NICARAGUA/COSTA RICA
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- El catedrático en derecho internacional y ambiental de la Universidad de Costa Rica, Nicolás Boeglin, observa incongruencias que serán bien aprovechadas por el equipo jurídico nicaragüense en las audiencias de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
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Adrián Meza Soza, secretario ejecutivo de la Red Universitaria de Derecho Ambiental (RUDA), capítulo Nicaragua, explicó que “cuando un país tiene una posición si un daño ambiental ocurre en su propio territorio, pero otra cuando se trata de otro país, se cae en doble estándar, en esto cayó Costa Rica al acusar a Nicaragua”.
El caso es que Costa Rica acusa a Nicaragua por provocar daños ambientales en la desembocadura del río San Juan, es decir, en Harbour Head. Sin embargo, el mismo Gobierno costarricense atentó contra la ecología de este cuerpo de agua cuando autorizó y defendió ante los tribunales de su país el proyecto de minería a cielo abierto Las Crucitas.
“Este Gobierno (de Costa Rica) puso en grave riesgo al río San Juan, ahora resulta que Costa Rica viene preocupadísima por el río San Juan”, comentó Meza, durante un coloquio (sobre la demanda tica contra Nicaragua por el dragado en el río San Juan) que se dio este miércoles entre universidades, sociedad civil y Gobierno nicaragüense, en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua).
Salvador Montenegro, director del Centro para la Investigación de los Recursos Acuáticos (CIRA), recordó que Harbour Head está ubicado en la zona más baja de la cuenca del río San Juan, mientras Costa Rica está en una parte más alta. “Es imposible que la limpieza del río les provoque algún daño porque el agua no corre hacia arriba”, aseguró.
El estudioso Jaime Incer recordó que Costa Rica nunca ha sido dueña de Harbour Head porque su territorio jamás llegó hasta esa zona, a pesar de haberse apropiado de Guanacaste y Nicoya.
Sobre esto, el viceministro del Ambiente, Roberto Araquistan, dijo que “antes el pretexto de Costa Rica (para invadir Nicaragua) eran los filibusteros (liderados por William Walker) ahora es el medio ambiente”.
Las sociedad civil ambiental y el Consejo Nacional de Universidades (CNU) emitieron un comunicado en defensa al territorio nicaragüense.
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Luego de que Nicaragua mostró fortaleza en sus argumentos jurídicos en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, Costa Rica mostró su fuerza armada al anunciar el envío de miles de policías a la frontera entre ambos países.
La defensa nicaragüense desmontó los argumentos de Costa Rica, que se resumen en solicitar como medidas cautelares al juicio contra Nicaragua, la suspensión de la limpieza del río San Juan y el retiro de tropas del humedal Harbour Head, que el Gobierno costarricense ahora reclama como suyo.
La eficaz exposición de Nicaragua molestó a Costa Rica, cuya presidenta, Laura Chinchilla, aseguró que no acatará la resolución de la CIJ si le es desfavorable, y, por el contrario, llevaría el caso al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se traduce en solicitar una invasión multinacional contra Nicaragua.
Entrevistada por Radio Francia Internacional (RFI), a Chinchilla le preguntaron si acudiría a la ONU en caso de que los miembros del jurado de La Haya no la satisficieran, su respuesta fue: “Sin lugar a dudas”.
MINISTRO TICO CON SANGRE NICA ALISTA TROPAS
Pero Costa Rica no quiere perder tiempo. El ministro de Seguridad costarricense, José María Tijerino (hijo de padre chinandegano), confirmó que en El Murciélago, antigua finca del dictador nicaragüense Anastasio Somoza, no solo se entrenan policías, sino que se activó un sistema de defensa con ametralladoras, trincheras, helipuerto, sistemas antiaéreos y marítimos.
Chinchilla anunció la creación definitiva de este cuerpo policial y adelantó que para marzo el primer contingente debidamente entrenado estará listo para patrullar las fronteras, principalmente la de Nicaragua.
“La primera unidad va a presentarse más o menos en el mes de marzo, es decir, una unidad ya debidamente entrenada y con un equipamiento mínimo que les permita moverse en las zonas fronterizas del país, a partir de allí queremos seguir avanzando en la constitución de esta policía, el documento se está preparando, se está documentando todo el costo de esta policía de fronteras”, declaró en Casa Presidencial.
Mientras tanto, en La Haya, Holanda, Paul Reichler, uno de los abogados que defiende a Nicaragua ante la acusación por supuesta invasión a Costa Rica, aseguraba al jurado de la CIJ que no hay razones para que el Gobierno costarricense acuse a Nicaragua y pida medidas cautelares mientras dura el juicio.
“Como muestra la evidencia, Costa Rica simplemente no tiene un caso en lo que se refiere a la probabilidad de daño y mucho menos un daño irreparable hasta el río Colorado, o de los humedales y otras características de aguas abajo que dependen de su suministro de agua”, aseguró Reichler en la Corte.
Sobre el único elemento de prueba de supuestos daños ambientales de Nicaragua en Costa Rica, del informe del asesoramiento 69 de la Convención Internacional de Humedales Ramsar, el defensor expresó que “no es nada más que una aceptación acrítica de las posiciones propias de Costa Rica y una negativa a considerar cualquier cosa desde Nicaragua… es como si la Corte haya cerrado las audiencias a la 1:00 de hoy, después de que Costa Rica habló, sin permitir a Nicaragua hablar, y luego se fuese a resolver el caso”.
Consciente de esas debilidades, Costa Rica reforzó la presencia policial en la frontera con Nicaragua, construye caminos y helipuertos para el desplazamiento de sus militares; además de construir compuertas que restringirán la navegación en los ríos Colorado, Sarapiquí y San Carlos.
CHINCHILLA PEDIRÁ MÁS RECURSOS PARA POLICÍAS
Chinchilla indicó que pedirá a los diputados de su país aprueben más recursos para la policía fronteriza, la cual fue disuelta nuevamente en el gobierno anterior de Óscar Arias.
“Vamos a insistir en la necesidad no solamente de que nos den los recursos los diputados provenientes de las sociedades anónimas, el proyecto de (impuesto a las) sociedades anónimas, sino que es muy probable que el proyecto de la reforma fiscal lleve también una justificación de un impuesto a la defensa nacional”, dijo Chinchilla.
El canciller tico, René Castro, se mostró inconforme con la posibilidad de que Nicaragua indemnice a Costa Rica si necesitara su territorio para limpiar el río San Juan. Pero el Laudo Cleveland ratifica el Tratado Jerez-Cañas al decir que Costa Rica puede reclamar indemnización por territorio suyo que “pueda ocuparse sin su consentimiento… a consecuencia de obras de mejora”. Costa Rica hizo ayer su última intervención para las medidas cautelares. Nicaragua se defenderá hoy.
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