Ante la inminente aprobación de los dictámenes de las leyes sobre Seguridad de la República y Defensa Nacional hoy en la Asamblea Nacional, el diputado Adolfo Martínez Cole espera que a último momento las mismas sean remitidas a comisión, para someterlas a una consulta más amplia.
Martínez Cole, quien es jefe de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), insistió que incluso las mismas deberían ser sometidas a un referendo, para que la población decida si deben ser aprobadas o no por el Poder Legislativo.
El parlamentario cuestionó, una vez más, la complacencia de los diputados de las bancadas liberal y de Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), sobre todo para aprobarlas hoy, tomando en cuenta las consideraciones exclusivas de los militares, quienes son parte interesada de las mismas.
Sin embargo, el vocero del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Leonel Teller, mediante un comunicado aseguró que esa institución política “garantiza a todos los nicaragüenses que no permitirá el restablecimiento del Servicio Militar Obligatorio (Patriótico, como se denominó en la década de los ochenta), ni de la Seguridad del Estado como instrumento represivo”.
En una franca defensa, al papel desarrollado por los diputados liberales, durante la discusión de las iniciativas enviadas por el Ejecutivo, Teller manifiesta que “el PLC, como principal partido democrático de oposición, asumió con responsabilidad el análisis, estudio y transformación de las tres leyes, que el dictador Daniel Ortega envió con carácter de urgencia a la Asamblea Nacional, cuyo objetivo único era restablecer el Servicio Militar Obligatorio y la extinta Seguridad del Estado, que en los años ochenta fue utilizada para reprimir a la oposición y a nuestra Iglesia católica”.
Diversos analistas en temas de seguridad son del criterio que efectivamente se necesita un marco legal sobre temas de Defensa y Seguridad, pero no ven razón para el carácter de urgencia que se le ha imprimido a las iniciativas, ni el interés del Ejército porque las mismas sean aprobadas en el menor tiempo posible.
Algunos analistas han advertido el peligro de las leyes, tomando como base que el próximo año se celebrarán elecciones nacionales, y el papel, que podría jugar la institución castrense, de darse un resultado adverso al oficialismo, siendo el Presidente de la República el jefe supremo de las mismas.
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