ESPECIAL PARA LA PRENSA/ CONEXIONES
El 2010 dividió a los ciudadanos nicaragüenses. O más bien, dividió a los nicaragüenses, entre quienes pueden ser ciudadanos y quienes no, por un precio de 300 córdobas.
A Halima Matus Torres, una recién egresada de la secundaria de 16 años que aspira a estudiar Medicina y que formó parte del ejército de 12 mil 600 chavalos que realizaron su examen de admisión para ingresar a la UNAN, le tocó ese dilema.
En la universidad le informaron que además de las fotografías tamaño carné y del pago de arancel correspondiente para prematricularse, un requisito específico era presentar su cédula de identidad con una fotocopia de la misma, como documento de identificación.
La primera opción era tramitar su cédula por la vía ordinaria, ante la delegación del Consejo Supremo Electoral (CSE), sin costo alguno. Pero la promesa de los funcionarios en la institución del Estado, de que su documento no estaría listo sino hasta casi cuatro meses después, acabaría con su esperanza de estudiar la carrera de sus sueños. El cierre de prematrículas ya habría transcurrido y Halima sólo conocería qué se siente estudiar en una universidad tal vez a través de la experiencia de sus amigas.
Entonces ella valoró junto con sus padres la otra opción. Y así pagó el cuestionado arancel de 300 córdobas para gestionar su cédula —la primera en su vida— para obtenerla en tan sólo 24 horas. “Tuve que pagar los 300 córdobas”, relata Halima, con un tono intranquilo, como si hubiera hecho algo malo, consciente de que no todos esos bachilleres, que como ella buscan una oportunidad de recibir una educación superior, pudieron hacer lo mismo.
“Creo que está mal pagar por algo que supuestamente es gratis y que además es un derecho, pero ahorita yo estaría sin cupo. Alguna gente se quedó sin cupo”, lamenta. Halima ahora es ciudadana. ¿Y los demás?
PÉSIMA COBERTURAY COBRO INJUSTIFICADO
Un reporte reciente elaborado por la Plataforma Nacional de Jóvenes (PNJ), una organización de carácter autónomo que articula y fomenta la participación de los jóvenes en 13 departamentos del país y la ciudad de Bluefields (Región Autónoma del Atlántico Sur, RAAS), ofrece un panorama sobre lo mal que la están pasando los chavalos que desean obtener su documento de identidad ciudadana.
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- En las elecciones municipales del 2004, tres de cada diez ciudadanos no ejercieron su derecho al voto por no contar con su cédula de identidad; y desde el 2009, esto pudo empeorar a cuatro de cada diez ciudadanos que tampoco podrán votar por lo mismo, según el estudio levantado por la Plataforma Nacional de Jóvenes.
El artículo 53 de la Ley de Identificación Ciudadana, Ley 152, establece que “la tramitación del proceso de cedulación es gratuito”. En tanto, el artículo 36 indica que “para la reposición o modificación (de la cédula), previamente deberá pagarse el arancel establecido por el Consejo Supremo Electoral”, que hasta ahora se ha estipulado en 50 córdobas. El cobro de 300 córdobas para obtener una cédula en un tiempo menor no está establecido en ninguna ley ni reglamento.
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El primer gran obstáculo es la limitada capacidad de cobertura de parte del CSE. Los informes confirman, por ejemplo, que en León, Carazo y Matagalpa, no están funcionando los Consejos Electorales Municipales (CEM) por supuesta insuficiencia de recursos económicos y eso implicará que haya una importante cantidad de personas marginadas a las puertas de un año de elecciones presidenciales, pese a que como ha ocurrido en los últimos años, el CSE es una de las instituciones cuyas partidas presupuestarias se han incrementado notablemente para optimizar sus operaciones.
Para este 2010, la Asamblea Nacional le aprobó al CSE 30 millones de córdobas sólo para tareas de cedulación, a la vez que las autoridades de la institución electoral implementaron un injustificado cobro de 300 córdobas para la tramitación de nuevas cédulas de identidad.
Para 2011, el CSE cuenta con una partida total de 1,294 millones de córdobas, casi cuatro veces lo asignado en 2010, una suma que algunos sectores políticos califican como montos privilegiados en comparación con otras entidades del Estado.
LA ODISEA QUE SUFREN EN LA COSTA CARIBE
Según el estudio elaborado por la PNJ, en el caso de Bluefields “la situación se agrava”, porque aún no se han mejorado las condiciones para las personas que para poder gestionar su cédula deben transportarse en pangas desde las comunidades y comarcas alejadas de la cabecera regional. Esa situación empeora aún más para los jóvenes, ya que “la mayoría están bajo tutela de sus padres y madres y dependen de ellos económicamente”.
“Como no existen los Consejos Municipales Electorales, los jóvenes de las comunidades rurales y de zonas mucho más alejadas de la parte urbana, son quienes tienen más dificultad para la gestión de la cédula”, sostiene Darling Munguía, coordinadora nacional de la Plataforma Nacional de Jóvenes.
