El vicepresidente de la Contraloría General de la República (CGR), el contralor de facto Luis Ángel Montenegro, sepultó este viernes cualquier posibilidad de investigar el préstamo irregular de 37 millones de córdobas que contrajo el Consejo Supremo Electoral (CSE) con un banco privado para llevar a cabo en teoría el proceso de cedulación ciudadana.
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Según una carta enviada por Rivas a la Comisión Económica del parlamento, el 25 de noviembre pasado, previo a la aprobación del presupuesto, ese dinero sería la contrapartida nacional para un rubro que fue financiado desde 2005 con un monto de 5.6 millones de euros provenientes del Reino de España.
Montenegro dijo que no se siente burlado por el presidente de facto del CSE, Roberto Rivas Reyes, un funcionario allegado al presidente Daniel Ortega que hospeda a dos hijos de éste en su mansión en Costa Rica y quien ni siquiera reportó datos del empréstito a la CGR.
“No me siento burlado, porque si nosotros no nos damos cuenta de una operación de crédito, no tenemos por qué andar preguntando en las instituciones del Estado quién hizo qué. Nosotros los contralores, la ley manda sólo que se inscriba (el crédito), no manda a que andemos haciendo auditorías de lo que no sabemos”, declinó.
El contralor argumentó además: “La ley del Presupuesto General de la República fue aprobada por los diputados de la Asamblea Nacional. Al ser aprobada se legalizó la operación que originalmente había hecho el CSE y la CGR frente a una ley superior como es el Presupuesto General de la República que no tiene ninguna alternativa qué hacer. Es una operación crédito que debió haber sido criticada con anterioridad”.
“No tenemos nada qué hacer. Cuando la ley que está por encima de nosotros viene la Asamblea y te la legaliza, si mandamos a hacer una auditoría sólo miraríamos los ingresos y egresos”, advirtió.
Montenegro se refirió a otros temas y se declaró contento con que la CGR no aprobará ya exclusiones de procedimiento como estaba estipulado en la Ley de Contrataciones del Estado y dijo ahora que la auditoría a la firma Alba de Nicaragua, S.A., cuestionada por distintos reportajes de LA PRENSA, se hará en 2011, en teoría el último año de gestión de la administración de Ortega.
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