El 2010 trajo consigo un retroceso en el respeto a los Derechos Humanos por parte del Gobierno del presidente Daniel Ortega, según concluye el informe anual de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
El director del organismo, Marcos Carmona, destacó que el Gobierno se ha aprovechado de las necesidades del pueblo, de las creencias religiosas y de las tradiciones para sacar rédito político, principalmente con Santo Domingo y la Purísima.
Carmona señaló que paradójicamente, ahora que existe una Ley de Acceso a la Información es cuando menos transparencia existe en cuanto a rendición de cuenta sobre cómo se utilizan los recursos del Estado y las ayudas, como la venezolana.
NUEVO CSE
Uno de los retos de la CPDH para el próximo año 2001 es que exigirá nuevos magistrados en el Consejo Supremo Electoral (CSE), ya que los actuales son ilegítimos y parcializados a favor del presidente Ortega.
La CPDH abogará también porque en el 2011 exista una cedulación masiva, principalmente en las áreas rurales, donde la gente prácticamente está “muerta civilmente” porque no tiene documento de identidad, explicó Carmona.
De acuerdo con el informe de la CPDH, en Nicaragua las instituciones públicas obedecen al partido en el Gobierno y no a las leyes y la Constitución Política como debería ser realmente.
La Contraloría General de la República (CGR) no se preocupa por fiscalizar el uso de los recursos del Estado, el Poder Judicial recibe directrices del FSLN para dictar sentencias, la Fiscalía no está al lado de las víctimas cuando simpatizantes del Gobierno agreden, enumeró Carmona.
En el Sistema Penitenciario Nacional (SPN) existen violaciones a los reos, pero las autoridades no le abren las puertas a la CPDH para constatarlas y defender los derechos de los prisioneros y las prisioneras, se quejó Carmona.
La CPDH también criticó fuertemente el irrespeto a las leyes por parte de Ortega para lograr su reelección como presidente en las próximas elecciones del 2011, utilizando una sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y una publicación ilegal de la Constitución.
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