Según se anunció oficialmente, hoy serán aprobadas las tres leyes militares y de seguridad que le permitirán a Daniel Ortega fortalecer legalmente el régimen seudodemocrático y autoritario que ha venido imponiendo desde que volvió a tomar posesión de la Presidencia de Nicaragua, en enero de 2007.
Algunos diputados de oposición que dicen ser democráticos, han maquillado las leyes militaristas y de seguridad junto con los legisladores orteguistas y los asesores castrenses, dejándoles lo esencial de su sentido y propósitos. Según ellos, con las modificaciones que “lograron” hacer a los proyectos propuestos por Ortega, ya no hay peligro de que sirvan para restablecer el reclutamiento militar forzoso ni para imponer el espionaje político. Olvidan o fingen olvidar esos diputados de supuesta oposición, que una cosa es lo que dice la ley —inclusive la Constitución— y otra muy diferente y al contrario es la interpretación que hace Daniel Ortega con el fin de fortalecer su plan para restablecer la dictadura en Nicaragua, adecuada a las nuevas condiciones del siglo 21.
En realidad, resulta fácil comprender que si Daniel Ortega no ha tenido escrúpulos para socavar las instituciones civiles y manipular la Constitución y las leyes, a fin de allanar el camino a su objetivo supremo de reelegirse en la Presidencia, perpetuarse en el poder y restaurar la dictadura, entonces ¿por qué no habría de desvirtuar también a las instituciones armadas y manipular las leyes militares, independientemente de lo que digan de manera literaria y formal?
No cabe ninguna duda de que durante el período de la democracia, o sea de 1990 a 2006, el Ejército y la Policía avanzaron notablemente en un proceso de institucionalización, profesionalización, despolitización y despartidarización, de acuerdo con lo que fue consignado en la Constitución, mediante la reforma democrática de 1995, como norma esencial para las fuerzas armadas. Sin embargo, esa situación cambió bruscamente cuando Daniel Ortega recuperó el poder presidencial y comenzó a avasallar y a controlar todos los poderes e instituciones del Estado.
El día que comenzó a cambiar la historia del Ejército, lo mismo que de la Policía, fue el 10 de enero de 2007, cuando Ortega tomó posesión de la Presidencia de la República después que, gracias al pacto con Arnoldo Alemán, ganó la elección de noviembre de 2006 con sólo el 38 por ciento de los votos escrutados; aparte de que unos 200 mil sufragios fueron ocultados por el Consejo Supremo Electoral, seguramente para evitar cualquier posibilidad de que hubiera una segunda ronda electoral que el caudillo del FSLN jamás habría podido ganar.
Aquel 10 de enero de 2007, después de tomar posesión de la Presidencia de la República, Daniel Ortega juramentó la lealtad de los mandos superiores de la Policía y del Ejército. A los jefes policiales Ortega les dijo: “Vamos a juramentar a nuestros hermanos policías, sumando a todas las mujeres y varones policías, que vienen de las raíces más profundas de las luchas heroicas del pueblo nicaragüense, que vienen del 19 de julio de 1979”. Y al tomar el juramento de lealtad de los altos mandos militares, el caudillo sandinista les expresó: “Los hermanos del Ejército Nacional, sus raíces están en la histórica Batalla de San Jacinto, cuyas raíces están en la defensa de la soberanía nacional de Benjamín Zeledón, de nuestro General de Hombres Libres Augusto C. Sandino, y cuyas raíces están en la práctica combativa que llevó a la liberación de nuestra patria el 19 de julio de 1979”.
Es obvio que al recordarles a los jefes de la Policía y del Ejército sus orígenes revolucionarios sandinistas, que esos cuerpos uniformados surgieron y se formaron no como instituciones nacionales, profesionales, apolíticas y apartidistas, sino como brazos armados del partido FSLN, Daniel Ortega les estaba comunicando que en aquel momento terminaban las vacaciones de la democracia “burguesa”. Para Ortega había llegado la hora de que, de una u otra manera y al ritmo que determinaran las circunstancias, las fuerzas armadas volvieran a ser lo que fueron en sus orígenes, a servir al partido o, ahora peor todavía, a los objetivos de una persona, del caudillo del Frente Sandinista que es el mismo Ortega y no puede serlo nadie más.
Y por supuesto que con opositores como los que en la Asamblea Nacional están colaborando en la aprobación de las leyes militaristas y de seguridad, Daniel Ortega no ha tenido mayores dificultades para alcanzar poco a poco sus propósitos, como en efecto y desgraciadamente los está alcanzando.
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