una realidad, ya que al obligar a los bancos a respaldar con más dinero los créditos hipotecarios, vuelven este crédito más caro y eso disminuye la disponibilidad de que una familia pueda obtener el préstamo”.
Alfonso Silva comentó que existe doble garantía cuando se financia una vivienda.
“Por un lado los bancos te piden la propiedad y por otro un fiador. Aquí debemos estar claros que las familias lo último que arriesgan es perder su casa, la gente honra sus préstamos y por tanto el riesgo es mínimo”, afirmó.
TIENE RECURSOS Y MIEDO
Considera que “debe abordarse con seriedad a qué responde la nueva situación”, porque viene a complicar más el acceso del crédito con la banca.
La banca “siempre ha estado temerosa”, a pesar de tener exceso de recursos y estar respaldada por el Gobierno con los subsidios de interés social y la inversión del sector privado.
Silva dice que “cada acción que la Superintendencia de Bancos ha tomado, la toma normalmente por consenso con las directivas de bancos; y los que terminamos afectados somos los desarrolladores y los clientes finales de las viviendas”.
El Plan Nacional de Vivienda social es financiado con 90 millones de dólares, aportados por fondos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y la banca privada.
Son 22 proyectos habitacionales los que componen la oferta de 22 mil viviendas, del sector privado.
En Nicaragua el déficit es de 930 mil viviendas, de acuerdo con datos del Gobierno.
Ver en la versión impresa las páginas: 4 B