LA PAZ/EFE
El Gobierno del presidente Evo Morales sorprendió ayer con un decreto que aumenta entre un 57 y 82 por ciento el precio de los combustibles en Bolivia que estaban congelados hace siete años, decisión que el mayor sindicato de conductores rechazó con el llamado a una huelga general indefinida desde hoy.
El vicepresidente del país, Álvaro García Linera, que ejerce la presidencia interina por el viaje de Morales a Venezuela, anunció la medida, que sindicatos y dirigentes opositores han calificado como “gasolinazo brutal” y “cirugía sin anestesia”.
El coste del litro de gasolina sube de 0.53 a 0.91 centavos de dólar (un 72%), el de la gasolina premium de 0.68 centavos a 1 dólar (un 57%) y el del diesel de 0.52 a 0.96 centavos de dólar (un 82%), según los principales datos difundidos por el vicepresidente.
García Linera defendió la decisión con el argumento de que se trata de una “nivelación de precios de los combustibles” y una medida para frenar el contrabando de carburantes que este año fueron subvencionados por el Estado con 380 millones de dólares.
El valor de los carburantes bolivianos que se comercian de forma ilegal en Perú, Brasil, Chile y Argentina es de al menos 150 millones de dólares, lo que el vicepresidente calificó como una “vena abierta en los bolivianos que alimenta a los extranjeros”. Explicó además que el barril de petróleo en el mercado interno costaba desde hace siete años 27 dólares, pese a que a nivel internacional hoy está en los 90 dólares, lo que calificó de desincentivo para las empresas que producen combustibles líquidos.
La medida sorprendió a sindicalistas, incluso a los afines de Morales, a la oposición y la población, que se volcó en largas filas hacia las gasolineras que comenzaron a cobrar de inmediato el nuevo coste de los combustibles.
El presidente Morales defendió varias veces que no necesitaba de un “gasolinazo”, ni de un “impuestazo” para aumentar los ingresos del Estado y criticó a sus antecesores que aplicaron esas medidas.
La Confederación de Choferes de Bolivia, el principal sindicato del sector en Bolivia con 175,000 afiliados, respondió a la medida con la convocatoria a una huelga general indefinida desde hoy.
El máximo dirigente de esa confederación, Franklin Durán, dijo en una rueda de prensa que su sector “no puede someterse” a las decisiones del Gobierno de Morales porque los nuevos precios van a tener un efecto multiplicador que afectará “la economía no sólo de los transportistas, sino también de la población en su conjunto”.
El dirigente del sindicatos de panaderos, Juan Carlos Apaza, calificó la medida como “cirugía sin anestesia” y anunció que subirá el coste de su producto, sin precisar cuánto.
La diputada opositora Norma Piérola criticó que Morales no estuviera en La Paz para anunciar en persona la decisión y explicar qué problemas tiene la economía para tomar la decisión del “gasolinazo”.
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