La Policía Nacional desalojó ayer a unas 150 personas que se habían asentado de forma ilegal en una propiedad ubicada en la comarca de Veracruz, perteneciente al municipio de Nindirí, Masaya.
El desalojo se dio en el lugar conocido como Valle Ghotel, cercano al residencial Casa Blanca y Veracruz.
Los pobladores afectados mostraron su descontento ante el desalojo realizado por los agentes del orden y argumentaron que la propiedad, de unas 50 manzanas de extensión, les fue prometida para que ahí habitaran.
César Ortiz, quien se identificó como representante de los pobladores desalojados, manifestó que más de 400 familias están disputando esta propiedad, donde pretenden asentarse y construir sus viviendas.
Ortiz no explicó con exactitud si estas familias tienen títulos que los acrediten como dueños de la propiedad y más bien señaló que las 50 manzanas pertenecen al Estado de Nicaragua.
“La Policía llegó hoy (ayer) en horas de la madrugada a desalojar a estas personas, algunas que habitaban la zona desde hace ocho meses y que en su mayoría son mujeres y niños”, dijo.
- Parte de los pobladores afectados por el desalojo señalaron que miembros de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) fueron quienes les indicaron que podían asentarse en la propiedad de 50 manzanas de extensión.
Añadió que el secretario político de los CPC de la zona, Juan Acuña, fue quien prometió que los terrenos serían destinados para que ellos construyeran sus viviendas.
“Nos parece que no debieron prometer cosas que no pueden cumplir. Nos dijeron que nos iban a dar un solar y que aquí podríamos estar y construir nuestras casas , pero nos engañaron”, añadió.
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“Obligaron a las familias a desbaratar sus humildes casas y a salir de la zona a pesar de que no tienen dónde vivir”, argumentó.
Ortiz explicó que en total serían unas 800 familias las que se pretenden asentar en la zona.
Explicó que las familias están solicitando públicamente al Gobierno y mediante un recurso interpuesto en la Procuraduría General de la República (PGR), se realice una lotificación de estos terrenos y que asigne a cada familia una porción de tierra para que pueda construir una casa digna.
“Los pobladores no se quieren robar nada, más bien piden a las autoridades se les entregue un terreno para poder construir una casa digna”, mencionó.
EXISTE PROPIETARIO
El comisionado Domingo Navas Fúnez explicó que la operación no fue precisamente un desalojo y que la medida se considera una intervención administrativa policial, en respuesta a una petición del dueño de la propiedad que se consideró afectado.
El jefe policial señaló que existe un propietario de estos terrenos.
“Con fundamentos en las leyes del país nos presentamos al lugar a realizar inspecciones y se pudo constatar que la gente que estaba asentada no tenía ningún documento legal que los acredite como propietarios y por eso se solicitó abandonaran el lugar”, indicó.
Afirmó que la dueña de la propiedad es Alba María Marlene Meany, quien reside en Guatemala y tiene como representante y apoderado en Nicaragua a Róger Valerio, quien presentó el recurso ante la Policía Nacional, donde se declaró afectado.
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