Por discriminación y desobediencia de autoridad más de 37 trabajadores despedidos el año pasado en la Alcaldía de Ciudad Darío introducirán en la próxima semana una denuncia ante el Ministerio Público contra el alcalde de esa localidad, Ángel Rafael Cardoza.
La oficina de Asuntos Laborales de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), brindará acompañamiento a los reclamantes por considerar que se le violentaron sus derechos laborales, constitucionales y humanos.
Los despedidos reclaman el cumplimiento de una sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción de Matagalpa, a su favor. La sentencia fue emitida desde mayo del recién pasado año y desde esa fecha el alcalde está en desacato, pues tenía tres días para darle cumplimiento.
La sentencia manda a pagar los salarios dejados de percibir y el reintegro de los trabajadores. Pero el alcalde Cardoza solo ofrece el reintegro, pero no el pago de salarios dejados de percibir que suman un poco más de un millón de córdobas, que incluye multa por el aguinaldo no pagado en diciembre recién pasado.
El abogado Álvaro Leiva Sánchez, quien colabora en esa oficina de la CPDH, indicó que la mayoría de los afectados fueron despedidos por discriminación y represalia, por no pertenecer éstos a los movimientos del partido de gobierno.
TAMBIÉN ACOMPAÑA A JUDICIAL DESTITUIDA
Esa oficina también asiste jurídicamente a la Juez Décimo de Distrito de lo Penal de Juicio, Ana Justina Molina, destituida en la presente semana por magistrados orteguistas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quien posteriormente introdujo una apelación ante la Secretaría de ese Poder de Justicia.
Leiva Sánchez expresó que velarán porque a Molina se le garantice el debido proceso y sus garantías constitucionales, así como los derechos laborales y humanos de la ex judicial.
Leiva Sánchez indicó que han observado en la sentencia de destitución “algunas inconsistencias jurídicas”, lo que alegarán ante la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia.
El abogado Leiva Sánchez demandó que cada uno de los magistrados del Poder Judicial haga un análisis jurídico exhaustivo del caso, a fin de que sea un proceso justo y apegado a derecho. A la fecha, esa oficina espera que las autoridades provean en el caso para presentar los agravios y fundamentos legales del mismo.
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