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La propuesta de Ley de Seguridad, Ley de Defensa y Ley de Régimen Fronterizo que introdujera el presidente Daniel Ortega al parlamento el 26 de noviembre han puesto al Ejército de Nicaragua al frente del paredón de críticas y señalamientos sobre los intereses personales y políticos que se mueven con la aprobación de este combo de normativas.
El cuestionado carácter de urgencia con el que se introdujeron las leyes, el silencio ejecutivo luego de la solicitud y el agitado contexto político en el que las llamadas “fuerzas de oposición” no encuentran consenso podrían ser un campanazo de alerta sobre planes políticos y electorales a mediano y largo plazo. Todo esto sumado a un gobierno que ha sido señalado en reiteradas ocasiones por violaciones a la Constitución Política, al Estado de Derecho y a la independencia de los poderes e instituciones del Estado.
El combo de propuestas de ley otorga facultades en contra de la naturaleza institucional del Ejército de Nicaragua y atenta contra la credibilidad y confianza que ha gozado esta institución a través de la historia de Nicaragua. Aceptar este “paquete” podría dejar más pérdidas que ganancias al ejército, coinciden el Instituto de Estudios Estratégico y Políticas Públicas (IEEPP); Hugo Torres, ex jefe de Inteligencia Militar, y Roberto Cajina, experto en temas de seguridad ciudadana y defensa nacional.
Urgente versus importante. Si bien es cierto el Estado puede estar requiriendo estas leyes dentro de su estrategia de defensa con respecto al diferendo con Costa Rica por la extensión de la frontera sur, Claudia Pineda, presidenta del IEEPP, recomienda darse un tiempo para analizar y consensuar el tema para no tomar un enfoque equivocado o parcial en los temas de defensa y seguridad.
“El apuro podría estar justificado, pero podría ser un error a largo plazo”, advierte Pineda.
En un contexto en el que Nicaragua mantiene relaciones tensas con Costa Rica, Honduras y Colombia, no es conveniente para la imagen diplomática del país imponer al frente de las fronteras una fuerza militar que dirija y coordine todo un sistema de naturaleza civil.
“Quizá afuera no lo verán como un asunto de enfoque o de falta de discusión, sino con una confrontación, en lugar de tener iniciativas binacionales entre las instituciones civiles. Eso da una imagen contraproducente para los principios de vocación pacífica que proclama nuestro país”, explica la presidenta del IEEPP.
Por su parte, Hugo Torres, general en retiro, asegura que no cambiará sustancialmente la resolución del diferendo con Costa Rica ni aportará en nada a las relaciones internacionales una propuesta de ley que no logra mejorar las posibilidades reales de la defensa nacional a corto plazo.
Si bien es cierto una comisión conformada por las diferentes bancadas ha estado trabajando la revisión de las mociones y se han tratado de armonizar los conceptos, el IEEPP asegura que todavía están cortos en lo que debería abarcar.
La Ley de Régimen Jurídico de Fronteras coloca el Ejército en unos roles operativos por encima de instituciones civiles y en algunos artículos de la Ley de Seguridad Nacional lo coloca como coordinador de un sistema de inteligencia que incluye instituciones civiles que son independientes y autónomas del Poder Ejecutivo, lo que formaría parte de una gran contradicción.
“Hay un problema de enfoque que no se puede corregir en una semana, el tiempo no les va a dar”, asegura Claudia Pineda. “Nosotros estamos tratando de facilitar el proceso, de dar una asesoría técnica, pero no participamos activamente de la mociones, no somos parte de la decisión, sólo se nos consultan conceptos y leyes de otros países. La idea es que al final se tengan leyes útiles, responsables y que beneficien realmente a los nicaragüenses”.
Para Hugo Torres, lo que realmente proponen las leyes son sistemas de defensa, de seguridad y de régimen fronterizo; coordinaciones entre las distintas instituciones del Estado involucradas en el tema para aumentar su potencial del Ejército.
“Por tratarse de un asunto tan necesario dentro de la política nacional, no pueden ser tomadas a la ligera, el trámite de urgencia es totalmente irresponsable.
Son proyectos de leyes en los que se confunden los términos de seguridad nacional y seguridad democrática, hay normas muy abiertas, a pesar de que se han hecho modificaciones, siguen teniendo vacíos y elementos preocupantes”, advierte Torres. “Los tres proyectos de ley llevan el peligro de una aplicación muy discrecional, se ha querido parchar en las faltas o errores de la ley, pero al final esto va ser como un Frankenstein y el presidente Ortega intentará seguir con su ‘legislación por extensión’ como lo ha venido haciendo hasta ahora, haciendo reformas o agregando reglamentos a su antojo y conveniencia”.
Manipulación del tiempo y el espacio. En río revuelto, ganancia de pescadores. Al parecer el Poder Ejecutivo encontró el mejor momento para presentar este paquete de propuestas de ley mientras la sociedad nicaragüense se desconecta de los asuntos políticos y se sumerge en las celebraciones de diciembre.
