Ayer se celebró el Día Internacional de los Derechos Humanos y la ocasión es oportuna para preguntarse: ¿Cuál es la situación de los derechos humanos en Nicaragua? El gobierno de Daniel Ortega, ¿le hace honor a su obligación primordial de respetar los derechos humanos o, por el contrario, incumple y deshonra ese compromiso sagrado?
El embajador Mendel Goldstein, Embajador de la Unión Europea en Nicaragua, en una declaración que emitió con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, la cual fue publicada ayer en LA PRENSA, advierte que “tras el acuerdo que hizo posible la Declaración (Universal de los Derechos Humanos, proclamada hace 62 años), la universalidad de los derechos humanos recogidos en este instrumento ha sido atacada por sectores que alegan diferencias culturales, sociales y religiosas para cuestionarlos. Así se pretende justificar por ejemplo las legislaciones que dan a las mujeres un estatus legal subordinado al del hombre, la homofobia, la prohibición del aborto terapéutico y el trabajo infantil, entre otros”.
En este “entre otros” están seguramente los derechos políticos, los cuales no son de menor valía que los demás derechos humanos, pues, como lo subraya el embajador europeo: “En los propios términos de la Declaración: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición” (artículos 1 y 2)”.
En Nicaragua, bajo el régimen de Daniel Ortega esos artículos y principios fundamentales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos no se respetan, sino que se violan, y no por descuido, omisión u error, sino que son atropellados de manera deliberada, como política de Estado.
Voceros del régimen orteguista alegan que en Nicaragua no se violan los derechos humanos, porque no hay presos políticos ni personas desolladas por ser opositoras. Pero el hecho de que por ahora no haya presos políticos ni personas torturadas, como en tiempos de la dictaduras somocista y la sandinista de los años ochenta del siglo pasado, no significa que el actual régimen no viole los derechos humanos.
La situación de los más de 18 mil antiguos empleados públicos, que fueron despedidos cuando Daniel Ortega recuperó el poder presidencial porque no eran miembros ni simpatizantes del FSLN, y a quienes ni siquiera les han pagado las prestaciones sociales establecidas en la ley laboral, constituye una grave violación de los derechos humanos.
La discriminación a las personas a las que no les entregan sus cédulas de identidad, porque no pertenecen al partido FSLN ni son recomendados por los CPC, es una flagrante violación de los artículos 1 y 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que ha citado el Embajador de la Unión Europea en Nicaragua en su declaración con motivo de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos.
El fraude electoral perpetrado por el régimen orteguista en las elecciones municipales del 9 de noviembre de 2008, cuando le robaron su voto a decenas de miles de personas y arrebataron las alcaldías a quienes realmente recibieron los sufragios necesarios para ejercerlas, ha sido una violación de los derechos humanos tan descarada, que la misma Unión Europea le quitó a Daniel Ortega la ayuda económica en fondos de libre disponibilidad y Estados Unidos suspendió la Cuenta Reto del Milenio.
La negación de garantías para la celebración de elecciones limpias el próximo año es una violación al derecho humano fundamental de todos los nicaragüenses, de elegir libremente a sus gobernantes y representantes, según lo consagra el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Dicen los doctrinarios de derechos humanos que lo esencial es su universalidad, o sea que deben ser garantizados a todos los individuos, con independencia de sexo, condición social, creencia religiosa, nacionalidad, posición ideológica y filiación política. Y advierten que no hay nada peor que restringir esa dimensión universal de los derechos humanos, o sea, reconocérselos a unos y negárselos a otros. Lo cual es precisamente lo que hace Daniel Ortega.