Josué Bravo
CORRESPONSAL / COSTA RICA
La doble moral del gobierno costarricense sobre el medio ambiente quedó una vez más al descubierto, luego que se conociera que la mandataria Laura Chinchilla, sigue avalando Crucitas al respaldar la apelación de la Procuraduría sobre un fallo adverso al proyecto minero.
La oposición ve una doble moral en Chinchilla, que por un lado vocifera contra Nicaragua por un supuesto daño ambiental generado en su país por la limpieza del río San Juan, mientras que por otro avala la minería que igual podría contaminar las aguas del cauce nicaragüense.
La Procuradora General, Ana Lorena Brenes, dijo a periodistas que la decisión de la Procuraduría General de la República (PGR) de pedir una anulación a la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, que anuló los permisos ambientales a la minería y condenó al Estado y a Industrias Infinito; fue coordinada con la Presidencia y el Ministerio de Ambiente.
Chinchilla justificó su respaldo al recurso de casación planteado por la procuraduría ante la Sala Primera de la Corte Suprema, alegando que está evitando una eventual indemnización millonaria y defiende al Estado porque existen en la sentencia funcionarios cuestionados.
Pero sus contradicciones salen a flote, dado que en diciembre después de conocer el fallo del Tribunal adverso a Crucitas, literalmente se “lavó las manos” por su inacción a favor del ambiente. En ese momento dejó entrever la posibilidad, aunque sin decirlo textualmente, de eliminar de una vez un decreto ejecutivo que avala a la empresa minera, el cual fue anulado por la sentencia.
“Nosotros hemos manejado esto con mucha seriedad, ¿qué quiere decir esto? Que cuando tuvimos algunas sugerencias de que actuáramos de manera unilateral, nosotros no podíamos necesariamente exponernos a un manejo unilateral del tema precisamente previendo futuras demandas al Estado costarricense”, declaró en diciembre Chinchilla.
“(Ahora) es una cosa muy distinta, el Ejecutivo hubiese decidido de manera unilateral (eliminar el decreto) sobre la base de un criterio político, a que ahora tengamos sentencia judicial que falló sobre el caso”, añadió.
El diputado del opositor Partido Acción Ciudadana (PAC), Manrique Oviedo, señala que “el Gobierno de doña Laura lo que hizo con la mano, lo borró con el codo”, al referirse al apoyo de la mandataria al proyecto cuestionado por ecologistas.
Aunque Oviedo respalda las gestiones de su país contra Nicaragua, sostiene que la Procuraduría “se pone del lado del cianuro y la depredación ambiental”.
“Ese Tribunal derogó un ilegal decreto ejecutivo que declaraba de interés público la explotación minera a cielo abierto en Crucitas y, asimismo, derogó la concesión minera a Infinito Gold”, recordó el legislador.
La minería ha sido avalada por los hermanos Oscar (ex presidente) y Rodrigo (ex ministro de la presidencia) Arias, quienes impulsaron fuertemente la candidatura de Chinchilla a la presidencia y aunque hoy están distanciados, buscan una reconciliación.
“La pregunta que todos nos hacemos es: ¿cuál es la función de la Procuraduría?, ¿defender los intereses de nuestro Estado o defender los intereses de una empresa transnacional? ¿Hasta dónde van a seguir los abogados del Estado amarrados a los intereses de esta transnacional?”, cuestionó Oviedo.