Mientras la atención de la población está centrada en las festividades religiosas, los regalos navideños y el brindis de año nuevo, sólo un sector conoce de la existencia de estas propuestas de ley y un reducido grupo es que el que está llevando la dirección del caso.
“En esto sí puedo reconocer que hay una manipulación por parte del Ejecutivo. Es simple, las leyes no te las vas a sacar de la manga, mucho menos tres Propuestas de Ley que llevan un proceso largo de formulación, esto se venía trabajando y he de reconocer que a su conveniencia eligieron el mejor momento para presentarlas; cuando nadie se entera y a nadie le importa lo que pase en la política”, comenta Roberto Cajina.
Como elemento adicional la agitación del patriotismo que ha provocado el diferendo con Costa Rica, más las constantes discusiones de Nicaragua con respecto a asuntos limítrofes con sus vecinos se suman a un escenario en el que el fanatismo y la dispersión podrían ser una trampa para todos. El patrioterismo, como la exaltación de un sentimiento hacia lo irracional es volcado hacia el beneficio de un propósito de poder.
“A mi juicio Ortega introdujo estos proyectos de ley de manera oportunista, quiso sorprender a los nicaragüenses que se encuentran desactivados por completo de temas políticos y además reforzar con un trámite de urgencia estos documentos para que se manejara la menor información posible”, expone Hugo Torres.
“Además esto claramente cuenta con la complicidad de Arnoldo Alemán y diputados como Wilfredo Navarro, quien en su cargo de primer secretario de la Asamblea Nacional debió haber alertado inmediatamente de la existencia de estas tres propuestas de ley cuando recibió el paquete, pero esperó unos días para retrasar el proceso de discusión. Ortega sabía que tenía los votos de los aliados y a mi parecer esto es una concesión más dentro de todo paquete de intercambio de fuerzas y beneficios que incluye cargos en los poderes del Estado, la elección de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional”.
Artículo 93. El Ejército de Nicaragua es una institución nacional, de carácter profesional, apartidista, apolítica, obediente y no deliberante. Los miembros del Ejército deberán recibir capacitación cívica y en materia de derechos humanos. Textual lo que contempla la Constitución Política de Nicaragua en el Título V, Capítulo único de la Defensa Nacional.Aquí radica una de las mayores debilidades y el posible pecado en el que esté cayendo el Ejército Nacional. Contradecir con acciones su base jurídica, misma que dicta la naturaleza de sus funciones.
Las deficiencias se encuentran desde el génesis de la ley que al tratarse de un asunto de gran envergadura nacional sólo está tomando en cuenta y dando mayor protagonismo y acción a una de las instituciones involucradas. El cabildeo que para mucho ha realizado el ejército en el proceso de análisis y modificación de las leyes es otro desacierto que desvirtúa el sentido de las leyes. Se le ha restado la visión global y consensuada que deberían tener unas leyes de la naturaleza de seguridad y defensa nacional. En el término de régimen jurídico y de fronteras hace falta una mayor comprensión del papel de las diferentes entidades públicas a la hora de administrar los territorios fronterizos, un tema que hasta el momento se ha mantenido con un sesgo hacia lo militar.
“Para nosotros toda iniciativa de ley debe estar sustentada en lo que se establece como funciones y atribuciones de las diferentes instituciones del Estado y la administración pública que contempla la Constitución Política. No se puede sustituir instituciones normadoras con instituciones de naturaleza ejecutora. No se puede sustituir instituciones de carácter militar, con instituciones de carácter civil”, aclara la presidenta del IEEPP.
El instituto reconoce las capacidades y el profesionalismo del Ejército, pero remarca que si se convierte esa capacidad en una facultad que le permita estar sobre otro, el espíritu de colaboración que ha presentado el Ejército en diferentes escenarios se desvirtuaría.
Con estas pretensiones uno de los más afectados sería el Ministerio de Defensa que se relega como un asesor del Presidente únicamente cuando éste lo considere necesario, un efecto más de las reformas de la Ley 290 de organización del Estado, que en el 2007 le restó facultades también los ministerios de Gobernación y Defensa. Desde entonces el Poder Ejecutivo ha tenido la potestad de crear mediante decretos una serie de consejos y secretarías que redistribuyen y acaparan poder.
Del Libro Blanco. “Cuando se aprobó el Libro de la Defensa Nacional, mejor conocido como Libro Blanco de la Defensa Nacional se hizo mediante un proceso largo y especializado, por más de un año se trabajó, se consultó a los sindicatos, organismos de la sociedad civil, sectores empresariales y con las diferentes bancadas”, destaca Hugo Torres quien participó en la elaboración del documento. “Fue el resultado de un amplio consenso nacional y eso sin que fuera un documento vinculante, una ley que obligue, pero por la naturaleza de su contenido se consideró importante todo el proceso de preparación, con mucha más razón debería ser consultado un paquete de proyectos de ley que tendrá efectos en todos los ámbitos nacionales”.
