por las calles de las ciudades de Guatemala tras dar dos o tres balazos a sus víctimas, para cobrar apenas quince dólares por cada “trabajo”
Se trata de los “niños sicarios” de Guatemala. Adolescentes de ambos sexos, de entre 12 y 17 años de edad, que son reclutados por grupos de narcotraficantes, líderes de las pandillas juveniles y jefes de las diferentes estructuras del crimen organizado para ejecutar a sus enemigos, o a aquellas personas que se han negado a pagar las extorsiones que les exigen a cambio de respetarles la vida.
Aunque la participación de niños y adolescentes en diferentes hechos delictivos en este país centroamericano no es un fenómeno nuevo, la Policía Nacional Civil (PNC) admite que en los últimos meses se ha incrementado la cantidad de crímenes cometidos por menores de edad, que van más allá del robo, la extorsión o la venta al menudeo de drogas.
“Antes eran utilizados (por los grupos criminales) como ‘correos’ para transportar armas, drogas u objetos robados, o como ‘banderas’ (vigilantes) que les avisaran sobre los movimientos de la policía”, explica Donald González, portavoz de la PNC.
De carteristas y ladrones de poca monta, centenares de jóvenes guatemaltecos han pasado a ser utilizados por los grupos criminales como sicarios y violadores.
La mayoría de los más de 200 asesinatos de trabajadores del servicio de transporte público que se han registrado este año en Guatemala, precisa González, han sido cometidos por menores de edad.
Los grupos criminales, señala, reclutan a los muchachos “a cambio de unos cuantos quetzales”, luego les ofrecen un rudimentario entrenamiento para usar armas, con lo cual ya los consideran listos para atacar.
Según la PNC, los jefes del crimen organizado “aprovechan el carácter adolescente de los menores”, es decir, “su rebeldía natural, la falta de tino sobre el peligro, y los grandes deseos de obtener dinero fácil, el reconocimiento entre los otros jóvenes de la misma edad y, sobre todo, su imputabilidad ante la ley”.
La legislación guatemalteca impide procesar a los menores que cometen cualquier tipo de delito de la misma forma que se hace con los adultos. Los “menores transgresores de la ley”, como se les denomina, al momento de ser capturados son presentados ante la Magistratura de Menores, que según la gravedad de los delitos de que se les acuse, los envía a un centro de rehabilitación mientras se esclarecen los casos.
Las cifras de la PNC señalan que durante los primeros diez meses de 2010 se capturó a más de 800 menores de edad por diversos hechos criminales. Sin embargo, se lamentan las autoridades de esa institución, “la mayoría son dejados en libertad con mucha facilidad”, lo cual contribuye a que los delitos cometidos por éstos queden en la impunidad.
Lisbeth tiene 16 años. Estudió hasta el quinto grado de educación primaria, pero dejó la escuela porque “era muy aburrida”. Tiene dos hermanos menores; un novio de 21 años al que visitaba desde hacía diez meses en una cárcel preventiva del norte de la capital guatemalteca. Su padre, al que no ve desde hace más de cinco años, es alcohólico, y su madre dependiente de un almacén.
Desde hace dos años se integró a la “Mara 18”, una de las más temidas y crueles pandillas juveniles de Guatemala. Dentro de la mara aprendió a extorsionar, robar, disparar y matar, hasta convertirse en una “niña sicaria”. Hoy día se encuentra recluida en un centro de rehabilitación para menores transgresores de la ley.
A principios de noviembre, un “día de mala suerte” —como ella lo calificó— fue capturada por las fuerzas de seguridad tras disparar tres veces al chofer de un autobús del servicio de transporte público en un barrio de la periferia oeste de la capital guatemalteca, que se había negado a pagar la extorsión que le exigían los pandilleros de esa zona.
Lisbeth no se inmutó al confesar sus crímenes frente a las cámaras de televisión. Por cada “trabajito”, dijo, los adultos y respetados líderes de la mara a la que pertenece, le pagaban 100 quetzales (unos 15 dólares). b
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