De Ortega depende la paz o la guerra

Yo reconozco y valoro el trabajo que se hizo para mejorar las tres leyes militaristas que se acaban de aprobar y que se tomaron en cuenta muchas de las objeciones más fundamentales que desde el comienzo hicieron en diversos sectores y fueron recogidas estas leyes que sí creo que fueron transformadas para bien.

No obstante, considero que leyes tan importantes como éstas, debieron haber sido objeto de una amplia consulta nacional para que fuesen el fruto de un amplio consenso, por tanto, no cabía el “trámite de urgencia” solicitado por el Ejecutivo, el cual se ha convertido en la regla o el “modus operandi” y no la excepción de la regla, a como debería ser.

Como ex ministro de Defensa y ex miembro del Directorio de la Resistencia Nicaragüense, no estoy convencido de que el país se encuentre al borde de un conflicto internacional que amerite la aprobación “urgente” de tales leyes, y si en efecto lo está, es responsabilidad exclusiva del Gobierno evitar que el país se involucre en un conflicto bélico.

El presidente Ortega ya gobernó una vez por casi 10 años, en tiempos de guerra y nos ha pedido a todos los nicaragüenses en este segundo período una oportunidad para gobernar en tiempos de paz: el único que puede malgastar esa oportunidad es él mismo y el único que puede mantener a este país en el sendero de la paz interna y externa, es él mismo. De esa responsabilidad no puede escapar.

Si bien estas leyes son importantes para la nación, desde que se conocieron sorpresivamente hace apenas dos semanas, lo único que han logrado hasta el momento es tensar las relaciones entre el Ejército de Nicaragua y la sociedad civil, que percibe que detrás de estas leyes hay un enfoque de militarización y una mayor relación de dependencia del ejército, de un presidente que no es percibido ni se ve él mismo como un civil, sino como un “comandante”.

Yo valoro el trabajo de todos y cada uno de los miembros de la comisión “ad hoc” (de los asesores y expertos externos) que se formó para mejorar el fondo y forma con que estas leyes fueron redactadas como iniciativa del Ejecutivo, las cuales, en su estado original, eran totalmente inaceptables. Estos numerosos aportes que se le han incorporado, dan la razón a quienes hemos argumentado que estas leyes deberían de ser objeto de una consulta nacional.

Pero aún con todos los cambios que le fueron incorporados, considero que la Ley de Defensa Nacional, así como la de Ley Seguridad Democrática y la Ley de Régimen Jurídico de Fronteras debieron pasar a las comisiones de Gobernación y de Justicia. Recuerdo que como miembro de la Comisión de Población pasamos dos años discutiendo y consensuando con diversos sectores la Ley de Desarrollo de Zonas Costeras, la cual se aprobó con un total consenso en esta Asamblea Nacional. Con mucha más razón debería consultarse y buscarse un consenso nacional para tres leyes tan trascendentales.

Quizás el país entero hubiera recibido estas leyes con mayor beneplácito de no ser que no está tan lejano el día en que en nombre de la Seguridad del Estado se cometieron todo tipo de atropellos a los derechos humanos y aún está fresca en la memoria las escenas de una cruenta guerra civil en que los jóvenes eran reclutados a la fuerza para prestar servicio militar contra la “agresión externa”, pero que en realidad iban a luchar contra otros jóvenes nicaragüenses.

No queremos ni una guerra interna, ni una guerra externa. Una ley o tres leyes no nos salvan de una guerra, solo nos puede salvar un Gobierno con un liderazgo prudente, respetuoso de los derechos de sus conciudadanos y de los derechos de países hermanos. Un liderazgo que privilegie la salida diplomática y el diálogo a los conflictos internacionales y el diálogo fraterno a los conflictos internos. En fin, un liderazgo que se dé a respetar, respetando ante todo la Constitución y las leyes.

El autor es diputado en la Asamblea Nacional.

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