Tomado de El Universal
Caracas, Venezuela
Sentencias que prohíben a diario publicar fotografías de hechos violentos y otras que en la práctica hacen imposible hacer valer el derecho al acceso a la información pública, procesos contra directivos de medios de comunicación, agresiones contra periodistas y defensores de Derechos Humanos y las modificaciones legales, que tanto la Asamblea Nacional como el ahora habilitado presidente Hugo Chávez pretenden impulsar, en materia de telecomunicaciones, dibujan una situación “preocupante” en lo que a libertad de expresión se refiere.
Así lo advierte la relatora para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la colombiana Catalina Botero, quien asegura que Venezuela siguió dando pasos en el sentido opuesto al resto de la región en los últimos seis meses.
¿Cómo evalúa los últimos acontecimientos: Las propuestas de reformar la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión para regular los contenidos que se difunden en Internet y el aumento de las multas para quienes incurran en faltas?
Los proyectos de ley discutidos esta semana aumentan el número de exigencias, prohibiciones y sanciones a los medios de comunicación que usan el espectro electromagnético y extienden estas prohibiciones a la televisión por suscripción y a Internet; prohíben a las organizaciones no gubernamentales, destinadas a vigilar el ejercicio del poder político, recibir financiación internacional; prohíben a todas las personas jurídicas y naturales invitar al país a extranjeros que pudieren ofender a las autoridades, so pena de imponerles multas considerables e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas; le otorgan a un órgano rector la facultad de revocar licencias y permisos de radio y televisión cuando así lo exija el interés nacional. En fin, crean un marco jurídico en el que simplemente resulta imposible disentir sin el temor de sufrir consecuencias muy costosas.
Casi desde el mismo momento en que el presidente Chávez asumió el poder se le acusó de cercenar la libertad de expresión. Sin embargo, más de 11 años después todavía hay espacios donde los ciudadanos pueden expresarse y el Gobierno los esgrime como demostración de su apego a los valores democráticos. ¿Cree que está en riesgo la libertad de expresión y la democracia?
La libertad de expresión no garantiza sólo el derecho a decir lo que piensas o a circular la información que tienes. Este derecho también protege a las personas para que luego de expresarse no sean castigadas por ello. Es cierto que en Venezuela aún subsisten algunos canales o diarios en los que es posible disentir. Lo grave es que el costo del disenso es muy alto, como lo atestiguan los hechos que puede ver ampliamente documentados, con fundamento en datos oficiales, en el informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, publicado a comienzos de 2010.
El Presidente, por cuarta vez, pide al Parlamento poderes especiales y lo hace escudándose en la crisis provocada por las recientes lluvias que azotaron al país. Sin embargo, entre los poderes que figura la posibilidad de regular el área de las telecomunicaciones y desde la oposición se le acusa de aprovechar la coyuntura para intentar silenciar a la disidencia, porque no entienden qué tienen que ver los medios con la actual crisis de vivienda.
Lo que está pasando en nuestros países por la ola invernal es muy grave y es fundamental que los gobiernos tengan las herramientas para poder afrontar el problema y satisfacer las necesidades de las víctimas. Sin embargo, la Ley Habilitante permitiría que en un plazo de 18 meses, por la sola decisión del Presidente, se pueda cambiar todo el régimen de telecomunicaciones. A nuestro juicio cualquier reforma a este régimen, en cualquier país de la región, debe ser ampliamente discutida y debatida en los órganos que naturalmente han sido creados para adoptar este tipo de decisiones: las asambleas legislativas. En este sentido la propia Corte Interamericana ha sido muy clara al indicar que cualquier restricción a la libertad de expresión debe ser objeto de una ley en sentido formal y material, lo que significa que debe ser el producto de un debate y una votación en el Poder Legislativo.
Más de un centenar de académicos acusaron al Tribunal Supremo de ser corresponsable de lo que está ocurriendo en Venezuela, lo cual calificaron de “quiebre del Estado de Derecho”. No obstante, dijeron que acudirán ante él para demandar la nulidad de las modificaciones legales que impulse la Asamblea. ¿No es una pérdida de tiempo esto?
Creo que es importante acudir a la justicia y que los jueces deben fallar en derecho atendiendo a los tratados internacionales de derechos humanos, como lo ordena de manera ejemplar la Constitución.
El Gobierno también desea impedirle a las ONG obtener fondos del exterior, por considerar que esa ayuda atenta contra la soberanía nacional, aún cuando la ONU la reconoce como un derecho. ¿No revela esto que el Gobierno busca acallar cualquier voz disidente?
Las organizaciones no gubernamentales en todos los países de América Latina existen gracias al apoyo de la cooperación internacional. Su función, en todos los Estados, es promover los derechos y vigilar que las autoridades cumplan con sus obligaciones. Como ya lo han indicado la CIDH y la Relatoría, los gobiernos deben abstenerse de restringir los medios de financiación de las organizaciones de derechos humanos y, por el contrario, están obligados a permitir y facilitar su acceso a los fondos extranjeros en el marco de la cooperación internacional y en condiciones de transparencia. Estas consideraciones están basadas en el importante rol que los defensores de derechos humanos tienen en la consolidación y funcionamiento de cualquier democracia. Cualquier medida destinada a impedir que las organizaciones críticas o independientes puedan seguir funcionando, como la prohibición de recibir fondos de la cooperación internacional, conduce a silenciarlas y vulnera con ello no sólo el derecho a la libre expresión sino otros derechos como los de asociación y de participación.
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