Si cualquier crítica al presidente Evo Morales puede ser calificada de racismo, periodistas y medios de comunicación han de tener sumo cuidado con las palabras que digan o publiquen, porque se exponen a multas y cierres de hasta un año, tiempo suficiente para destruir a una empresa periodística.
Bolivia comenzó el 2011 bajo un velo de oscurantismo, un plan político para impedir la difusión de conocimientos entre la población y garantizar al régimen de Morales el silencio que necesita una dictadura para consolidarse.
Por eso, cuando la Ley contra el Racismo fue aprobada en octubre pasado, El Diario, un periódico boliviano, salió a la calle con su página principal en blanco, en protesta porque le violaron su libertad.
El decreto, firmado por Morales en los primeros días de este año tendrá consecuencias impredecibles en ese país porque el periodismo independiente quedó sin posibilidad de defensa. Si el acto de “racismo” lo cometen un empleado o el propietario de un medio de comunicación, éstos jamás podrán alegar inmunidad ni ningún fuero.
La gran pregunta es: ¿Quién decidirá cuándo una expresión o declaración es racista? Si Morales, a quien sus críticos tildan de acomplejado, piensa cualquier día que una opinión o información tiene trasfondo racista, ordena enjuiciar y castigar al autor o al medio; y quien proteste correría la misma suerte, ser acusado de racista por defender al racismo.
La historia guarda antecedentes tristes con lecciones valiosas, sobre la libertad de expresión. Por ejemplo, la Ley de Sedición de 1798, en Estados Unidos, cuando los federalistas quisieron silenciar a la prensa republicana, que duró menos de tres años.
La Ley de Sedición tipificaba como delito, sancionable con multas y cárcel, “todo escrito falso, escandaloso y malicioso contra el gobierno”. Anthony Lewis, quien fue reportero de The New York Times, relata en su obra Ninguna Ley que en esa época “si el director de un periódico escribía que la política del gobierno llevaría al desastre, estaba obligado a demostrar que esa predicción era cierta, algo que, desde luego, no podía hacer. La malicia también se presumía, y la intención de difamar se infería de la publicación de palabras que tenían ‘mala tendencia’”.
“Como táctica política, la Ley de Sedición fue un desastre. Despertó la ira popular”, añade Lewis. En las elecciones siguientes los federalistas perdieron la Presidencia y el Congreso y luego desaparecieron como partido. Pero, esa ley hizo que gran cantidad de ciudadanos “apreciaran la importancia de la libertad de expresión y la libertad de prensa en una democracia”.
Hubo más apego desde entonces a la Primera Enmienda: “El Congreso (de EE.UU.) no hará ninguna ley con respecto del establecimiento de la religión o la prohibición de su libre ejercicio; ni que limite la libertad de expresión o de la prensa ”
Periodistas bolivianos han advertido que la Ley contra el Racismo, además de provocar desinformación, dividirá y confrontará a la población creando un ambiente de desconfianza en que las actitudes racistas pueden aumentar.
Si Evo Morales quiere, de verdad, terminar con el racismo, que lo haga por la vía más adecuada: la educación. Con represión y mordaza, sólo conseguirá más conflictos.
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