“En Matagalpa, estamos tratando, junto con la Coordinadora Civil, de que cada semana 30 jóvenes de diferentes municipios vengan al Consejo Departamental Electoral a tramitar su cédula, pero se nos ha hecho difícil”, asegura Munguía.
Una de las razones por las que el proyecto se les dificulta es por el costo del transporte. Hay viajes que implican hasta tres días: uno de ida, otro de gestión, y otro de regreso. “Eso es un costo alto, porque tenés que buscar dónde quedarte, si no tenés familia o buscar a una familia que te dé hospedaje de manera gratis y si te piden testigos, también tenés que cubrir sus gastos”, indica Munguía.
“La situación se vuelve más crítica porque vemos que cada año hay menos personas ceduladas”, añade, citando informes del Instituto para la Democracia y el Desarrollo (Ipade) y del Instituto Nacional Demócrata (NDI, por sus siglas en inglés), que señalan que para el 2004, el 30 por ciento de los nicaragüenses que solicitó cédula no la obtuvo. Cuatro años después, en ocasión de las siguientes elecciones municipales fue el 40 por ciento de los nicaragüenses en edad de votar el que no logró obtenerla.
ALTO ÍNDICE DE JÓVENESSIN CÉDULA EN MANAGUA
Alexander Miranda, coordinador departamental en Managua de la Plataforma Nacional de Jóvenes (PNJ), brinda otro dato: En la capital, casi el 60 por ciento de los chavalos y chavalas que tienen entre 16 y 18 años no tienen cédula.
Miranda conoce de cerca la situación de cientos de jóvenes de los distritos, ya sea porque asisten a universidades, escuelas o la Pastoral Juvenil Arquidiocesana, con las cuales tiene contacto. “Chavalos que salen de la secundaria acceden a becas al exterior, que el mismo Gobierno u otros programas están dando para estudiar carreras superiores, pero se detiene el proceso porque no tienen su cédula”, afirma.
El joven comenta que su hermana menor, de 17 años, recién concluyó una carrera técnica en el Instituto Manuel Olivares, en Managua, y ahora aspira a obtener un empleo. A finales de octubre de este año su hermana fue a la delegación del CSE a solicitar su cédula, “pero se la entregan hasta el 20 de febrero de 2011, es decir, que la espera es de cinco meses”, reclama.
“¿Por qué si pagás 300 pesos tenés tu cédula de identidad al día siguiente? ¿Y por qué un joven nicaragüense, que por primera vez la solicita tiene que esperar cinco meses? Los bancos no te están esperando. Un empleo no te está esperando cinco meses, porque es requisito fundamental tu cédula”, enfatiza.
DISCRIMINACIÓN INSTITUCIONALIZADA
Miranda asegura que entre las preguntas que hacen los funcionarios de las delegaciones del CSE a quienes solicitan una cédula hay una nueva, violatoria de todo derecho constitucional: “¿Usted trae carta del coordinador del Consejo del Poder Ciudadano?”
“¿Dejás de ser ciudadano si no llevás la carta del ‘súper coordinador’ de los CPC? Solo quienes tienen esa carta o esa cercanía con los CPC tienen su cédula en 15 ó 20 días”, critica.
“Gabriela”, una joven de 24 años, representa la otra cara de la moneda. En su cuadra y en su barrio todos la reconocen a ella y a su familia como abierta simpatizante sandinista y aunque no tiene reparo en admitirlo, para este reportaje prefirió no ser identificada con su verdadero nombre.
Hace un año, unos asaltantes le arrebataron su bolso con su cédula dentro. Y llegó el momento de reponerla, porque no podía realizar depósitos ni pagos en el banco para la empresa en la que intentaba formalizarse como trabajadora.
CÉDULA DE IDENTIDAD A LA PUERTA DE LA CASA
“Gabriela” no la pensó dos veces. Acudió al representante del Gabinete del Poder Ciudadano (GPC) y le pidió su ayuda. El hombre le dijo que no se preocupara. Le orientó que cancelara el arancel de reposición y que se lo llevara. Así lo hizo. “Ellos mismos fueron a hacer el trámite y me la vinieron a dejar a la casa. Estuvo lista en menos de un mes”, asegura la muchacha sandinista. Por supuesto, no tuvo que pagar los 300 córdobas.
Ella asegura que en el Barrio Edgard Munguía, donde vive con su madre y su hijo, la encargada de la Juventud Sandinista ya anunció que están levantando una lista con los nombres de todos los jóvenes que quieren tramitar su cédula por primera vez, sin costo alguno.
“La responsable de la Juventud andaba viendo a los jóvenes para incentivarlos a votar, sacándoles la cédula gratis. No dijeron si era para los sandinistas o no, sólo que se levantara la lista. Todos en el barrio están en espera”, comparte.
Para las próximas elecciones nacionales, convocadas para noviembre del 2011, el presidente del CSE, el magistrado Roberto Rivas Reyes —a quien se le venció su período en ese cargo en julio pasado— sostiene que Nicaragua goza de un legítimo y transparente sistema electoral, y asegura que todos los nicaragüenses podrán confiar en el conteo electoral que dicha entidad hará.
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