El Libro de la Defensa Nacional es para Torres la base conceptual de la que se debía desprender las definiciones de las políticas de defensa nacional y la Ley de Defensa y las que fueren necesarias.
“En el Libro Blanco se recoge lo necesario y a grandes rasgos aparece en estas leyes, pero desarrolladas muy mal en las propuestas que se han hecho, quizá de manera intencional se han modificado o eliminado partes de la misma”, asegura.
El proyecto del Libro Blanco inició en el año 2002 y finalizó en el 2006, cuando fue entregado al ex presidente Enrique Bolaños. Pero desde entonces el proyecto pasó al anonimato y en el 2007 cuando el comandante Daniel Ortega asumió el poder el documento continuó engavetado.
La relevancia del documento descansa en la manera consensuada y clara en la que se presentan desde los términos y conceptos hasta los lineamientos generales de la política de defensa nacional. En el Libro Blanco se marca claramente el alcance de las funciones de las autoridades civiles y militares.
“Luego de aprobado este libro que debió haber sido trabajado de inmediato en la definición de la política de defensa y la creación de estas leyes, pero se engavetó y que ahora aparezca el Gobierno con este paquete de propuestas de ley me parece sospechoso, tomando en cuenta la gran similitud del contenido y que las variaciones que se encontraron sólo apuntan a ambigüedades o dejan abiertas posibilidades con leyes antojadizas”, expone Torres.
Más incoherencias. Para imponer una norma, debe existir una política. Si la política no existe o no es tomada en cuenta no hay manera de ejecutar tal ley, sobre todo cuando esto implica también la necesidad un recurso para desarrollar las normativas. Roberto Cajina, experto en seguridad ciudadana y defensa nacional, señala que no hay una correspondencia entre política-recurso-leyes.
“La política te dice cómo vas a garantizar la seguridad nacional, pero se necesita saber con qué recursos contarás para ejecutar las leyes. Primero debía haber una política, un presupuesto y luego una norma que ya especifica qué instituciones, qué individuos van a intervenir para alcanzar tal política, pero aquí se hacen las cosas al revés y esperan obtener un efecto deseado. No veo cómo, si se está tomando a la ligera”, señala el especialista.
Cajina coincide con la posibilidad de que estas leyes se hayan “cocinado” desde hace un tiempo y que el Libro Blanco sea la referencia directa de estos documentos, algunas partes recogidas con cierta mala intención.
Él señala haber encontrado “diferencias tontas” como “los intereses supremos nacionales” que en el Libro Blanco son llamados “intereses nacionales” y punto.
“Hay copias al carbón de gran parte del documento y me pregunto qué tiene de nueva esta propuesta si fue trabajada en base a ese libro que ellos mismos engavetaron en el 2007. Naturaleza, características y funcionamiento, ahí está todo lo que se necesita”, asegura Roberto Cajina.
Para Cajina el silencio del Poder Ejecutivo se debe a una incapacidad, una falta de respuesta y de argumentos que respalden la introducción de este paquete de propuestas de ley y aún más el carácter urgente. “Yo no me atrevería a hablar de una militarización de la sociedad nicaragüense, pero sí hay una condescendencia del Gobierno con el Ejército, un interés por darle amplias autonomías funcionales, un intento de conceder facultades en aras de tenerla de su lado”.
Regalo peligroso. Hugo Torres, general en retiro, dice haber estado consciente desde el inicio de este gobierno que Ortega iba a ir tendiendo trampas en el camino al ejército a través de la jefatura para que resbalara en la inclinación política.
“En las leyes de defensa y seguridad se le están sumando facultades al Ejército, como una manera de congraciarse con los militares, pero es regalo peligroso”, advierte Torres. “De aprobarse el paquete de leyes, incluso con las modificaciones, el Ejército con todos estos beneficios perdería legitimidad, debilitaría su imagen, lastimaría el prestigio institucional, su credibilidad y profesionalismo que es lo que lo ha colocado es un buen lugar con respecto a otros ejércitos de la región y que le ha dado el respaldo de la ciudadanía; no debe ser puesto en riesgo”.El actual diputado suplente del Movimiento Renovador Sandinista (MRS) señala que la apreciación de los mandos del Ejército con respecto a la situación y el cálculo político de Ortega puede ir en sentidos opuestos. Para él lo más desacertado por parte del Ejército fue haber adoptado el rol de fuerza deliberante y el no haber sugerido eliminar el carácter de urgencia que levanta sospechas sobre un paquete de leyes que debería estudiarse en tiempo y forma.“El propósito oculto de Ortega, a mediano plazo es el panorama de un proceso electoral”, considera Torres. “Sería una manera de expandir sus influencias y su poder para presionar a los opositores. Por otra parte toma precauciones, en el peor de los casos para él (Ortega), si su candidato es derrotado, ya quedó bien con los militares, les habría dejado un ámbito de actuación mayor al que tiene y esto por consiguiente implicaría el sentimiento de gratitud o compromiso que condenaría al Ejército Nacional”. b
El hambre y las ganas de comer b
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