14
días
han pasado desde el robo de nuestras instalaciones. No nos rendimos, seguimos comprometidos con informarte.
SUSCRIBITE PARA QUE PODAMOS SEGUIR INFORMANDO.

“El primer paso para mí es que los que no pagan tiene que estar registrados en la Central de Riesgos como personas no sujetas de crédito en la medida que no quieren cumplir sus obligaciones”. Antenor Rosales, Presidente del BCN. LA PRENSA/B. PICADO

“No Pago” deben pagar

Mientras el presidente del Banco Central de Nicaragua, Antenor Rosales, sostiene que el Gobierno no asumirá la deuda del grupo de morosos del Movimiento No Pago, el líder del grupo Omar Vílchez no pierde las esperanzas de que el presidente Daniel Ortega “encuentre una salida”.

Mientras el presidente del Banco Central de Nicaragua, Antenor Rosales, sostiene que el Gobierno no asumirá la deuda del grupo de morosos del Movimiento No Pago, el líder del grupo Omar Vílchez no pierde las esperanzas de que el presidente Daniel Ortega “encuentre una salida”.

Rosales dijo a LA PRENSA que además de oponerse a esta medida, la única salida para resolver el problema es que los deudores paguen lo que deben a las microefinancieras y los bancos.

“El Gobierno no tiene por qué comprar ninguna deuda. No es esa la filosofía que impregna la política económica gubernamental”, afirmó Rosales.

Agregó: “Lo que hemos sostenido y reiteramos hoy y mañana es que aquí las obligaciones deben de cumplirse, que deben de pagarse”.

Para el presidente del BCN los deudores fueron beneficiados a través de la Ley de Moratoria aprobada este año por el parlamento, que reguló el acuerdo que ya habían alcanzado de forma privada los representantes de las microfinancieras y el movimiento en dos ocasiones.

“Es que no debe, ésa es mi respuesta (comprar la deuda). Ésa es una política que hemos manifestado como Banco Central y la vamos a mantener, no va a variar”, reafirmó.

[doap_box title=”Ley inservible” box_color=”#336699″ class=”aside-box”]

  • La Ley de Moratoria, Ley 716, aprobada por mayoría en la Asamblea Nacional en febrero de este año, no sirvió porque la mayoría del grupo No Pago no se acogió a la misma.
De acuerdo con los datos de la Asociación de Microfinanzas (Asomif), sólo 363 morosos, de los 5 mil que solicitaron reestructuración de sus deudas, se comprometieron a pagar sus créditos amparados en esta ley.

Entre las ventajas que otorgó fue una tasa fija del 16 por ciento, se perdonaban los intereses de las deudas, la suspensión por cuatro meses de los embargos y juicios de propiedades, y de 4 a 5 años de plazo para pagar o cancelar los créditos.

[/doap_box]

Posición que asegura ha expresado ante Ortega, en la cual se siente respaldado.

Sin embargo, al consultársele si cabe la posibilidad de que a través de los fondos venezolanos que se manejan en Caruna se termine asumiendo la deuda, Rosales tampoco la descarta pero no la aprobaría.

“No creo que ésa sea una respuesta correcta”, sostiene, pues considera que de suceder se enviaría un pésimo mensaje de que se fomenta la cultura de no honrar los préstamos que se adquieren y significaría un problema serio para la estabilidad del sistema financiero del país.

Asegura que no respaldará ningún acuerdo que contemple una medida diferente, a que se respeten las condiciones de pagos establecidas en los contratos que firmaron los deudores con las microfinancieras cuando aceptaron los préstamos.

VÍLCHEZ CONFÍA EN ORTEGA

“Nosotros vamos a expresar la posición del Presidente de la República a este problema. Lo que sé es que tiene que haber una solución y es que haya una negociación para que no le quiten las propiedades a la gente y que puedan pagar sus deudas”.     Omar Vílchez, dirigente del No Pago.
LA PRENSA/B. PICADO
El Movimiento No Pago ha propuesto al presidente Daniel Ortega que el Gobierno compre la deuda por el orden de los 25 millones de dólares con las microfinancieras. A cambio ofrece respaldar las aspiraciones reeleccionistas de Ortega en el 2011 con 75 mil votos.

Omar Vílchez, dirigente del movimiento, no acepta como válida la posición de Rosales, porque espera conocer la respuesta del propio Ortega.

Vílchez incluso dijo que los que integran el movimiento se sienten “protegidos” porque a pesar de que 5 mil propiedades que afirma están con orden de embargos, no se van a ejecutar por la prohibición que hizo Ortega en ese sentido.

Para Vílchez el Gobierno “está obligado” a facilitar un nuevo acuerdo con las microfinancieras y los bancos que les conceda nuevas condiciones para pagar.

Lo que pretenden incluso es que la Corte Suprema de Justifica declare inconstitucional los contratos de préstamos, que hayan sido firmados contemplando tasas de interés superiores al margen ponderado que establece el Banco Central.

“¿Por qué el Estado intervino con que en los juicios por demandas se respetara el domicilio de la persona, y declaró la Corte Suprema inconstitucional esa práctica? Igual estas deudas son ilegales porque el Banco Central puso una tasa de interés y las microfinancieras pusieron otra”, planteó.

Insistió por tanto que el problema ya no es entre particulares sino “social y de propiedad”, del cual el Gobierno no puede desentenderse.

Puede interesarte

×

El contenido de LA PRENSA es el resultado de mucho esfuerzo. Te invitamos a compartirlo y así contribuís a mantener vivo el periodismo independiente en Nicaragua.

Comparte nuestro enlace:

Si aún no sos suscriptor, te invitamos a suscribirte aquí