Por Octavio Enríquez y Gisssela Canales Ewest
El balance general de la Dirección General de Ingresos (DGI), publicado por LA PRENSA este lunes, es “una confesión de delitos” de acuerdo con la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez de Escorcia.
La noticia del endeudamiento de la DGI al 31 de diciembre de 2009, que suma más de 107 millones de córdobas, provocó este lunes la reacción de miembros de la empresa privada.
El director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Nicaragua (Caconic), Eduardo Fonseca, expresó que “las obligaciones tributarias tanto del sector público como del sector privado deben ser parejas”. Fonseca se refería a los incumplimientos de la DGI.
Entre éstos está el pago del aporte patronal al INSS, las prestaciones de sus trabajadores, aportes al Instituto Nacional Tecnológico, que concentran más de 48 millones de la deuda. Una situación irregular que, de probarse, raya en una conducta delictiva, según Núñez.
Para ella, el reporte de la DGI es una “muestra más de cómo el Estado se ha convertido en el mayor violador de los derechos laborales de los trabajadores”.
EL “COMPAÑERO PORRAS”
La DGI es dirigida por Walter Porras, uno de los funcionarios más cercanos a la pareja presidencial y quien fue señalado públicamente la semana pasada de emplear los recursos del Estado con el fin de promover la imagen del mandatario Daniel Ortega.
El informe que salió a luz y del cual tiene copia LA PRENSA, tiene más de veinte páginas y fue presentado el 16 de marzo de 2010 por el Contador General de la DGI, Arturo Avendaño López, al director administrativo financiero, Marco Antonio Amaya.
En ese papel se plantea además a cuánto asciende el patrimonio de la institución, casi 80 millones de córdobas, lo que tiene en bancos, en caja chica y todo los datos necesarios que ayudan a describir a profundidad la actual situación financiero de una institución que Porras dijo que había recibido, desde 2007, con una deuda heredada que suma 67 millones de córdobas.
SINDICATOS LO DEFIENDEN
Pese a que prometió que “por Dios” recibiría a un equipo de LA PRENSA, el director de Ingresos estuvo ilocalizable este lunes y su celular únicamente repicó durante varias ocasiones, pero no respondió.
El buzón de mensajes lo tenía copado al cierre de la edición y la única versión del oficialismo ante la denuncia fue un pronunciamiento firmado por sindicatos de la Dirección General de Ingresos (DGI), la Unión Nacional de Empleados (UNE) y el Frente Nacional de los Trabajadores (FNT) que no desmienten ni una línea de la situación financiera planteada, sino que únicamente califican la publicación de una “calumnia” y hacen un llamado a la defensa del gobierno sandinista.
“Los sectores de derecha y oligárquicos, al no tener nada que ofertar al pueblo nicaragüense y ante los contundentes resultados positivos de los programas sociales de nuestro gobierno, recurren a la calumnia para generar estados de opinión negativos de la administración gubernamental sandinista, con la falsa ilusión de que los favorezca en la contienda electoral que se avecina”, se lee en el pronunciamiento.
Más adelante, después de enumerar los logros de la DGI, se describieron no como “sindicatos blancos”, como se llama a quienes sirven a la patronal, sino “sindicatos rojinegros sandinistas comprometidos con un proyecto político que se llama revolución popular sandinista”.
MÁS IRREGULARIDADES
El informe también reveló, según Núñez, otras irregulares como el caso de los embargos a los trabajadores por deudas que no fueron colocadas en ninguna cuenta bancaria como dispone un judicial, de acuerdo con las leyes. Aparecen en el documento como “retenciones por pagar” cuatro millones 720 mil córdobas, cuyo destino se desconoce, igual que el monto total.
DELITOS TIPIFICADOS EN EL CÓDIGO PENAL
“Hay por lo menos violaciones al Código del Trabajo, aunque también delitos vinculados con los derechos laborales. Estas remuneraciones por pagar, el aporte patronal al INSS, allí está cometiendo el delito de fraude a la Seguridad Social. Ese delito está tipificado en el artículo 313 del Código Penal. Dice el inciso a) que habiendo deducido la cuota laboral de Seguridad Social no la entera a la institución correspondiente, se le impondrá una pena de cuatro a ocho años de prisión”, dijo Núñez, quien también se impactó con el caso del embargo alimenticio que tampoco ha pagado y que juega con el hambre de una criatura.
De acuerdo con el artículo 309 del Código Penal, Porras podría ser inhabilitado de su cargo durante un período de seis a diez años.
“(En el caso de) la retención del IR (Impuesto sobre la Renta) está tipificado como delito en el artículo 305 del Código Penal, el retenedor de impuestos será penado de uno a tres años de prisión más multa. Hay una modalidad. La ocultación fraudulenta se debe suponer, porque no hay explicación del porqué no los ha depositado contraviniendo la naturaleza de la misma institución que es la recolección de impuestos”, explicó Núñez al hacer un análisis legal sobre este caso periodístico.
El presidente de facto de la Contraloría General de la República, Guillermo Argüello Poessy, dijo este lunes que no tenía información sobre este tema más que la carta del titular de la DGI, Walter Porras, en la que les informó de una deuda heredada de 67 millones de córdobas. Actualmente la CGR hace una auditoría del presupuesto de 2009. Faltaría, de acuerdo con el funcionario, una auditoría especial sobre el tema.
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