Guatemala/ACAN-EFE
El Parlamento de Guatemala aprobó una ley que permite a las autoridades confiscar los bienes que se encuentren en poder de los grupos criminales y narcotraficantes, para que éstos sean utilizados por las fuerzas de seguridad y de justicia del país, informaron hoy fuentes oficiales.
“La Ley de Extinción de Dominio fue aprobada (la noche de este martes) por unanimidad por los 112 diputados que participaron en la sesión extraordinaria”, dijo a Acan-Efe un portavoz del Congreso guatemalteco.
La nueva normativa, que se discutió por más de tres meses, y que fue apoyada por el Poder Ejecutivo, la comunidad internacional y organizaciones de la sociedad civil, es similar a los instrumentos jurídicos vigentes en Colombia y México, para combatir el crimen organizado y el narcotráfico.
La ley, que cobrará vigencia hasta en junio de 2011, establece la creación de un consejo nacional de administración de los bienes que sean incautados, el cual estará adscrito a la Vicepresidencia de la República, el cual será el responsable de adjudicar los bienes que sean confiscados a los grupos criminales.
El objetivo de la ley, precisó la fuente, es “desincentivar todas las actividades criminales, así como los actos de corrupción”, ya que la misma también permitirá confiscar los bienes a las personas que sean sentenciadas por delitos de peculado (robo de bienes públicos), lavado de dinero, malversación, colusión, fraude, cohecho, evasión fiscal, cooperación y estafa, entre otros.
“Esta ley le da al Estado las herramientas necesarias para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Aprobamos los delitos necesarios para acabar con la corrupción, avalamos la persecución de funcionarios públicos y le dimos un golpe bajo a las mafias”, dijo a la prensa el presidente del Parlamento, Roberto Alejos.
La Ley de Extinción de Domino, establece que el 25% de los bienes incautados serán entregados al Poder Judicial; el 20% a las unidades de métodos especiales de investigación de las fuerzas de seguridad; 20% al Ministerio Público; 18% al Ministerio del Interior; y el 2% a la Procuraduría General de la Nación.
Esta normativa forma parte del paquete de leyes que para fortalecer el sistema de seguridad y justicia del país, propuso desde hace dos años la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).